Álvaro Javier Ávila Díaz
El cambio climático y la crisis del agua son los principales problemas ambientales del siglo XXI. Conjuntamente con otras crisis mundiales concurrentes como la alimentaria, financiera y energética, se intensifican entre sí, afectando con profundas consecuencias socioeconómicas y ecológicas la subsistencia y la soberanía alimentaria de países en desarrollo. La agricultura es, quizás, la actividad de mayor riesgo en un mundo globalizado, al enfrentar retos sin precedentes con marcados registros históricos de pobreza rural, hambre, migración y degradación ambiental; situación que la impulsa a ocupar un primer lugar en el debate sobre pobreza, cambio climático y bioenergía.
En este contexto, la promoción de los agrocombustibles como fuente de energía limpia figura en la agenda político-económica global como alternativa viable para reducir el uso de combustibles fósiles y enfrentar el cambio climático, estimulada por tendencias crecientes a futuro. No obstante, su producción genera posiciones antagónicas; en Colombia, unos sectores resaltan sus beneficios y otros cuestionan enfáticamente sus impactos negativos, a la par que crece el atractivo de inversiones para su desarrollo, cuyas principales fuentes de producción son la palma africana y la caña de azúcar; ésta última con participación importante en la economía nacional.
Las opiniones se dividen en tres grupos; uno conformado por el gobierno y agremiaciones, que argumentan su producción como alternativa energética para reducir la dependencia del petróleo, reconociéndole además, beneficios sociales, ambientales y económicos, como la generación de empleo, el fortalecimiento de la agroindustria y el mejoramiento de la calidad del aire en ciudades, más la ventaja comparativa de la producción frente a otros países que no disponen de tierras. Con estos argumentos, se promueven incentivos de producción e implementación, que incluyen la obligación de mezclar gasolina con etanol en ciudades con más de 500.000 habitantes, así como la exención del pago de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado-IVA y la sobretasa al etanol mezclado con gasolina.
Otro grupo reconoce que la política debe fortalecer la agroindustria, sin excluir la economía campesina, para aproximarse a las necesidades del país rural, ofreciendo un acceso equitativo a las tierras y a una distribución económica más justa en consonancia con lineamientos internacionales que reconocen la inversión en el sector rural como una oportunidad para reducir la pobreza; pequeños y medianos agricultores aportan el 70% de los productos alimenticios del país, a pesar de disponer de tecnologías inapropiadas y limitaciones de acceso a servicios básicos y transferencia de tecnología.
Un tercer grupo discute que la expansión de los agrocombustibles está estrechamente ligada a conflictos por uso y propiedad del suelo, al paramilitarismo, al desplazamiento forzado, a las condiciones desfavorables de trabajo, a la pérdida de la soberanía alimentaria, la violación de los derechos colectivos de pequeños campesinos, más la pérdida de la biodiversidad en las regiones explotadas. Todo ello limita notablemente usos alternativos, porque lleva a la competencia de recursos naturales para producir alimentos, al deterioro del suelo, y más contaminación por aplicación de herbicidas, que son requeridos para dar sostenibilidad a este modelo agroindustrial.
Abordar el tema requiere una perspectiva más amplia que la económica, explorando otras dimensiones que aporten adecuados elementos de valoración sobre el beneficio ambiental, social y económico de su implementación; en un contexto mundial en el cual, de 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, 6.000 son clientes diarios de la agricultura, 1.000 no tienen que comer y 2.000 carecen de seguridad alimentaria, por diversas causas que se exacerban, entre otras, por el impulso de los agrocumbustibles en la agenda mundial, al vincular 1.000 millones de vehículos al mercado de recursos naturales e insumos necesarios para la agricultura.
Sin pretender llegar a conclusiones definitivas, pero sí generar diferentes puntos de vista en torno a la discusión del tema, deben analizarse y reflexionarse sobre los beneficios e inconvenientes de los agrocombustibles en Colombia, considerando un marco integral que incluye impactos ambientales, sociales y económicos. Puede concluirse que los beneficios fiscales que reciben del Estado no se corresponden con los costos de oportunidad que paga la sociedad en inversión social y deterioro ambiental. Se debe recomendar la diversificación de cultivos, que garantice la soberanía alimentaria nacional y que contribuya a mejorar la calidad de vida rural, que alcanza un 65% de la población en la pobreza y un 32% en indigencia, en un país que teniendo capacidad para producir alimentos, importa la mayor parte de los que consume.
El impacto de la variabilidad climática y el cambio climático obligan a desarrollar políticas integrales y coherentes orientadas a la adaptación de los diferentes sectores productivos del país. La promoción de los agrocombustibles debe abordarse considerando un marco integral que incluya impactos ambientales, sociales y económicos, en un marco de diversificación de cultivos que garantice la soberanía alimentaria y contribuya a mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Álvaro Javier Ávila Díaz. Candidato a Magister en Meteorología Aplicada de la Universidade Federal de Viçosa – Brasil, e Investigador del Grupo IREHISA, Universidad del Valle (Colombia)
Para ampliar la información:
ÁVILA DÍAZ, Álvaro Javier y Yesid CARVAJAL ESCOBAR. Agrocombustibles y soberanía alimentaria en Colombia. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 2015, n°24 (1), pp.43-60. <http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.37699>.
