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Turistas, residentes extranjeros y el mito de la sociedad cosmopolita.

de

Carmen Gil de Arriba*

En el marco de la globalización y de la puesta en valor turístico de territorios surgen nuevas dinámicas para un mercado ávido de ofertas y experiencias. Estas dinámicas, favorecidas por los vuelos low cost y el bienestar de algunos grupos sociales de países occidentales, con deseos de movilidad y estilos de vida “nómada”, enlazan con la propia evolución de las migraciones internacionales, en este caso, no por trabajo o buscando mejores condiciones de vida, sino por motivos de disfrute y ocio.

Hablamos del turismo residencial, dos términos que combinados parecen contradictorios, pero que forman parte de los modos de movilidad y de viaje del mundo contemporáneo: el lifestyle migration. Esta apelación reagrupa prácticas de gran heterogeneidad referidas a colectivos en busca de territorios que les permitan vivir experiencias personales, en ruptura con su contexto de procedencia, como proyecto de vida, trasladando su residencia de unos lugares a otros, de unos países a otros; lo que algunos han denominado una forma de vivir y habitar “poli-tópica” (en distintos lugares al mismo tiempo, a veces considerablemente distantes entre sí). Eso desde el punto de vista de la demanda.

Desde la oferta o países receptores (España, el sur de Francia, Portugal o Marruecos y Túnez en el contexto europeo, o bien México, Belice, Costa Rica y Panamá en el americano), este deseo de alteridad resulta buen negocio para empresas trasnacionales y sectores de la construcción e inmobiliarios. A la par, los efectos sobre los nuevos espacios de residencia y vida cotidiana son variados: socioeconómicos, territoriales y culturales. Además, estas consecuencias difieren según los territorios implicados. Por ello resultan interesantes los casos de estudio, para avanzar en el conocimiento crítico de este fenómeno en expansión y analizar sus múltiples resultados y derivaciones.

En el caso de Marruecos, que por razones históricas y de proximidad mantiene importantes vínculos con España y Francia, ya durante el Protectorado (1912-1956) ambos países pusieron en marcha, cada uno por su lado, iniciativas para la promoción de las primeras prácticas turísticas. Por tanto, que las principales demandas del turismo internacional y residencial procedan actualmente de estos dos países no debe sorprendernos. Aquellas movilidades coloniales establecieron bases para el posterior desarrollo turístico a escala internacional, pero también para la creación de imágenes y estereotipos.

Hoy, varias ciudades marroquíes experimentan el auge del turismo residencial extranjero. Es, en efecto, un fenómeno eminentemente urbano. La mayoría de estas ciudades presentan, de un lado, la ciudad antigua: la medina, espacio patrimonial, y de otro, la ciudad occidental cuya planificación procede con frecuencia de la etapa del Protectorado. A pesar de esta dualidad, los dos elementos mantuvieron un equilibrio hasta los años ochenta. En esta década se produjo una fuerte expansión urbana, al tiempo que las medinas perdieron sus anteriores habitantes que prefirieron las comodidades de las nuevas urbanizaciones. A partir de los noventa, la aparición del turismo residencial como fenómeno moderno amplifica el proceso de urbanización y transforma espacios preexistentes, como las propias medinas, donde turistas-residentes se han reapropiado barrios enteros, alterando a su conveniencia antiguas viviendas e iniciando procesos de gentrificación.

Medina de Chauén, casas en venta y creciente uso turístico
Medina de Chauén, casas en venta y creciente uso turístico

Marrakech y Agadir son los ejemplos más llamativos del turismo residencial, con la creación de entornos lujosos y exclusivos, en los que el turismo y los residentes extranjeros contribuyen a reforzar contrastes y procesos de segregación espacial, lo mismo que la especulación inmobiliaria.

A menudo, las residencias turísticas se focalizan a lo largo de la costa. La principal excepción es Chauén, a unos setenta kilómetros al sur de Tetuán. Casas tradicionales de su medina se han convertido en viviendas de extranjeros, mientras proliferan alojamientos y actividades de hostelería.

En este contexto general, los ambientes de supuesta mezcla social e intercultural resultan frecuentes, parecen implantarse nuevas formas de sociabilidad o lo que podría entenderse como un modelo de relaciones cosmopolitas entre turistas, residentes extranjeros y grupos de la sociedad marroquí. Bajo el simulacro del cosmopolitismo, se consolidan barreras socioeconómicas y simbólicas, se incrementan transformaciones urbanísticas y espacios construidos para satisfacer a una demanda externa, en contraste con el resto del territorio circundante y las necesidades de la población. Las medinas pierden sus antiguos usos y significados, el patrimonio y los valores de identidad cultural se convierten en productos de consumo. Todo ello en aras de la modernización.

Para mayor información:

GIL DE ARRIBA, Carmen; BOUQALLAL, Hamid: Touristes internationaux ou résidents étrangers ? Nouvelles tendances du tourisme résidentiel et des migrations d’agrément au Maroc, Téoros, Revue de Recherche en Tourisme, 2017, 36-2 : Tourisme résidentiel. Disponible en <http://teoros.revues.org/3060>

* Carmen Gil de Arriba es profesora de Geografía Humana en la Universidad de Cantabria.

Los subsidios agrarios y cohesión socio-territorial en Andalucía.

de

Eugenio Cejudo García; Francisco Navarro Valverde y José Antonio Cañete Pérez*.

El Subsidio de Desempleo Agrario (SDA) y la Renta Agraria (RA)han propiciado el mantenimiento del tejido poblacional y social de los espacios rurales andaluces aquejados por un histórico desempleo estructural. Este hecho es de vital importancia en un contexto marcado por su vaciamiento demográfico, su abandono y el incremento de las desigualdades agudizadas por la actual crisis. Además, ha permitido, y lo sigue haciendo, la reparación del derecho, históricamente subordinado al varón, de la mujer rural a la cotización por su trabajo en el sector agrario y, derivada de ella, al posterior cobro de una pensión que le permita una vida digna en estos espacios. Tiene gran interés analizar la distribución territorial de los perceptores del SDA y de la RA en Andalucía y mostrar sus implicaciones geo-poblacionales.

