Los premios anuales al mejor edificio de Barcelona (1899.1930): ¿Garantía de conservación?

de

Por Maria Ojuel*

El año 1899, el Ayuntamiento de Barcelona instauró un premio para el mejor edificio público o privado construido en la ciudad en el año precedente. A partir del 1902 se otorgó también a los mejores locales comerciales. Este premio –conocido en la época como “Concurso anual de edificios y establecimientos urbanos”- tuvo lugar, con algunas interrupciones, hasta el año 1930. En total, alrededor de sesenta edificios y locales fueron premiados, buena parte de ellos coincidiendo con el período álgido del Modernismo, época en que la distinción gozará de gran prestigio, y otros tantos obtuvieron premios menores.

Los edificios premiados

Desde el primer edificio premiado, la Casa Calvet, hasta la Fábrica Myrurgia, uno de los últimos, el concurso municipal evoluciona al tiempo que la arquitectura de la ciudad. La iniciativa fomentó, sin duda, la construcción arquitectónica y el diseño entre el cambio de era y el primer tercio del siglo XX, de la misma manera que las coetáneas Exposiciones de Bellas Artes e Industrias Artísticas, también promovidas por el Ayuntamiento, lo hicieron con relación a las artes plásticas.

Fruto de un trabajo de investigación en los archivos municipales, se pudo revisar el catálogo de los inmuebles y locales premiados, que resulta de utilidad para estudiar la evolución de la arquitectura barcelonesa durante los treinta años en que se convocó el concurso. A su vez, nos permite interpretar la trayectoria del concurso a la luz de las grandes líneas del debate arquitectónico de la época y, en especial, conocer los criterios “oficiales” sobre estética de fachadas y sobre aspectos estilísticos, tipológicos, estructurales y decorativos, ya que la documentación no solo nos aporta información sobre los edificios premiados, sino también sobre los que fueron descartados.

Los arquitectos más premiados fueron Lluís Domènech i Montaner y Enric Sagnier, seguidos de Joan Rubió i Bellver. En cambio, Antoni Gaudí, premiado en la primera edición, no recibió más galardones. Así pues, el jurado, compuesto por arquitectos, se movió entre la preferencia por un modernismo “moderado” y el eclecticismo propio de la época. A diferencia de concursos coetáneos en otras ciudades europeas, centrados solo en las fachadas de viviendas, la variedad de tipologías premiadas en el de Barcelona nos permite concluir que fueron galardonados aquellos edificios mejor adaptados a la función que habían de cumplir y no únicamente por su solución externa.

Las placas conmemorativas del premio son aún visibles en la fachada o el interior de los edificios premiados como, por ejemplo, el Palau de la Música, la Fábrica Casaramona o la Torre de las Aguas del Tibidabo, si bien tres de los inmuebles de la lista no han sobrevivido.

Placa el premio, diseñada por Andreu Aleu y Bonaventura Bassegoda (foto de la autora).

Los locales comerciales premiados

En el caso de los comercios, se premiaron locales de ocio y restauración (bares, cines, hoteles…), pero también de venta, despacho, laboratorio, taller o almacén de productos (joyerías, farmacias, tiendas de objetos artísticos, sanitarios o de alimentación, etc.). En esta modalidad, el jurado tuvo en cuenta la fachada, el aparador y el interiorismo, que incluye la distribución de los espacios interiores, el mobiliario y la decoración. En el catálogo de premios, encontramos una lista exhaustiva de los locales modernistas más emblemáticos, especialmente de la segunda y tercera décadas del siglo XX; una decoración original e innovadora formaba parte de la estrategia e imagen comercial. Sin embargo, el premio no fue garantía de su conservación: los cambios de negocio y de moda pasaron por delante de los criterios conservacionistas. De la veintena larga de locales premiados, solo subsiste la Fonda España y otros dos establecimientos, parcialmente transformados.

En definitiva, estudiar la trayectoria del concurso nos permite conocer no solo la evolución de la arquitectura barcelonesa sino también cómo los arquitectos “piensan” la ciudad, en una época en que ésta experimenta un gran crecimiento. Después de un largo paréntesis, la creación, en el año 1958, de los premios FAD, supondrá en cierta manera la continuación del espíritu de aquel concurso hasta hoy, si bien la conservación de las tiendas históricas continúa siendo una asignatura pendiente de Barcelona, con la consiguiente pérdida de personalidad y de testimonios patrimoniales relevantes de la historia urbana.

Para mayor información:

OJUEL, Maria. El concurs municipal d’arquitectura i decoració de Barceclona (1899-1930). Matèria. Revista d’Art: Iconografies, 6-7, 2006-2007, p. 257-284. Disponible en:

http://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/124167/172124

LÓPEZ, Fàtima y OJUEL, Maria. Les farmàcies de Barcelona premiades (1902-1930), L’Avenç, 347, junio de 2009, p. 50-55.

*Maria Ojuel Solsona es catedrática de Geografía e Historia en la enseñanza secundaria y colaboradora del GRACMON (Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis) de la Universitat de Barcelona.

¿PROVEER VIVIENDA O CONSTRUIR CIUDAD? LA NECESARIA REHABILITACIÓN DE LOS CRECIMIENTOS RESIDENCIALES RECIENTES EN ESPAÑA

de

Melisa Pesoa y Joaquín Sabaté

Entre 1980 y 2010, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, se ejecutan numerosos proyectos residenciales en ciudades intermedias españolas, dando lugar, en muchos casos, a los “ensanches” de nuestro siglo. Su análisis y su comparación con los más conocidos ensanches del siglo XIX, pone de manifiesto la necesidad de corregir numerosos aspectos para garantizar su eficiencia, funcionalidad y urbanidad.

Los ensanches decimonónicos combinaron ordenación pública, unitaria y homogénea, con un desarrollo privado diversificado, sujeto a unas pautas claras. La mayoría de los trazados, con forma ortogonal, como en tantas fundaciones latinoamericanas, han demostrado una notable capacidad de adaptación y de transformación.

Cien años después ya no se trata de hacer una ciudad nueva o de afrontar un proyecto unitario y de grandes dimensiones, sino de satisfacer una notable demanda de vivienda mediante operaciones de tamaño acotado (una media de 40 has), que se incorporan a la ciudad de manera puntual.

El análisis de más de medio centenar de estos recientes proyectos españoles arroja resultados sorprendentes.

La densidad, que suele estar por debajo de las 30 viviendas por hectárea, resulta un factor crítico, como lo es la excesiva aportación de espacios libres, muy por encima de los mínimos exigidos, en localizaciones por lo general periféricas y en ámbitos de baja densidad. Esta sobreabundancia de espacios libres, relativamente fragmentados en una periferia poco densa, genera espacios costosos de mantener, e incluso poco apropiados para su comunidad.