Históricamente, los subsidios surgen como una necesidad social en auxilio de una población agraria andaluza y extremeña que padecía, y aún sigue sufriendo, un fuerte desempleo estructural que triplicaba la media nacional. Ello genera un mercado de trabajo agrario muy segmentado, con un fuerte monopolio de la oferta de trabajo en manos de los grandes propietarios de tierras. Su aparición en 1984 regulariza y normativiza el cobro de una prestación por desempleo que no encontró encaje en el Régimen General de la Seguridad Social española del momento, estableciéndose como prestaciones “no contributivas” dentro del Régimen Especial Agrario. Ello transforma las históricas ayudas ligadas a la “caridad” o a situaciones de “conflictividad social” en un derecho regulado para los trabajadores eventuales agrarios que, en la actualidad, perciben, en el conjunto de las dos Comunidades Autónomas, unas 200.000 personas.

Territorialmente,su incidencia es crucial en los municipios de menor tamaño, menos de 2.000 habitantes. De hecho, el porcentaje de afiliados agrarios que las cobran llegan a suponer el 40,4 por ciento en los municipios comprendidos entre 0 y 499 habitantes y el 41,1 por ciento si de 500 y 999 habitantes hablamos. Otro dato a tener en cuenta es que, en casos como la Subbética olivarera, sus beneficiarios superan el 10 por ciento, llegando incluso al 20 por ciento de la población comprendida entre 15-64 años en municipios de entre 1.000 y 5.000 residentes.

Socialmente, el colectivo afectado está fuertemente feminizado y envejecido aunque existen diferencias importantes entre los que cobran el SDA y la RA. En los segundos sigue primando la mujer pero el grupo es más joven. Ella se convierte en mayoritaria desde mediados de la década de los 90 suponiendo hoy el 65% del total. Su presencia se refuerza conforme mayor es el tamaño de los municipios. El envejecimiento del colectivo afecta por igual a hombres y mujeres, siendo más acusado en ellas que en ellos.

El círculo vicioso del desempleo estructural no se ve frenado. Sus perceptores son la mitad del año jornaleros y la otra mitad subsidiados agrarios lo que hace que se conviertan en esenciales para personas sin apenas formación y sin perspectivas laborales en otros sectores en estos territorios. Ayudan a entender la dualidad del agro andaluz que contrapone a una agricultura intensiva en el litoral (Costas de Almería y Huelva) que se nutre de una masa laboral inmigrante con precarias condiciones de trabajo frente a una agricultura subsidiada interior (zonas olivareras de las Subbéticas de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén) que mantiene una importante mano de obra eventual, en parte, gracias a las ayudas de la Política Agraria Comunitaria y al cobro del SDA y de la RA.

En síntesis, el SDA y la RA ha jugado una importancia territorial trascendente tanto en el manteamiento de la estructura de los asentamientos que configuran el territorio andaluz como por beneficiar a un colectivo fuertemente feminizado, saldándose así parte de una deuda histórica que, en términos de género, han padecido las jornaleras andaluzas posibilitando, además, el acceso a una merecida y digna jubilación.

Como agenda de trabajo, dos cuestiones. De un lado, se observa un repunte en el incremento de los perceptores de estas prestaciones a partir de 2009, lo que nos induce a plantearnos el papel que el sector agrario y la percepción de estas prestaciones está jugando como refugio/salida de la crisis. De otro, la cada vez mayor presencia de extranjeros entre sus beneficiarios, lo que las podría estar convirtiendo en un importante mecanismo de fijación espacial e integración social de este colectivo dentro del mundo rural.

Para mayor información:

CEJUDO, E., NAVARRO, F. y CAÑETE, J.A. (2016): “Evolución y distribución territorial de los trabajadores eventuales agrarios subsidiados en Andalucía”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 72, 117-147.

http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2334/2202

*. Profesores pertenecientes la Dpto. de Geografía Humana de la Universidad de Granada.

Ilustraciones.

Subsidiados agrarios respecto de la población comprendida entre los 15 y 64 años 2015 (porcentaje).

Subsidiados agrarios respecto de la población comprendida entre los 15 y 64 años 2015 (porcentaje).
Fuente: Anuarios de Estadísticas Laborales del MTIN. Elaboración propia.
Fuente: Anuarios de Estadísticas Laborales del MTIN. Elaboración propia.

El efecto de la zona de residencia juvenil en la movilidad social de hogares de la Región Metropolitana de Buenos Aires

de

Dra. Paula Boniolo

CONICET-IIGG/UBA

En las sociedades modernas, solemos repetir a nuestros hijos que si se esfuerzan, serán recompensados. La idea del mérito ha atravesado nuestras vidas desde un comienzo. Sin embargo, no todos los individuos son recompensados de la misma manera ante sus esfuerzos. Las oportunidades que se les brindan no están igualmente distribuidas en la sociedad. Existen posiciones diferenciales donde algunos individuos acumulan beneficios en detrimento de otros.

No sólo la voluntad y el esfuerzo individual permiten que algunas personas lleguen a posiciones privilegiadas en la sociedad y otras no. Existen características que al nacer heredamos, por ejemplo, el hogar de origen que nos inserta socialmentey brinda capitales (cultural, social y económico), que al articularse con las capacidades y esfuerzos personales así como con recorridos educativos y ocupacionales, condicionan nuestras trayectorias de vida potenciando y limitando las posibilidades de ascenso social a futuro.

El hogar condiciona las posibilidades de logro en la vida adulta. Así, las probabilidades de ascenso social, y de mejoras de las condiciones de vida, son diferentes entre quienes nacen en un hogar con padres trabajadores manuales no calificados y aquellos que provienen de hogares con padres profesionales. Son los hogares de origen los que permiten el ingreso de los niños al sistema educativo, y ellos también deciden quiénes de sus miembros continúan estudiando y quiénes ingresan al mercado laboral. La desigualdad social comienza entonces al heredar la clase social de los padres. Al mismo tiempo que heredamos el hogar de origen, también heredamos la zona de la ciudad en la que habitamos.

Desde hace varias décadas, en las grandes ciudades comenzó un proceso de segregación residencial socio-económica, que consiste en la concentración de residentes con características socio-económicas similares en cada zona, apareciendo contrapuestas zonas de mayor poder adquisitivo y zonas con menor poder adquisitivo, acompañadas de desigualdades en la infraestructura y en el acceso a los servicios.

En este sentido, los territorios donde las familias constituyen sus residencias condensan distintos tipos de infraestructuras y calidades de servicios, así como oportunidades laborales, educativas y redes sociales. De esta manera, la desigual distribución de recursos y ofertas en los territorios condiciona las posibilidades de ascenso social. En síntesis, es el territorio una nueva dimensión de la desigualdad social que las ciencias sociales deberán abordar.

Los hallazgos de nuestra investigación en la Región Metropolitana de Buenos Aires, muestran que residir durante la juventud (16 años) en la Ciudad de Buenos Aires y el primer anillo que la rodea, así como vivir en las zonas más desarrolladas del interior del país, brinda mayores oportunidades en la adultez de alcanzar posiciones profesionales, directivas y propietarias de capital (3 y casi 4 veces más de probabilidades respectivamente).Sin embargo, esto no quiere decir que por el mero hecho de asentar el hogar en una zona privilegiada, las oportunidades aparezcan por arte de magia, dependerá de las habilidades y estrategias familiares poder captar las oportunidades y recursos disponibles.

La finalización del nivel secundario constituye aún una barrera para el acceso a mejores puestos ocupacionales. Igualando la clase de origen y la zona de residencia juvenil, las personas que lograron culminar la escuela secundaria en la Región Metropolitana de Buenos Aires, tienen casi 6 veces más de probabilidades de alcanzar posiciones profesionales, directivas y propietarias, que quienes no lo lograron. La educación, si bien sigue atada a los orígenes y al territorio, abre caminos a la realización personal, y posibilita movilidad social ascendente, y con ello mejorar las condiciones de vida.

En síntesis, si bien los estudios de movilidad social tienden a pensar en oportunidades y limitaciones ligadas a aspectos educativos y ocupacionales, o bien a las capacidades y los recursos que movilizan las personas para crear su historia, dejan de lado los efectos del vecindario. Estudios recientes muestran que tanto los factores estructurales como los ligados a la agencia están condicionados, cada vez más, por los espacios socio-habitacionales donde las familias se desarrollan. Así, las oportunidades y limitaciones que cada persona hereda no sólo tienen un peso relativo según las características de cada país en la que se desarrollan, sino también según las características del espacio socio-habitacional en el que se despliegan. En este sentido, debemos seguir interrogándonos acerca de para quiénes el territorio tiene consecuencias, en qué se reflejan esas consecuencias, y cuándo y dónde el territorio tiene efectos para la vida de las personas.

Para mayor información:

BONIOLO, Paula; ESTÉVEZ LESTON, Bárbara. El efecto del territorio en la movilidad social de hogares de la Región Metropolitana de Buenos Aires, Cuadernos Geográficos, 2017 56 (1), p. 101-123.

Paula Boniolo es investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET (Argentina).

¿Una geografía de la corrupción?

de

¿Qué tienen en común la Costa del Sol, la región china de Shenzhen, la City de Londres y el lago Leman? En todos esos puntos residen y se relacionan entre sí las grandes fortunas, personas y empresas, que tienen enormes depósitos guardados en paraísos fiscales.

La valiosa información que ha salido a la luz tras la publicación del “Panamá leaks” ha permitido construir una cartografía global de los flujos financieros internacionales. Esto permite localizar las relaciones a través de distintos países y sus conexiones, que permite crear una red de sociedades interpuestas con objeto de ocultar la identidad de los verdaderos dueños del capital.

Los datos difundidos por el “International Consortium of Investigative Journalists” (ICIJ) revelan la existencia de 1,3 millones de relaciones entre grandes fortunas y empresas financieras de todo el mundo. Los datos que han podido ser georreferenciados revelan un complejo mapa de flujos financieros y relaciones societarias. En él se dibuja un entramado compuesto por 198.000 personas y empresas cuyo capital está ligado a 311.000 sociedades offshore, con más de 751.000 relaciones entre ellas, en muchas ocasiones cruzadas y complejas. Un buen número de ellas operan habitualmente con varios intermediarios en distintos puntos del mundo, permitiendo movilizar el capital según las condiciones oportunas.

En el caso de Europa Occidental, se pueden observar las estrechas relaciones de las grandes fortunas, residentes en un eje delimitado entre la isla británica de Man y Suiza. Esta red espacial absorbe la mayor concentración de sociedades y grandes fortunas que existe en Europa, y una de las mayores del mundo. El destino de las mimas se sitúa principalmente en paraísos fiscales de pequeñas islas del Caribe (Islas Vírgenes, Bahamas, Caimán, Anguila), que a través de intermediarios y el uso de estrategias fiscales como son los convenios de doble imposición (que regulan la tributación en dos países distintos por una misma actividad), permite eludir los controles fiscales de los grandes países de origen.

Otro de los destinos destacados del capital europeo se localiza en el Pacífico. Hong Kong es el preferido, especialmente por los grandes inversores del Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Alemania o Luxemburgo entre otros. Junto a esta ciudad, Malasia, Singapur o algunas islas como Samoa, Niue o las Cook, muy relacionadas con las empresas financieras británicas por su ascendencia colonial, son otros de los destinos favoritos de estas grandes fortunas.