Se observa una notable proporción de viario: si en la ciudad tradicional y en los ensanches del XIX, esta proporción suele oscilar entre el 25% y 30% del total, en las operaciones analizadas vemos como frecuentemente supera el 35%.

Otra singularidad remarcable es la ausencia general de usos no residenciales en las plantas bajas de los edificios (comercios, bares, servicios, etc.), ya sea por no haberse previsto, o porque no han llegado a ocuparse aún. Las dotaciones y servicios se disponen concentradas, en lugar de repartirse en piezas de menor tamaño y ajustadas a las necesidades cotidianas de los residentes. Las consecuencias son disminución de la complejidad funcional, de la urbanidad, y desplazamientos forzados para cubrir necesidades muy básicas. Esto se agrava, nuevamente, por la situación periférica de varios de estos conjuntos y su baja densidad.

La opción más común es el bloque (casi el 59% de los casos analizados), seguido por viviendas adosadas (o en hilera, 26%). Muy pocos casos combinan tipologías, un factor que propiciaría una cierta diversidad y mezcla social. Las construcciones se disponen en el perímetro de la manzana, respetando las alineaciones a las calles. La actual libertad compositiva no redunda en una diversidad de tipos edificatorios, ni de programas funcionales. Las manzanas son, por lo general, más complejas que las decimonónicas, en la medida en que introducen tipologías diversas, espacios públicos y dotaciones. Sin embargo llama la atención su tamaño, inferior al tradicional.

A pesar de su carácter tamaño reducido, estas operaciones no resuelven con sensibilidad su relación con la ciudad existente, ni con los barrios contiguos. Más que construir ciudad, como los ensanches decimonónicos, estamos frente al proyecto de fragmentos, que acaban encajando en un difícil rompecabezas. No existe innovación como en los ensanches del XIX, en las propuestas del Movimiento Moderno o la reciente experiencia de las áreas concertadas en París. Se trata de una oportunidad de experimentación desaprovechada, donde más allá del considerable parque de viviendas construido, no se ha profundizado lo suficiente, ni se han buscado alternativas en la definición de las agrupaciones.

¿Cuáles son las alternativas de futuro de estos fragmentos?

¿Cómo hacerlos habitables y sustentables en el tiempo?

Este es el reto que nos plantean las nuevas periferias: pensar en las relaciones entre las partes, las de los fragmentos entre sí y las de éstos con la ciudad central. Unir costuras, reorganizar espacios libres, buscar estrategias de densificación, introducir nuevas actividades de manera distribuida, mezclar sectores sociales… Se trata de encontrar pautas para la puesta al día de una ciudad reciente, pero que, en oposición a la tradicional, ha crecido en base a la fragmentación y una excesiva homogeneidad, y siendo tan joven, reclama ya su rehabilitación.

Melisa Pesoa es arquitecta, máster en investigación, y esta finalizando su tesis doctoral en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Joaquín Sabaté es doctor arquitecto y economista. Catedrático de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Para mayor información: Esta investigación forma parte del proyecto “Evaluación de las tramas urbanas residenciales en la transformación reciente de las ciudades españolas. La eficiencia energética como criterio de medida”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, consultable en http://www.proyectocrece.es/p/presentacio.html.

Inventario de recursos turísticos como base para la planificación territorial en zonas desérticas

de

Paloma Blanco López *

Los modelos actuales de planificación del desarrollo turístico conciben al territorio como un producto integral que suma paisaje, empresas, infraestructuras, equipamientos, entorno social y patrimonio. El problema con esta visión general, es que podría considerarse que cualquier territorio puede convertirse en un destino turístico en virtud de poseer recursos potencialmente atractivos, sin considerar que no todos cuentan con la capacidad material y física para atender a un creciente número de visitantes, ni todos pueden desarrollarse en un plan turístico a largo plazo. En este contexto, es necesario un diagnóstico de los recursos naturales y culturales con potencial turístico en un territorio, como una de las condiciones inherentes de una planificación turística integral.

Esta situación es relevante en ecosistemas áridos, cuya fragilidad física y cultural requieren una planificación maximice su potencial y disminuya sus riesgos. En San Luis Potosí, la región árida y semiárida forma parte del Desierto Chihuahuense y se localiza en la Zona Altiplano. Abarca 15 de los 58 municipios de la entidad y comprende un área aproximada de 29,119.80 Km²., que equivalen a 46.74% de la superficie del Estado. Aun cuando es una zona desértica, cuenta con características fisiográficas que ofrecen una amplia gama de paisajes y ambientes con potencial para la práctica de turismo de naturaleza, además de contar con elementos culturales que propician el turismo cultural y religioso. Para argumentar esta afirmación se realizó un catálogo de los recursos turísticos de los quince municipios que componen la Zona Altiplano.

El proceso se llevó a cabo en dos etapas: la primera consistió en una revisión documental de trabajos similares previos sobre la zona de estudio para identificar el número, tipo y distribución de los recursos turísticos en la región. La segunda etapa consistió en trabajo de campo, en donde se verificaron y contrastaron los resultados de la información documental, además de recabar información oral con los pobladores, grupos ecologistas de la región y prestadores de servicios.

Como resultado se identificaron cinco rutas que integran los atractivos naturales y socio culturales a lo largo del Altiplano Potosino: La Ruta 1, compuesta por los municipios de Vanegas y Catorce; la Ruta 2 la integran Matehuala, Villa de la Paz y Cedral; la Ruta 3 abarca Villa de Guadalupe, Charcas, Venado y Moctezuma; la Ruta 4 corresponde a Guadalcázar y en la Ruta 5 se encuentran Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo.

La información de las cinco rutas se agrupó y clasificó de acuerdo con una metodología con visión geográfica en donde los elementos naturales y culturales se asocian en un espacio determinado con carácter permanente y a la vez proporcionan información sobre el potencial turístico de la región.

En total, el inventario para los 15 municipios de la Zona Altiplano consta de 270 atractivos turísticos, de los cuales 86 son naturales (51 físicos, 6 regiones especiales y 29 biológicos) y 184 socioculturales (100 manifestaciones culturales, 16 manifestaciones técnicas o científicas y 68 manifestaciones de folklor). Posteriormente se elaboró la cartografía y un análisis FODA para cada ruta para caracterizar y cada una de las áreas potenciales de desarrollo turístico en la región altiplano.

Ejemplo de mapa de ubicación y categorización de atractivos turísticos de la Zona Altiplano de San Luis Potosí, México. (Ruta 3)

De esa forma se demostró que el Altiplano potosino cuenta con una buena oferta de recursos naturales y socioculturales con atractivo turístico y valor único en el segmento de zonas áridas y semiáridas, que le otorgan un alto potencial para el desarrollo de la región. En contraste, la planificación turística es compacta y poco diversificada; no toma en cuenta las particularidades de cada parte del territorio, de forma que la actividad turística y sus beneficios se concentra sólo en algunas partes de la región y en actividades de aventura.