En términos absolutos, el mayor número de relaciones entre sociedades se establece entre tres países europeos, Reino Unido, Suiza y Luxemburgo, y tres paraísos fiscales Bahamas, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Intermediarios, accionistas o fideicomisos son los principales los tipos de relación que se establecen entre ellas.

Su localización específica está situada en casi todos los casos en los mejores espacios de cada país. Así, en Suiza una parte importante de las grandes fortunas residen alrededor del lago Leman. Son algunas de las más exclusivas zonas urbanas y rurales junto a algunas de las principales ciudades que bordean el lago especialmente Ginebra, Lausana o Montreux.

En España, se ha determinado el lugar de origen y destino de 2.040 fortunas. La mayor parte de las fugas de capital español se dirige hacia las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o la Seychelles. Como era de esperar, las grandes fortunas residen en las zonas más exclusivas de Madrid y Barcelona. En el primero de ellos La Moraleja, La Finca o determinados sectores de La Castellana o el barrio de Salamanca son los lugares de residencia de las grandes fortunas que refugian su capital en paraísos fiscales.

También se ha localizado un importante volumen de residentes en la costa del Sol, Levante, Baleares y Canarias. Sotogrande, La Zagaleta, Puerto Banús o Son Vida son algunos de los lugares emblemáticos donde residen los inversores o se domicilian las sociedades más importantes.

Lejos de lo que en principio se podría pensar, la lista de fraude no solo afecta a un reducido grupo de políticos o personas con cierta relevancia social. La relación de sociedades y grandes fortunas es intensa y, en muchos casos, se trata de personas relativamente anónimas, pero con un elevado nivel de influencia en sus respectivos campos. La generalización de prácticas fraudulentas en los sectores sociales más destacados es, tal vez, la evidencia más peligrosa que podemos extraer de la filtración.

Naturalmente, estos movimientos “alegales” de capital tienen una estrecha relación con los flujos regulares, como es el caso de la compra-venta de deuda pública o la inversión exterior, que generan un fuerte impacto geopolítico. La toma de decisiones de los grandes grupos financieros determina dónde invertir enormes sumas de capital, que pueden afianzar determinados regímenes o desestabilizar otros. En el caso del mercado secundario de deuda soberana, la injerencia geopolítica es determinante. Un ejemplo de ello, son las recientes presiones de la oposición venezolana sobre Goldman Sachs por la adquisición en el mercado secundario de títulos de deuda por valor de 2.800 millones de dólares, y que se interpreta como un balón de oxígeno al gobierno de Maduro.

Es imprescindible regular la circulación financiera, y más aún en países como España, que tienen un elevado volumen de deuda pública y serios problemas de estabilidad presupuestaria. Estos problemas están causados, al menos en parte, por las fugas de capital a espacios offshore. Conocer los movimientos de las redes societarias permite aflorar las relaciones financieras entre países, reforzar la lucha contra el fraude y evitar que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y menos favorecidas. Es crítico para la supervivencia de un país evitar el tráfico financiero entre grandes fortunas y los paraísos fiscales.

La geografía financiera es una joven disciplina que puede ayudar a prevenir la corrupción, y podría convertirse en una valiosa herramienta para el control de los movimientos de capital y la detección del fraude económico.

Juan Carlos Fernández Cela

Profesor Asociado de Geografía Política. Universidad Complutense de Madrid (UCM), España.

Para mayor información.

FERNÁNDEZ CELA, Juan Carlos. Geografía de la deuda pública española. Algunas consideraciones espaciales desde la perspectiva política. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2015, no 67, p. 167-188. ISSN 0212-9426. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5035572

La economía, aliada contra la esclavitud

de

Luis Perdices de Blas y José Luis Ramos Gorostiza*

La economía no tuvo buena prensa en el siglo XIX. Pronto los economistas empezaron a ser asociados con la defensa de los salarios de subsistencia, y su mala imagen se afianzó aún más con la aprobación de las leyes de pobres de 1834, que restringían la ayuda a los más desfavorecidos. De hecho, Charles Dickens y su Oliver Twist fueron los arietes de una campaña contra las tesis de Thomas Malthus y sus seguidores. Pero el mayor ataque vino –paradójicamente– de la mano de un firme defensor de la esclavitud, Thomas Carlyle, quien calificó despectivamente a la economía como “ciencia lúgubre” en su Occasional Discourse on the Negro Question (1849). Sin embargo, lo cierto es que ni los economistas de la Escuela Clásica defendieron nunca los salarios de subsistencia, ni tampoco pretendieron dejar en la indigencia a los pobres. Además, desde finales del siglo XVIII la economía suministró argumentos adicionales a una causa tan noble como la abolición definitiva de la esclavitud, complementando los ya muy relevantes argumentos éticos, políticos, religiosos y jurídicos.

En efecto, los economistas, como el fisiócrata P.S. Du Pont de Nemours o los clásicos Adam Smith y John Stuart Mill, condenaron desde un principio la esclavitud por ser la más triste situación en la que podía verse un ser humano: los esclavos llevaban una vida miserable e infeliz completamente a merced de otros. Pero además, intentaron mostrar que la esclavitud no tenía sentido desde el punto de vista económico: un esclavo era generalmente más caro y menos productivo que un trabajador libre, pues no tenía incentivo alguno a esforzarse más allá de lo estrictamente necesario para su mera subsistencia. No obstante, algunos economistas –como John Ramsay McCulloch– plantearon la posibilidad de que pudiese haber una excepción a esta regla en el caso de la esclavitud africana en las colonias antillanas dedicadas al cultivo del azúcar, dadas sus peculiares condiciones climáticas, la extrema dureza del trabajo en las plantaciones, y la facilidad para satisfacer las necesidades básicas en el Caribe.

En España, precisamente, el tardío debate económico sobre la abolición de la esclavitud se centró en discutir si sus colonias caribeñas –Cuba y Puerto Rico– representaban o no un caso excepcional. Hubo tres etapas bien diferenciadas. En la primera, hasta 1864, se debatió sobre todo en torno a la abolición de la trata, pero la institución de la esclavitud como tal no fue generalmente cuestionada. Sólo Ramón de la Sagra y José Antonio Saco se atrevieron a atacarla con argumentos económicos, negando la excepcionalidad cubana: la esclavitud iba asociada a un modelo productivo –de plantación azucarera de grandes latifundios– que tenía unas bases muy frágiles y conducía a deforestación, monocultivo y mono-exportación; además, la mano de obra esclava era incompatible con una agricultura científica y sofisticada.

En la segunda etapa (1864-1870), que arrancó con la constitución de la Sociedad Abolicionista, empezó propiamente el debate económico sobre la abolición de la esclavitud. Los esclavistas puros, como José Ferrer de Couto, se aferraron a la idea de la excepcionalidad caribeña que había apuntado McCulloch, pero añadiendo toques racistas. Entre los abolicionistas gradualistas destacó Francisco Armas y Céspedes, que, pese a aceptar plenamente los argumentos antiesclavistas smithianos y negar la supuesta excepcionalidad de Cuba y Puerto Rico, consideró necesario un amplio periodo de transición a la luz de lo sucedido tras la abolición en las colonias inglesas y francesas. Finalmente, los partidarios de una abolición inmediata fueron los economistas liberales de la Escuela Economista (Félix Bona, Gabriel Rodríguez, Joaquín Sanromá, etc.), que ensalzaron las virtudes del trabajo libre y afirmaron la compatibilidad entre librecambio y abolición; además, analizaron en detalle los casos prácticos de las colonias británicas, el sur de Estados Unidos y Cuba, para mostrar la conveniencia económica de una emancipación inmediata de los esclavos.

Finalmente, la tercera etapa (1870-1886), la del triunfo definitivo de los abolicionistas, se inició con la ley preparatoria de S. Moret. Los argumentos económicos esenciales de los dos bandos ya estaban perfilados desde la etapa anterior y ahora la labor fue sobre todo de difusión. Los esclavistas –como Juan Manuel Manzanedo y Juan Güell– se organizaron para defender sus intereses uniéndolos a los de los proteccionistas y dándoles un marcado color patriótico; asimismo, reclamaron un periodo de transición indefinido como mal menor. Entre los abolicionistas radicales –que aceptaron de mala gana la indemnización a los propietarios de esclavos para acelerar el proceso– brilló especialmente Rafael María Labra, quien reiteró otra vez los argumentos smithianos y volvió a servirse de los ejemplos estadounidense, británico y francés.

Cuando por fin la esclavitud fue abolida en Puerto Rico (1873) y Cuba (1886), culminó un largo y tortuoso proceso en el que los economistas, representantes de la supuesta “ciencia lúgubre”, habían desempeñado un papel destacado. Sus argumentaciones, entretejidas con las razones morales, religiosas, jurídicas y políticas, habían contribuido a derribar definitivamente una abominable institución que llevaba arraigada durante siglos.

Para mayor información:

PERDICES DE BLAS, Luis; RAMOS GOROSTIZA, José Luis. La economía política de la esclavitud: los argumentos económicos del debate abolicionista español del siglo XIX. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1 de junio de 2017, vol. XXI, nº 567 [ISSN: 1138- 9788].Disponible en: <http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/19189>

* Luis Perdices de Blas y José Luis Ramos Gorostiza son, respectivamente, catedrático y profesor titular de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid, UCM (España).

La integración: objetivo educativo de cohesión social

de

Felipe García Ballester*

“La Educación, más que cualquier recurso de origen humano, es el gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la maquinaria social” Horace Mann

Resulta una obviedad reconocer que la educación ha sido y es la base de cualquier sistema social, dirigiendo desde el principio de la humanidad el devenir de los pueblos, a la vista está que el desarrollo de la educación en una sociedad incide de forma directa en la igualdad de los individuos que la forman.

No pretendemos entrar en el debate de si la educación actual debería ser más inclusiva, tan sólo reflejaremos la experiencia que en nuestro municipio, a lo largo del último año, estamos llevando a cabo a través del PROGRAMA ECOINTEGRA. Luego el lector podrá obtener sus propias conclusiones sobre los sueños de la integración social.

ECOINTEGRA nace con la implantación del Proyecto EcoRiba en el municipio de Riba-roja de Túria, como todo en la vida objeto de una mezcla de necesidad y oportunidad. El consistorio pretendía dar un impulso a la recogida selectiva en los edificios municipales y en los centros escolares del municipio, para plantear la distribución de puntos de recogida de las diferentes fracciones, los cuales deberían ser recogidos de forma separada y trasladados al Punto Limpio de la población. Es entonces cuando se plantea que podría ser interesante que el Centro Ocupacional de la Comarca, cuyas instalaciones están en Riba-roja de Túria, pudiera ser, a través de sus alumnos, los ejecutores de esta tarea.

Tras una serie de contactos entre las administraciones y la firma de un Convenio de colaboración se consiguió marcar el punto de inicio de ECOINTEGRA pasando a elaborar y desarrollar el programa de trabajo, que se desarrolla tras el discurrir de las siguientes etapas o acciones.

1.- Etapa formativa: Esta primera acción consiste en la incursión en el curriculum formativo del Centro Ocupacional de una función semanal de integración socio-laboral a través de la cual se desarrollará el programa.

Esta primera etapa se subdivide en diferentes pasos. Por una parte, la elección de los alumnos que participaran en ECOINTEGRA, en esta fase se valora la habilidad de cada uno para el desarrollo de las tareas que se van a encomendar. Ello genera una enseñanza de los trabajos a realizar, aquí incluimos tanto el aprendizaje de las diferentes fracciones de recogida selectiva como los itinerarios que los grupos de trabajo seguirán en el desarrollo de su labor por el municipio. Por último, la formación de los grupos de trabajo, es fundamental equilibrar los grupos para que puedan ser capaces de desarrollar las tareas de forma autónoma.