Esto podría provocar a largo plazo una sobrecarga de visitantes y el incremento en los riesgos ambientales, pues aunque la oferta turística del Altiplano atrae a un tipo de turista que busca contacto con la naturaleza, esto no es garantía de que el visitante sea informado, comprometido y con cultura ecológica y sostenible; lo que puede provocar prácticas como el comercio ilegal de flora y fauna silvestre, un inadecuado manejo de desechos y daños premeditados a los recursos naturales, que a corto y mediano plazo disminuyen el interés en los turistas y por ende, menores visitas e ingresos.

Para mayor infor­ma­ción:

BLANCO LÓPEZ, Paloma. et. al. Inventario de recursos turísticos como base para la planificación territorial en la zona Altiplano de San Luis Potosí, México. Cuadernos de Turismo, 2015. Núm. 35. Enero-Junio. Murcia, España. pp. 17-42. http://revistas.um.es/turismo/article/view/221491

*Paloma Blanco López es Doctora en Ciencias Ambientales, egresada de Los Programas Multidisciplinarios de Posgrado en Ciencias Ambientales, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.

La red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña (1916-1924)

de

Ángel Calvo (UB)

En nuestra ingenuidad inocente, no pocos de nosotros pensamos que una tecnología dada se extiende por su superioridad frente a las existentes, por su excelencia, en suma. Olvidamos así que está sometida a la lógica de las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas en que nace y debe desenvolverse.

De vez en cuando los media airean las tremendas diferencias existentes en el acceso a las redes de comunicación según el lugar de residencia de los usuarios. Así, señalan por ejemplo, que más de 2.700 pueblos no pueden navegar por Internet a 10 megas o que la llegada de la fibra óptica y 4G a las grandes ciudades colisiona frontalmente con el reducido número de hogares con accesos mínimamente aceptables.

La desigualdad en el acceso a las redes de comunicación arranca ya desde las fases iniciales del desarrollo de las mismas, rasgo extensible a diversas formas de respuestas a esta injusta situación, llámense cooperativas o programas públicos. Esta diversidad de respuestas pretendía poner al alcance de la población un servicio reservado para unos pocos por su carestía. Tan solo profesionales, comerciantes, hoteleros, industriales o simples individuos con abundantes recursos podían permitirse lo que se consideraba un lujo.

En este sentido, resulta curioso señalar que la primera cooperativa telefónica nació en Argentina con el propósito de contrarrestar el monopolio que ejercía la Unión Telefónica y fue organizada por el pionero DavidH. Atwell en Buenos Aires (1887), según señala Victor Maximilian Berthold, una de las autoridades en la historia mundial de la telefonía. A su vez, la configuración territorial descentralizada de Canadá alimentó la implicación de los gobiernos provinciales en la expansión del teléfono.

Precisamente, el artículo sobre el que se basa esta breve referencia estudia un caso de implicación de los gobiernos de estructura territorial descentralizada en la extensión del teléfono a las zonas más desabastecidas de servicio en España, poco rentables para la iniciativa privada. Fue posible cuando el sistema oligárquico de la Restauración borbónica, que abarca el reinado de Alfonso XII y primeros años del de Alfonso XIII (1876-1923), rompiendo su rigidez paralizante, se desprendió de sus prerrogativas en la regulación de los servicios públicos y cedió competencias a organismos públicos no estatales, como diputaciones, entidades mancomunadas y cabildos. Se adelantó la diputación vasca de Guipúzcoa, dentro de una región con honda tradición foral, y otras siguieron su ejemplo, no sin que por el camino quedaran algunos intentos loables. Vale la pena subrayar esta implicación de la iniciativa pública no estatal en la creación de las infraestructuras de comunicación de un país con una red telegráfica pública y un sistema telefónico predominantemente privado y deficiente.

Entre las actuaciones públicas que tuvieron un éxito relativo destaca la red telefónica pública de un territorio igualmente caracterizado por su fuerte sentimiento nacional. Fue creada por la Mancomunidad de Cataluña -entidad formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona- en el primer cuarto del siglo XX como una apuesta decidida por el servicio universal en ese territorio. Sin embargo, no figura en los manuales aunque no falta en ninguno de los estudios sobre la ‘obra realizada’.

Sin lugar a dudas, la creación de una red telefónica pública es el logro más comentado por quienes, desde ángulos bien diferentes a veces, se acercan al estudio de la obra de la Mancomunidad de Cataluña. Con todo, tales comentarios muy a menudo no superan el estadio de la simple alusión a los aspectos más visibles de la red, en especial los kilómetros de líneas, el número de centrales o la cantidad de pueblos puestos en comunicación. Aspectos capitales como la organización, las opciones tecnológicas más allá de la espectacularidad de la primera central automática o, todavía más, la aportación de los municipios al esfuerzo mancomunal quedan fuera de la atención de los especialistas.

El carácter singular del caso de la red telefónica de la Mancomunidad de Cataluña en perspectiva comparada, tanto a escala nacional como internacional, parece una realidad ajena a discusión. Recursos económicos escasos y corta duración de la experiencia, hecha trizas a causa de la supresión de la Mancomunidad por la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930), limitaron el alcance de un proyecto ambicioso e ilusionante, que pretendía prestar un servicio y, a la vez, convertirlo en elemento vertebrador del territorio. Rasgos fundamentales del caso estudiado son su naturaleza pública –valga la repetición-, la notable envergadura de la obra realizada, los numerosos proyectos sin ejecutar por causas y condicionamientos varios y la profunda huella en las instituciones que llevaron a cabo el programa y en los usuarios. Esa herencia se extiende también al propio sector del teléfono puesto que la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) hará suyos espíritu y letra del programa de la Mancomunidad, es decir, la ampliación, la unificación y la modernización del sistema telefónico español. Este detalle nunca, que se sepa, ha sido puesto de relieve hasta el momento y apunta a la posibilidad de influencias de primera hora de la dirección de la Sección de Teléfonos en el proceso de gestación de CTNE, convertida en el monopolio del servicio telefónico en España.

Por encima de todo, lo que desataca es el enorme papel desempeñado por los Ayuntamientos en la formación de la red y en los resultados. En otras palabras, esa gran ‘obra realizada’ tantas veces esgrimida no hubiese sido posible sin los recursos materiales, financieros y personales aportados por las corporaciones municipales, no siempre sobradas de ellos.

Para mayor información:

CALVO, Ángel. Teléfono para todos… o casi. La singular experiencia de la red de la Mancomunidad de Cataluña, 1914-1925. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de julio de 2014, vol. XVIII, nº 481. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-481.htm>. ISSN: 1138-9788.

El queso: producto gastronómico y motivación turística

de

Francesc Fusté Forné

El queso es un producto íntimamente ligado al paisaje del lugar donde se produce en el sentido que se elabora a partir de la leche que se obtiene de los animales que pastan y se alimentan en las tierras que configuran una geografía en particular. Por lo tanto, es una forma de adquirir simbólicamente la idiosincrasia, cultural y natural, de un destino. Uno de los principales retos que deben afrontar los productos locales es la conversión del producto gastronómico en turístico. La motivación creciente en relación a la gastronomía es evidente, en cuanto a un interés general hacia la cocina, los productos y las formas de preparación que son diferentes a las propias. Si bien por ejemplo el vino como motivación principal ocupa un lugar destacado en los desplazamientos de forma intencionada al lugar de producción, mucho más difícil es para otros productores locales, como el caso de los elaboradores de queso, entrar en este círculo.

El turismo del queso va ligado, pues, a una producción láctea procedente de diversas especies de animales, y derivándose a la vez una gran variedad de tipos de quesos. Hay varios ejemplos a nivel nacional e internacional donde el queso envuelto en recurso turístico genera una motivación por sí mismo. Este es el caso del Centro de Interpretación y Degustación del Queso Idiazabal, La Maison du Camembert en Francia, el Amsterdam Cheese Museum o el Puhoi Valley Cafe and Cheese Store, en Auckland, Nueva Zelanda. Estos son sólo algunos de los ejemplos que representan un factor de atracción turística, tanto para turistas como visitantes, y que se convierten en símbolos del queso como producto gastronómico, y lo elevan a la categoría de recurso turístico.

«Varios ejemplos muestran el poder que el queso tiene como factor de motivación turística»

No obstante, los pequeños productores de queso artesanal en destinos como los Pirineos catalanes o las llanuras neozelandesas de Canterbury, por citar dos ejemplos en entornos rurales, tienen ante sí un reto que no pueden afrontar individualmente. Por este motivo, son necesarias una serie de sinergias, relacionadas tanto con la propia producción como con la distribución y el consumo. Las pequeñas empresas rurales, tradicionalmente familiares, deben diseñar estrategias que les permitan obtener los suficientes niveles de productividad para seguir compitiendo en un mercado que tiene cada vez una mayor oferta, en términos de productos gastronómicos auténticamente locales.

Los queseros deben mostrar una capacidad de adaptación al mercado, y la consecuente innovación. Presentar un portfolio de productos heterogéneos no es fácil, pero hay ejemplos donde los productores lácteos y elaboradores de queso encuentran fórmulas variopintas. Por ejemplo, el uso de queso en aceitunas rellenas, o en el caso de productos no comestibles, la utilización de la leche para la elaboración de jabones naturales. Es clave también la disponibilidad de un punto de venta propio, y la presencia del producto en mercados, ferias y restaurantes. La combinación con el vino es otra oportunidad, un punto de partida que si bien en muchos casos ya es habitual, poco a poco sea capaz de convertir la expresión “una copa de vino con un trozo de queso” en “un trozo de queso con una copa de vino”.

A la vez, proyectos en red como la Ruta Europea del Queso o la Fira Internacional del Formatge celebrada en la Vall de Boí en agosto de 2015 representan plataformas para la visibilidad y la viabilidad de los pequeños elaboradores de queso. Este es el caso también de la Ruta del Queso Turrialba, en el distrito de Santa Cruz de Turrialba, en Costa Rica. El impacto en la economía regional es el principal foco en el desarrollo de este proyecto, en el cual participan alrededor de 150 elaboradores locales de queso. También es destacable el conglomerado que conforman los Canterbury Food and Wine Trails y que incluyen no sólo a los propios productores sino también alojamientos, establecimientos de restauración y los mercados agrícolas, lo cual genera sinergias en toda la industria turística local y por lo tanto en el conjunto de la región.

«Debemos apreciar el hecho de poder construir relaciones con los productores, comprender la pasión y esfuerzo implícitos en sus actividades»

El gran reto sigue siendo el cómo convertir el queso en una de las motivaciones principales del desplazamiento turístico. Varias razones se han trazado en este artículo, y todas ellas tienen implícito el interés en conocer la identidad del territorio a través de su gastronomía, en degustar o adquirir el producto en el mismo lugar donde se ha elaborado, y de las manos del artesano que lo ha elaborado. Es esencial conocer el esfuerzo del proceso completo de la elaboración de quesos, y ponerlo en valor a través de sus historias. Como visitantes y turistas debemos apreciar el hecho de poder construir relaciones con los cultivadores y productores artesanales, aprender en primera persona acerca de sus productos, comprender la cantidad de pasión y el cuidado implícitos en la cría de animales o las actividades agrícolas. Estos son ejemplos que representan factores de motivación en cuanto al descubrimiento y apropiación circunstancial de la identidad y la autenticidad de un territorio.

Mercado de agricultores, jabones artesanales elaborados con leche de cabra (Canterbury, Nueva Zelanda). (Foto­gra­fía del autor).
Mercado de agricultores, jabones artesanales elaborados con leche de cabra (Canterbury, Nueva Zelanda).
(Foto­gra­fía del autor).

Para mayor información:

FUSTÉ FORNÉ, Francesc (2015). Cheese tourism in a World Heritage site: Vall de Boí (Catalan Pyrenees). European Journal of Tourism Research, 11: 87-101.

Francesc Fusté Forné es investigador del Programa de Doctorado en «Turismo, Derecho y Empresa» de la Universitat de Girona (Catalunya) e investigador visitante de la Lincoln University (Nueva Zelanda).

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA APUESTAS COMPATIBLES?

de

Álvaro Javier Ávila Díaz

El cambio climático y la crisis del agua son los principales problemas ambientales del siglo XXI. Conjuntamente con otras crisis mundiales concurrentes como la alimentaria, financiera y energética, se intensifican entre sí, afectando con profundas consecuencias socioeconómicas y ecológicas la subsistencia y la soberanía alimentaria de países en desarrollo. La agricultura es, quizás, la actividad de mayor riesgo en un mundo globalizado, al enfrentar retos sin precedentes con marcados registros históricos de pobreza rural, hambre, migración y degradación ambiental; situación que la impulsa a ocupar un primer lugar en el debate sobre pobreza, cambio climático y bioenergía.

En este contexto, la promoción de los agrocombustibles como fuente de energía limpia figura en la agenda político-económica global como alternativa viable para reducir el uso de combustibles fósiles y enfrentar el cambio climático, estimulada por tendencias crecientes a futuro. No obstante, su producción genera posiciones antagónicas; en Colombia, unos sectores resaltan sus beneficios y otros cuestionan enfáticamente sus impactos negativos, a la par que crece el atractivo de inversiones para su desarrollo, cuyas principales fuentes de producción son la palma africana y la caña de azúcar; ésta última con participación importante en la economía nacional.