2.- Etapa coordinativa: Es necesario que previamente al inicio del programa se dé a conocer al personal de los puntos de recogida el programa ECOINTEGRA. En esta fase se explicará el desarrollo de las acciones llevadas a cabo así como los horarios y días de recogida.

Después del proceso formativo y coordinativo, se puso en marcha ECOINTEGRA con los alumnos del Centro Ocupacional y los resultados no tardaron en llegar, tras un año de funcionamiento de ECOINTEGRA, se han logrado de una forma clara y evidente los siguientes objetivos.

  • Los alumnos del Centro consiguen realizar las tareas encomendadas de forma autónoma, aumentando en gran medida su independencia.
  • De forma natural se ha aumentado la relación social de los alumnos del Centro Ocupacional, fomentando así su integración.
  • Están ejemplarizando con su labor de recogida selectiva a funcionarios y escolares, hecho que ha producido un aumento considerable de los residuos reciclables que se recogen.

ECOINTEGRA pretende, como autoridad local, participar activamente englobándose dentro del cumplimiento de la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las necesidades educativas especiales.

Alumnado del Centro Ocupacional realizando las tareas de recogida selectiva. A través de estas acciones se hace efectiva la máxima “Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades” Robert M. Hensel
Alumnado del Centro Ocupacional realizando las tareas de recogida selectiva. A través de estas acciones se hace efectiva la máxima “Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades” Robert M. Hensel

Dicha Declaración en su artículo 55 manifiesta la necesidad de aplicar una labor formativa que fomente la “preparación para la vida adulta….” A partir de proyectos integradores de colaboración, a saber: “… Estas actividades deberán llevarse a cabo con la participación activa de los orientadores profesionales, los sindicatos, las autoridades locales y los diferentes servicios y organismos interesados.” (DECLARACIÓN DE SALAMANCA Y MARCO DE ACCIÓN PARA LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. UNESCO, 1994, art. 55.)

Para mayor información:

MORALES HERNÁNDEZ, Antonio José y GARCÍA BALLESTER, Felipe. EcoRiba: plan de dinamización de Riba-roja de Túria a través del paisaje en CALVO, Ricard; BOU Mónica y PORTET, Jaume. Desarrollo local sostenible y empleo verde. Valencia, Neopàtria, 2016, pp.133-144. Disponible en: <http://neopatria.es/es/cataleg/llibre/desarrollo-local-sostenible-y-empleo-verde/>

Felipe García Ballester:

  • Vicecoordinador del proyecto EcoRiba.
  • Técnico de Medio Ambiente del Ayto. de Riba-roja de Túria. fgarcia@ribarroja.es. ecoriba@ribarroja.es

Las telecomunicaciones en la era de la revolución digital

de

Ángel Calvo (UB)

Nos ha tocado vivir en un mundo donde ‘todo’ está digitalizado. Parafraseando a Gidion (1948) cuando hablaba de la mecanización, podríamos decir que ‘la digitalización toca a rebato’.

Entendemos la digitalización como la capacidad de utilizar tecnologías digitales para generar, compartir y procesar información. Para que tenga un impacto significativo, debe ser ampliamente adoptada en la sociedad, integrada en el proceso de entrega de bienes y servicios y también basada en la prestación de servicios públicos.

Parece universalmente admitido que la revolución digital influye por partida triple en la economía, la sociedad y los poderes públicos. Afecta a la economía en todos sus sectores y en sus facetas de crecimiento del PIB, del empleo y de la innovación. Atañe a la sociedad en los aspectos de inclusión e igualdad social, excedente del consumidor, acceso a la información y a servicios básicos y participación política. Finalmente, concierne a los gobiernos en lo tocante a la calidad y el hecho de la educación, calidad y producción de salud, la eficiencia de la administración pública y la entrega de información pública a los ciudadanos (Katz, 2016, págs. 4-5).

En la era de la globalización, el sector de las telecomunicaciones no podía escapar a estos choques de la digitalización y a transformaciones en profundidad. Precisamente, en el año 2016, el Foro Económico Mundial abordó la forma en que las telecomunicaciones afrontan estos cambios y elaboró el Libro Blanco que se centraba en las siguientes áreas: modelos de negocio digitales; modelos digitales de funcionamiento; talento digital y competencias y métricas de tracción digital. El informe atribuye a la industria de telecomunicaciones un papel crítico en las transformaciones en nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar que trae consigo la fusión de tecnologías que está borrando las líneas entre las esferas biológicas, físicas y digitales en lo que se ha denominado la cuarta Revolución Industrial (World Economic Forum, 2017, p. 4; Schwab, 2016).

¿Pero qué hay de la desigualdad geográfica y social con que estos fenómenos se plasman? ¿Qué valoración merece esa cuarta Revolución Industrial a los millones de hambrientos en el mundo de hoy, a esos millones de refugiados que carecen de lo necesario?

Esas capas desfavorecidas de la población mundial pechan con los efectos de los errores de malas políticas aplicadas y de decisiones empresariales equivocadas. El pasado pasa factura de forma ineludible. Por tanto, el pasado es un componente obligatorio que conviene analizar para explicarse el mundo de hoy y encontrar posibles elementos de respuesta a la situación presente en sus más agudos contrastes.

Si centramos la atención en uno de los grandes conjuntos regionales del mundo, apreciamos que los países de América Latina presentan un comportamiento variopinto en el nivel individual de digitalización, el llamado índice de digitalización: muchos países se sitúan en la etapa avanzada y otros en las etapas limitadas o emergentes. Planes nacionales lanzados entre 2008 y 2011 en diversos países hicieron crecer de forma notable el índice de digitalización. Así sucedió en Chile con la Agenda Digital (2008), en Uruguay con el Plan Ceibal (2009), en Colombia con la creación de MinTIC y el lanzamiento del Plan Vive Digital (2011) y en Brasil, con el Plan Nacional de banda ancha (2011).

De la misma manera, el ritmo de la digitalización varía notablemente, como también lo hace la forma en que se vinculan la digitalización y el desarrollo económico. En los países del área conviven el crecimiento simultáneo con la digitalización y el desarrollo económico, la fuerte incidencia de la digitalización sobre el desarrollo económico y el nulo peso del crecimiento económico sobre la digitalización.

Si nos preguntamos por las razones de ese panorama variopinto, intuitivamente pensamos en factores diversos. Especialistas en la materia señalan como componente clave la política y las instituciones (Katz, 2016, págs. 4-5). Política e instituciones nos remiten a procesos desarrollados a lo largo del tiempo en un sector considerado, además, como de trayectoria dependiente, un concepto muy caro a la economía evolutiva, encabezada por Nelson y Winter (1982). Ambas apuntan, igualmente, al marco nacional en que desarrollan los procesos y al mundo de la empresa donde se definen las estrategias orientadas a una conquista del mercado mundial. Nos situamos, así, en el terreno de las obras que han servido de punto de partida a esos comentarios y apelamos a las telecomunicaciones en un mundo global y al comportamiento empresarial.

En España, el vertiginoso cambio tecnológico, la transformación del marco regulatorio y la apertura de los mercados han ido acompañados de una metamorfosis de gran calibre en la empresa por antonomasia de las telecomunicaciones. El monopolio semipúblico de las telecomunicaciones, antaño filial del gigante norteamericano IT&T, inició una trepidante carrera internacional al integrarse en numerosas organizaciones del sector, insertándose como titular de un holding industrial en el mercado mundial de equipo y fraguando acuerdos estratégicos con multinacionales hasta convertirse en una empresa global “multidoméstica” que prestaba el servicio telefónico en numerosos países. Latinoamérica fue el escenario privilegiado de esa expansión internacional. A su vez, Telefónica dejó de ser un monopolio semipúblico para convertirse en una empresa privada que operaba en un mercado en competencia. Esa aventura de la internacionalización, una historia de éxito no exenta de gran riesgo, solo posible gracias a una conjunción de factores geopolíticos, técnicos y humanos.

Referencias

Katz, Raul, “Digital Prosperity, A Global View”, 2016 Strategic Innovation Symposium Digital Life in Latin American Cities, Technology and Entrepreneurship Center, Harvard, 2016, pp. 4-5.

Lanuza, María José, “Lessons from Davos: digitalization is all around”, Public Policy Newsletter, 1/2/2017.

World Economic Forum, White Paper on Digital Transformation Initiative–Telecommunications Industry, 2017.

Schwab, Klaus, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Ginebra, 2016.

Para mayor información:

CALVO, A., Historia de Telefónica: 1976-2000. Las telecomunicaciones en la España democrática, Ariel/Fundación Telefónica, Barcelona, 2016.

Dis­po­ni­ble en:

http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/560/

CALVO, A., Telecomunicaciones y el nuevo mundo digital en. España: la aportación de Standard Eléctrica, Ariel / Fundación Telefónica Barcelona-Madrid, 2014.

Dis­po­ni­ble en:

http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/266/

Cando os políticos son un obstáculo para a mellora da calidade de vida

de

Xosé M. Souto González (Universitat de València, Instituto de Estudos Vigueses)

O continuo retraso en pór en servizo a área metropolitana de Vigo subliña a incapacidade dos políticos locais e autonómicos para chegar a un acordo que permita mellorar a vida dos veciños das Rías Baixas. Desde finais do século XX temos elaborado informes a instancias das institucións locais, provinciais e autonómicas para mostrar a incidencia da creación de servizos metropolitanos na mellora da mobilidade, a sanidade, educación e servizos sociais, sen considerar aínda o pulo do dinamismo económico no ámbito particular, como é no ámbito do comercio e turismo.

Pero as diferenzas entre os poderes locais, encarnados nos alcaldes ou concelleiros non facilitou o labor, pese a que os alcaldes da Mancomunidade da Área de Vigo declaran no ano 2000 “a nosa vontade firme e unánime de camiñar cara á creación DA ÁREA METROPOLITANA DE VIGO. Os alicerces do proceso que agora comezamos ciméntanse sobre a fonda interrelación que manteñen os cidadáns deste espazo territorial, sobre o convencemento político de que constituímos un verdadeiro feito metropolitano e sobre a firmeza institucional que nos outorga a representación de preto de cincocentos mil galegos”.

O certo é que as diferenzas entre grupos políticos e persoas que representaban as corporacións locais impediu que o municipio máis dinámico demográficamente (como é Ponteareas) non aparecera na proposta inicial. E que tampouco se tivera en conta a área de influencia de Pontevedra, para crear una verdadeira rexión metropolitana na escala europea e ibérica. Debemos coñecer que entre as áreas de Vigo e Pontevedra alcánzanse os 800.000 habitantes.

A miopía ou a escasa sensibilidade manifestada polos políticos locais aumenta no caso da Xunta de Galicia, que ten recoñecida por Lei a posibilidade de constituír áreas metropolitanas (lei 5/1997 de Administración Local de Galicia). A incapacidade de xestionar as propostas políticas presentadas no parlamento, por exemplo no ano 2006 polo BNG, mostra unha incompetencia de difícil xustificación. Unha incapacidade que se disfraza de liortas políticas, cando as máis das veces son de personalismo.

Finalmente cando nos anos 2015/16 parecía que o camiño empezaba a ser construído chega o enfrontamento persoal do alcalde de Vigo (Abel Caballero) co presidente da Xunta de Galicia (Alberto Núñez Feijóo) que racha co posible desenvolvemento da área e cun proceso xudicial que frustra as expectativas da poboación e de numerosos grupos políticos e institucionais da zona sur galega. En xaneiro de 2017 todos os días podemos ler nos xornais locais algunha noticia que nos remite ao conflito político, que xa está na esfera xudicial.