Zonas productivas de palma africana y de caña de azúcar. Adaptado de FedeBiocombustibles (2013a; 2013b).
Zonas productivas de palma africana y de caña de azúcar. Adaptado de FedeBiocombustibles (2013a; 2013b).

Las opiniones se dividen en tres grupos; uno conformado por el gobierno y agremiaciones, que argumentan su producción como alternativa energética para reducir la dependencia del petróleo, reconociéndole además, beneficios sociales, ambientales y económicos, como la generación de empleo, el fortalecimiento de la agroindustria y el mejoramiento de la calidad del aire en ciudades, más la ventaja comparativa de la producción frente a otros países que no disponen de tierras. Con estos argumentos, se promueven incentivos de producción e implementación, que incluyen la obligación de mezclar gasolina con etanol en ciudades con más de 500.000 habitantes, así como la exención del pago de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado-IVA y la sobretasa al etanol mezclado con gasolina.

Otro grupo reconoce que la política debe fortalecer la agroindustria, sin excluir la economía campesina, para aproximarse a las necesidades del país rural, ofreciendo un acceso equitativo a las tierras y a una distribución económica más justa en consonancia con lineamientos internacionales que reconocen la inversión en el sector rural como una oportunidad para reducir la pobreza; pequeños y medianos agricultores aportan el 70% de los productos alimenticios del país, a pesar de disponer de tecnologías inapropiadas y limitaciones de acceso a servicios básicos y transferencia de tecnología.

Un tercer grupo discute que la expansión de los agrocombustibles está estrechamente ligada a conflictos por uso y propiedad del suelo, al paramilitarismo, al desplazamiento forzado, a las condiciones desfavorables de trabajo, a la pérdida de la soberanía alimentaria, la violación de los derechos colectivos de pequeños campesinos, más la pérdida de la biodiversidad en las regiones explotadas. Todo ello limita notablemente usos alternativos, porque lleva a la competencia de recursos naturales para producir alimentos, al deterioro del suelo, y más contaminación por aplicación de herbicidas, que son requeridos para dar sostenibilidad a este modelo agroindustrial.

Abordar el tema requiere una perspectiva más amplia que la económica, explorando otras dimensiones que aporten adecuados elementos de valoración sobre el beneficio ambiental, social y económico de su implementación; en un contexto mundial en el cual, de 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, 6.000 son clientes diarios de la agricultura, 1.000 no tienen que comer y 2.000 carecen de seguridad alimentaria, por diversas causas que se exacerban, entre otras, por el impulso de los agrocumbustibles en la agenda mundial, al vincular 1.000 millones de vehículos al mercado de recursos naturales e insumos necesarios para la agricultura.

Sin pretender llegar a conclusiones definitivas, pero sí generar diferentes puntos de vista en torno a la discusión del tema, deben analizarse y reflexionarse sobre los beneficios e inconvenientes de los agrocombustibles en Colombia, considerando un marco integral que incluye impactos ambientales, sociales y económicos. Puede concluirse que los beneficios fiscales que reciben del Estado no se corresponden con los costos de oportunidad que paga la sociedad en inversión social y deterioro ambiental. Se debe recomendar la diversificación de cultivos, que garantice la soberanía alimentaria nacional y que contribuya a mejorar la calidad de vida rural, que alcanza un 65% de la población en la pobreza y un 32% en indigencia, en un país que teniendo capacidad para producir alimentos, importa la mayor parte de los que consume.

El impacto de la variabilidad climática y el cambio climático obligan a desarrollar políticas integrales y coherentes orientadas a la adaptación de los diferentes sectores productivos del país. La promoción de los agrocombustibles debe abordarse considerando un marco integral que incluya impactos ambientales, sociales y económicos, en un marco de diversificación de cultivos que garantice la soberanía alimentaria y contribuya a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Álvaro Javier Ávila Díaz. Candidato a Magister en Meteorología Aplicada de la Universidade Federal de Viçosa – Brasil, e Investigador del Grupo IREHISA, Universidad del Valle (Colombia)

Para ampliar la información:

ÁVILA DÍAZ, Álvaro Javier y Yesid CARVAJAL ESCOBAR. Agrocombustibles y soberanía alimentaria en Colombia. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 2015, n°24 (1), pp.43-60. <http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.37699>.

EL IMPACTO TERRITORIAL DEL TERCER BOOM TURÍSTICO-INMOBILIARIO DE CANARIAS Y SUS EFECTOS EN LA COEXISTENCIA DE USOS TURÍSTICOS Y RESIDENCIALES

de

EN AZUL CORRECCIONES HECHAS POR MI

EL IMPACTO TERRITORIAL DEL TERCER BOOM TURÍSTICO-INMOBILIARIO DE CANARIAS Y SUS EFECTOS EN LA COEXISTENCIA DE USOS TURÍSTICOS Y RESIDENCIALES

Juan Israel García Cruzi

La tradicional coexistencia de usos turísticos y residenciales ha venido dada por procesos de urbanización singular en los que mercado turístico e inmobiliario se han desarrollado de forma conjunta. Aun así, la política turística implementada a principios del siglo XXI en Canarias plantea una especialización de usos contraria a esta relación previa. Sin embargo, los efectos derivados del último ciclo expansivo (1998-2008) han condicionado un importante crecimiento del uso residencial, ente otras razones, por efectos inesperados de la política turística, lo cual pone de manifiesto las dificultades que entrañan tal objetivo y la necesidad de considerar esta coexistencia de usos en el modelo turístico.

El desarrollo turístico en España se ha caracterizado por la sucesión de ciclos de crecimiento y declive, vinculados con el contexto socio-económico nacional e internacional. Éstos se han establecido como límites temporales de los denominados “booms turísticos”, procesos de crecimiento turístico-inmobiliario que han consolidado los principales destinos turísticos nacionales a través de la urbanización, viéndose condicionados por las políticas públicas desarrolladas en cada momento.

Caracterizado por un crecimiento constante de la oferta sin considerar el comportamiento de la demanda, ante situaciones de estabilización o reducción de ésta última, se han sucedido una serie de crisis turísticas que han facilitado un importante trasvase de plazas turísticas hacia el mercado inmobiliario (alquiler o venta). Todo ello ha incentivando la presencia de usos residenciales en estos ámbitos, donde cada mercado ha seguido teniendo su demanda, aunque el residencial comenzaba a ocupar progresivamente una oferta potencialmente turística.

Considerando esta experiencia, ante un nuevo ciclo económico expansivo, las expectativas de crecimiento de la oferta alojativa turística en Canarias fijaban escenarios en los que se llagaban a prever más de 500.000 plazas sobre las 340.000 existentes en el año 2000, requiriendo de un considerable aumento de una demanda que ya superaba los 10 millones de turistas anuales, así como el riesgo de un nuevo desajuste oferta-demanda que produjese cambios del uso turístico al residencial en el futuro.

En este escenario, el Gobierno de Canarias tomó la decisión de articular un proceso de intervención reglamentaria sobre la base de un nuevo modelo turístico. Éste recibiría la denominación informal de “moratoria turística”, correspondiéndose con la promulgación de una serie de normas que afectarían a diversos aspectos relacionados con la racionalización del crecimiento, estándares de urbanización y edificación turística, fomento de la oferta complementaria de ocio, incentivo de la renovación y la especialización turística de estos ámbitos, entre otros elementos.

Esta intervención abrió un amplio debate en torno a sus efectos, máxime cuando una parte se había ejecutado en medio de un escenario de auge del sector inmobiliario, por lo que, entre otros elementos, se planteaban diferentes cuestiones en torno al posible crecimiento y transformación de los espacios urbano-turísticos.

Tomando en cuenta la dimensión territorial de este proceso, la consideración de una serie de variables temáticas cuantificables facilitan el obtener conocimiento contrastable a través de su medición sistemática. Así, a través de la implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se permitiría tal labor. Éste se ha desarrollado dentro de un proyecto mucho más amplio, en el que las diferentes líneas de trabajo han mantenido una interrelación a la hora de construir un modelo explicativo, pudiendo destacar entre sus resultados los que se citan a continuación:

En primer lugar, ante la política de contención de la oferta alojativa turística, el crecimiento experimentado no ha alcanzado las 75.000 plazas, lo que lo sitúa por debajo de los escenarios de crecimiento potencial. Aun así hay que matizar que los nuevos estándares edificatorios han supuesto que la relación de metros cuadrados por plaza se duplique (de 30m3/plaza a 60m2/plaza), lo que supone un menor número de establecimientos, pero más amplios.

En segundo lugar, el fomento de la oferta complementaria de ocio se ha traducido en la implantación de nuevas infraestructuras, destacando por su número y extensión los campos de golf, pasando de los 8 existentes en 1998 a los 24 actuales, vinculados con importantes proyectos inmobiliarios.

Por último, siendo el más importante de todos ellos, el uso residencial ha protagonizado el proceso de urbanización, suponiendo el 40,4% del espacio ocupado entre 1998 y 2009 en las principales áreas turísticas de Canarias, muy por encima de la oferta alojativa y complementaria turística.

Paradójicamente, el crecimiento y transformación de los espacios urbano-turísticos de Canarias no ha venido de la mano de usos controlados por la política turística, sino por uno al margen de la misma y en contra de sus objetivos. El uso residencial, lejos de ser contenido, se ha visto incentivado por la reconversión de proyectos inicialmente turísticos en residenciales y su vinculación con infraestructuras turística, como son los campos de golf, incumpliendo con el objetivo de especializar estos ámbitos en el uso turístico.

Con todo ello, aunque el actual cambio de ciclo ha modificado el contesto socio-económico, reduciendo la presión de nuevos proyectos inmobiliarios sobre lo turístico, los cambios en la demanda y el auge del alquiler vacacional, sustentado por el importante peso del uso residencial en estos ámbitos, plantea una nueva problemática de difícil resolución. Por ello, ante una compleja y, hasta el momento, infructuosa diferenciación física de usos, cabe plantear un modelo turístico en el que ambos sean considerados.

Ejemplo de mapa de ocupación del suelo de un área turística de litoral (Coste Teguise, Lanzarote)
Ejemplo de mapa de ocupación del suelo de un área turística de litoral (Coste Teguise, Lanzarote)

Para mayor información:

GARCIA CRUZ, J.I. El análisis del impacto territorial del tercer boom turístico de Canarias (España) a través de la aplicación de un sistema de información geográfica (SIG). Cuadernos de Turismo, 2015, nº 36, p. 219-245. <http://revistas.um.es/turismo/article/view/230971/178891>

FRASE A DESTACAR

las expectativas de crecimiento de la oferta alojativa turística en Canarias fijaban escenarios en los que se llagaban a prever más de 500.000 plazas sobre las 340.000 existentes en el año 2000,

los campos de golf, pasando de los 8 existentes en 1998 a los 24 actuales,

i Juan Israel García Cruz es Doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna (Islas Canarias). Profesor de la Escuela de Turismo de Santa Cruz de Tenerife y miembro del grupo de investigación ReinvenTUR.

BOA GOVERNANÇA MUNICIPAL E METROPOLITANA NO BRASIL: UM DIREITO DO CIDADÃO

de

ylvio Bandeira de Mello e Silva

Uma bela obra de arte pintada por Ambrogis Lorenzetti, entre 1337 e 1339, exposta no Palácio Público de Siena/Itália, já retratava bem, em seis quadros integrados, como deveria ser um bom governo e como seria um mau governo (imagens disponíveis no Google). Em resumo, a paisagem urbana em um bom governo, com um rei virtuoso, seria bem organizada e teria efeitos favoráveis no campo expressos em uma paisagem também bem organizada e atraente. A paisagem urbana em um mau governo, dirigido por um tirano, não seria bem estruturada, com conflitos, prédios em ruinas e até mortos nas ruas. Os efeitos no campo seriam desastrosos, com guerra, casas destruídas e plantações queimadas.

É importante recuperar as questões relacionadas com governo/governabilidade em um momento de grave crise nacional É importante recuperar as questões relacionadas com governo/governabilidade em um momento de grave crise nacional. Inicialmente, é preciso considerar como tese que um bom governo nacional teria repercussões favoráveis nas escalas municipal, estadual e regional. O destaque neste artigo será dado aos municípios e às regiões metropolitanas brasileiras pelo fato de que os mesmos possuem uma legislação bem detalhada sobre planejamento e gestão municipal (Lei 10.257/2001, chamada de Estatuto da Cidade, com abrangência sobre todo o município) e planejamento e gestão metropolitana (Lei 13.089/2015, chamada de Estatuto da Metrópole, envolvendo toda a região metropolitana). Evidentemente, um bom governo estadual também deveria ter bons efeitos sobre todos os municípios e regiões que compõem o território de cada estado.

Considerando a evolução das ideias sobre governo e políticas públicas e a experiência histórica sobre planejamento em sociedades democráticas, é mais adequado chamar hoje de governança e não governo. Com efeito, a governança vai além das considerações sobre governo e governabilidade (a capacidade de um governo em exercer seu poder através de complexas relações de força) na medida em que a governança passa a integrar mais fortemente os planos e as ações de um governo aos planos e ações dos cidadãos e do mundo empresarial. Isto rompe a tradição, quase sempre com um perfil técnico-burocrático, de se ter um governo agindo de forma distante da sociedade, incluindo aí os setores produtivos como um todo. Ora, a integração acima é prevista claramente nos dois Estatutos, o da Cidade e o da Metrópole, por sinal, bem fundamentados na Constituição Federal de 1988. Por exemplo, o Artigo 40 do Estatuto da Cidade garante a participação da população e das associações representativas da comunidade na elaboração do plano e na fiscalização de sua aplicação. Já o Estatuto da Metrópole fala em governança interfederativa (Artigo 2º e Capítulo III), em gestão democrática (Artigo 6º) e em participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão e ainda no acompanhamento dos serviços e das obras (Artigo 7º).

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988 (Artigo 25 § 3º) menciona no processo de planejamento metropolitano as funções públicas de interesse comum, lembrando a R.E. Dickinson (1961), quando ele afirma que a região política ideal, seja grande ou pequena, é aquela que possui o maior número de interesses comuns. Já o Estatuto da Cidade destaca o interesse social na execução da política urbana, o que pode ser consequência, segundo o geografo Paul Claval (1981), da lógica da cidade que é a de ser uma organização que maximiza a interação social.

No caso das regiões metropolitanas […] deve haver um pacto intermunicipal Assim, todo cidadão brasileiro tem hoje direito a uma governança que começa no lugar onde reside, o seu município, e de forma progressiva, atinge todo o território nacional, passando pelas escalas microrregionais, como a das regiões metropolitanas, e a escala dos estados da Federação. No caso das regiões metropolitanas, envolvendo, em geral, milhões de habitantes, deve haver um pacto intermunicipal, ou seja, todos os planos diretores municipais nas regiões metropolitanas devem ser compatibilizados com o plano metropolitano a ser aprovado pela Assembleia Legislativa estadual. O objetivo é valorizar os interesses comuns e a busca de soluções para os conflitos e problemas metropolitanos e não mais locais (municipais). No caso dos municípios fora das regiões metropolitanas, eles podem se articular voluntariamente entre si através de consórcios públicos intermunicipais (Lei 11.107/2005), o que já vem ocorrendo de forma crescente em todo o Brasil. Eles podem ter um caráter setorial, como a saúde ou saneamento, por exemplo, ou podem ter uma perspectiva abrangente, envolvendo questões de desenvolvimento que possam interessar todos os municípios envolvidos. Eventualmente, as regiões metropolitanas podem se organizar institucionalmente sob a forma de consórcios públicos.

Portanto, a boa governança municipal e metropolitana é a que garante ao cidadão o direito de participar ativamente no processo de construção social de espaços locais e regionais com mais qualidade de vida para todos. Infelizmente, muitas regiões metropolitanas brasileiras ainda não estão aplicando plenamente as diretrizes do Estatuto da Metrópole e muitos Planos Diretores Municipais não conseguem assegurar claramente a participação da sociedade, comprometendo a formulação de relevantes diretrizes estratégicas. Este é o grande desafio, por exemplo, do Plano Diretor atualmente em elaboração em Salvador e que deverá estar concluído até o final do ano.

É preciso acompanhar de perto o que está acontecendo para garantir, através da mobilização social, a execução de uma boa governança municipal e metropolitana no Brasil.

Cabe então imaginar: como o artista italiano pintaria hoje a nossa governança urbana e metropolitana? Boa ou má?

Para maio­res informações:

SILVA, S. B. de M. e.; SILVA, B. C. N.; SILVA, M. P. A Região Metropolitana de Salvador na rede urbana brasileira e sua configuração interna. Scripta Nova, Barcelona, v. 18, n. 479, jun. 2014. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-479.htm>.

Sylvio Bandeira de Mello e Silva é Doutor em Geografia e Professor do Programa de Pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social / UCSAL, Salvador/Bahia.

RIO DE JANEIRO: LABORATORIO URBANÍSTICO DE NUEVO

de

Manuel Herce Vallejoi

Rio de Janeiro está de moda, no solo por la cantidad de obras con que la ciudad prepara algunos eventos sino también por las críticas que han desatado. La principal de éstas es la aparente ausencia de una reflexión urbanística sobre la ciudad y el hecho de que las inversiones apoyen la extensión de la ciudad hacia el sur (Barra de Tijuca), continuándose así la estrategia continuada de expansión que ha seguido la ciudad casi desde sus inicios.

Un libro de Verena Andreatta, de hace casi diez años, sirve perfectamente para apoyar la afirmación de continuidad de las estrategias expansionistas. En la obra Ciudades cuadradas, paraísos circulares la autora hace un repaso de la decena de Planes urbanísticos que han apoyado, desde mediados del siglo XIX esa expansión, y en un bello plano (que se reproduce) muestra que una gran parte de ese crecimiento se ha efectuado con aterramientos enormes y apoyándose en el crecimiento de una red viaria, para el que los obstáculos naturales («morros» y pantanos) no han presentado obstáculos sido impedimento. Solo esa constatación es un hallazgo, y una enseñanza para los que predican el inmovilismo en el trato con la naturaleza; del dialogo entre naturaleza y obras del hombre ha salido la bella realidad de la implantación urbana que es el principal patrimonio de la ciudad.

Pero la verdadera aportación del libro es demostrar la existencia de una continuada transferencia de pensamiento urbanístico entre Europa y América; corriente que no ha significado una mera importación acrítica de ideas y modelos, sino que al contar con realizaciones en América de propuestas casi imposibles para la Europa donde se fraguaron, esas ideas, se testaron y enriquecieron. Asombra la magnitud de las obras infraestructurales (la casa de la aguas de Buenos Aires, las autopistas urbanas brasileñas, son ejemplos), las operaciones urbanas (¿cuando Le Corbusier pudo soñar una obra tal como Brasilia?), la aprobación de planes urbanísticos (Dioxiadis logró que la mayor expresión de su modelo expansionista se aprobara como Plan Director de Rio de Janeiro), e incluso, su arquitectura (Bogotá y Rio son casos de estudio relevantes)

Como expresa Verena Andreatta en la introducción : el objetivo fundamental del libro es mostrar la relación entre las propuestas de los Planes Directores aprobados para la ciudad y sus referencias urbanísticas europeas coetáneas, de la que surgieron nuevas propuestas paradigmáticas sobre el urbanismo occidental; y también estudiar como al amplificarse las proposiciones originales se pusieron de relieve sus contradicciones.

La existencia de un proceso de «ida y vuelta» entre realidades sociales tan diferentes, se inició con la deformación de la cuadricula «filipina» y se consagró, siglos más tarde, cuando la geometría simplificadora de la arquitectura racionalista se curvó, dando paso a edificios más organicistas, como los de Niemeyer o Reidy; de ahí, el título del libro que utiliza una bella metáfora del poeta catalán Vázquez Montalbán.

Los trabajados planos de la investigación en que se apoya el libro han sido publicados en forma de atlas digitalizado e incorporados, recientemente, al Atlas digital Imagine Rio del Departamento de Humanidades de la Rice University de Houston.

Lástima que el libro solo esté publicado en una bella edición colorida de Mauad Ltda, en portugués, porque sus enseñanzas serían de aplicación a toda América Latina. Y lástima también que no hayan sido tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de la Ciudad, que constantemente reclama un paralelismo de las obras olímpicas de reforma de la ciudad consolidada que se llevaron a cabo en Londres o Barcelona, con la absurda y especulativa operación olímpica carioca.

Para mayor información:

ANDREATTA, Verena. CIUDADES QUADRADAS, PARAISOS CIRCULARES. Río de Janeiro: Mauad Editora Ltda, 2006 (ISBN 85-7478-200-9).

Atlas dos Planos Urbanísticos de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Vivercidades, 2008 (incluido como Cd en la edición del 2015 del libro de Mauad Editora Ltda).

i Manuel Herce Vallejo ha sido profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Catalunya y actualmente reside en Río de Janeiro.

Las islas de calor urbanas o dónde acaba la ciudad

de

por Javier Martín-Vide

Las ciudades modifican profundamente el medio físico donde se asientan: Cambian la topografía, al imponer sobre ésta un conjunto de edificaciones, que altera el viento; el suelo natural es sustituido por los materiales de construcción y de pavimentación, impermeables y con propiedades térmicas diferentes; generan calor, debido a los variados procesos de combustión que tienen lugar en ellas (tráfico, alumbrado, calefacciones, etc.); y emiten gases contaminantes y aerosoles, con efectos negativos en la salud. Por todo ello, es conocido que las ciudades cambian el clima del lugar donde se localizan. La modificación más clara del clima por causa urbana es el fenómeno de la isla de calor, ya conocido en el siglo XIX en París y en Londres. Consiste en un calentamiento de los centros de las ciudades con respecto al espacio no urbano próximo en horario nocturno, que puede suponer diferencias de temperatura, en noches calmadas y despejadas, de hasta más de 7-8ºC en ciudades como Madrid y Barcelona. Pero ¿cómo medir estas diferencias, qué lugares de la ciudad y de fuera de ella comparar, cuando las ciudades se extienden sin pausa haciendo casi centrales su propias periferias o dejando su huella en el espacio circundante, sea periurbano, rururbano, etc., o formando conurbaciones?

Foto y composición: Javier Martín-Vide
Foto y composición: Javier Martín-Vide

A pesar de que la isla de calor es un fenómeno de escala local o, a lo sumo, regional, diferente al cambio climático, que tiene una afección global, el interés de su estudio es manifiesto por el simple hecho de que un elevado porcentaje de la población mundial vive en ciudades. Según Naciones Unidas, en 2008 la población urbana alcanzó el 50% de la mundial, y hacia 2050 será el 70%. Es, precisamente, el número de habitantes el factor socioeconómico más influyente en la intensidad de la isla de calor –la citada diferencia térmica entre el centro y el espacio no urbano-, de modo que los estudios sobre numerosas ciudades muestran a lo largo del siglo XX un aumento de la temperatura paralelo a su incremento poblacional.

El procedimiento más común para establecer la intensidad de la isla de calor en una determinada noche es comparar, para un instante determinado, las temperaturas de un punto del centro urbano y otro de fuera de la ciudad que tengan altitudes parecidas y distancias al mar, o a otros volúmenes de agua, similares, es decir, dos puntos térmica y geográficamente comparables. Concretamente, no deberían diferir en más de unos 30 m de altura, ni de unos 800 m de distancia al mar o a grandes lagos y ríos. La elección del punto urbano plantea pocos problemas, siempre ubicado en un lugar central y denso de la urbe, donde las temperaturas mínimas son casi siempre superiores a las del resto de la ciudad. Sin embargo, la búsqueda del punto de contraste no urbano es en muchos casos difícil. Este lugar debe estar próximo a la ciudad, para que comparta el mismo clima, pero, al tiempo, lo suficientemente alejado como para que la influencia urbana apenas sea perceptible. Si nos alejamos muchos kilómetros del centro urbano podemos entrar en una comarca o región con un clima distinto, con lo que la diferencia térmica con la urbe podría deberse no solo a ésta, sino a las condiciones climáticas diferentes. Si el punto no urbano está muy próximo a la ciudad, quedará bajo su influencia, por ejemplo, estará afectado por el contagio de calor que desprende la urbe. Pero, sobre todo, por la modificación del suelo en los espacios periurbanos o, en general, en los alrededores de las ciudades. Éstas se extienden modificando progresivamente el territorio circundante, en diferentes grados, siendo difícil establecer en la mayoría de los casos su verdadera frontera, aun en aquellas ciudades con unos límites físicos abruptos, sean una costa o un gran obstáculo de relieve. Hasta allí llegan los efluvios de la ciudad, en forma de calor o de contaminantes. Ante esta dificultad, el investigador debe elegir en cada caso la solución de compromiso más factible, que, por otra parte, estará condicionada por la disponibilidad de registros meteorológicos. Una elección frecuente del punto no urbano recae en el aeropuerto de la ciudad, no lejos de la misma. Si respeta los requisitos de tener una altitud y una distancia al mar similares a las de la urbe, la abundancia de registros meteorológicos le da ventaja sobre cualquier otro lugar. Naturalmente, los aeropuertos son ámbitos con el suelo modificado o urbanizado en alguna medida, pero, en contrapartida, se trata siempre de espacios abiertos, donde las temperaturas mínimas son apreciablemente más bajas que en la ciudad.

El problema de la elección del punto de referencia no urbano para el establecimiento de la intensidad de las islas de calor no tiene en la mayoría de los casos una solución totalmente satisfactoria, por el propio fenómeno dinámico y penetrante de la urbanización, sin claras fronteras en el espacio. Tendemos a un planeta progresivamente más urbano, donde el calentamiento que suponen las islas de calor se extiende, aumentando su intensidad y su escala de afectación, por lo que cabe esperar que constituya una contribución apreciable al calentamiento global.

Para mayor información:

Martin-Vide, Javier, Sarricolea, Pablo y Moreno-García, Mª Carmen. On the definition of urban heat island intensity: the “rural” reference. Frontiers in Earth Science, 2015, 3:24. doi: 10.3389/feart.2015.00024

Javier Martín-Vide es catedrático de Geografía Física y director del Instituto de investigación del Agua de la Universidad de Barcelona.