O enfrontamento dos egos sen dúbida acocha una estratexia política, pois se pretende definir un novo modelo de ordenamento territorial, moi parecido ao que se quixo facer coa delimitación comarcal do período 1997/98. Uns intereses políticos que revela a dificultade de que desapareza o poder territorial dos 313 municipios, onde os partidos crean as súas infraestruturas de poder clientelar.

No fondo existe unha fonda falta de sensibilidade polos problemas da poboación, que podería ver mellorado o transporte público interurbano, que facilitaría a reordenación dos servizos públicos de sanidade, educativo e de servizos sociais, sobre todo nunha poboación que ten un elevado nivel de avellentamento.

O enfrontamento dos egos políticos leva aparellada unha definición errónea do problema que se quer solucionar. A disputa pola competencia territorial (rei versus virrei) implica que a análise da situación resida en quen ten o poder para criar unha área metropolitana e gobernar. Cando os problemas son outros. Por exemplo cómo evitar ter que comprar dous billetes diferentes de autobús ou tren/bus cando é o mesmo desprazamento de casa ao traballo, cando se ten que utilizar a auga dunha presa metropolitana (exemplo do río Oitavén) ou cando se necesita planificar a oferta de estudos profesionais dos ciclos de grao superior. Parece que para iso é máis fácil adoptar a xestión en forma de consorcios entre entidades públicas, para o que non hai que “descubrir” nada novo, nin tampouco criar un ente a priori coas fronteiras ben claras para orgullo e satisfacción do señor territorial.

Os problemas das persoas son obviamente humanos e non territoriais. Non dependen das fronteiras, senón da xestión que se realice sobre o territorio e o espazo social. A reivindicación dun territorio local como lugar de dominio xa foi utilizado polas ditaduras do século XX para transformar os sentimentos dos espazos vitais en territorios de conquista política. E todos sabemos das súas consecuencias. Ou, ao mellor, os políticos locais e autonómicos de Vigo e Galiza ignoran os feitos do pasado. En calquera caso, lamentable situación.

Para saber máis:

SOUTO GONZÁLEZ, Xosé M. (coordinador). Áreas metropolitanas galegas, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2009

QUIÉN TEME A LA GENTRIFICACIÓN?

de

Oriol Nel·lo

Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

oriol.nello@uab.cat

El movimiento asociativo de un barrio se esfuerza por mantener la vida cultural, las fiestas populares, las relaciones entre los vecinos. Esto lo convierte en un lugar dinámico y placentero, al que numerosas personas quieren ir a vivir. La atracción se refleja en los precios de la vivienda y al cabo de los años los hijos de aquellos que habían protagonizado la vida asociativa ya no pueden permitirse residir allí.

En otro barrio, ubicado en la periferia, los vecinos reclaman desde hace tiempo transporte público. Finalmente llega el metro y el barrio es ahora mucho más accesible que antes. Familias que nunca habrían pensado residir en este área ahora se lo plantean. Los precios de la vivienda y los locales suben. El barrio, más accesible en términos de movilidad, deviene menos asequible en términos económicos.

Un tercer barrio carece de equipamientos. Después de no pocas batallas, las administraciones públicas terminan instalando un centro de asistencia médica y reformando la escuela. Las condiciones de vida mejoran rápidamente y el barrio es ahora un lugar más atractivo. Pero un barrio mejor equipado suele ser más caro. Las familias que viven en alquiler sufren por la subida que se puede producir cuando se les acabe el contrato.

Los tres ejemplos, que podrían proceder de cualquiera de nuestras ciudades, plantean la misma contradicción: mientras exista el mercado del suelo y la vivienda, cualquier mejora que se produzca en la ciudad tendrá repercusión sobre los precios inmobiliarios. Como es sabido, los precios actúan como un filtro que condiciona la capacidad de los individuos y las familias a la hora de elegir el lugar de residencia, de tal forma que los grupos sociales tienden a verse separados en la ciudad según su capacidad de licitar en el mercado.

Esta tendencia hacia la segregación social, que es consustancial al proceso de urbanización capitalista, genera grandes diferencias en la renta media de los diversos barrios de la ciudad. En ocasiones, el proceso de segregación se concreta a través del reemplazo de la población de bajo nivel de renta de un barrio por otra más acomodada: desde hace unos años este fenómeno específico tiende a denominarse con el vocablo anglosajón gentrificación (de gentrification, que tal vez podría traducirse por aburguesamiento o elitización).

De manera nada sorprendente, el término ha ganado presencia destacada en el debate público de los últimos tiempos. En una situación de crecientes desigualdades sociales y de dificultades de acceso a la vivienda, las tensiones asociadas a la segregación urbana lógicamente se agravan. El fenómeno tiende a hacerse general: empresas, fondos de inversión y particulares parecen haberse hecho conscientes de las ganancias potenciales que pueden derivarse de los incrementos de la renta urbana derivadas de la gentrificación.

Bien es verdad que la cuestión no se plantea con la misma intensidad en todas las ciudades. Una diferencia fundamental deriva del régimen de tenencia prevalente. Si la mayoría de las personas viven en vivienda de alquiler privado de renta libre, las posibilidades de que la mejora de un barrio acabe comportando procesos de desplazamiento resultan bastante elevada. En cambio, si la mayoría de las personas viven en régimen de propiedad, la mejora redunda en principio en un incremento del valor de su patrimonio y el proceso de desplazamiento es más lento o inexistente.

Sea como sea, la gentrificación es una amenaza real que no puede ser ignorada y afecta de manera evidente algunos barrios de nuestras ciudades. Esta situación podría llevar a la paradoja de hacer indeseables o sospechosas las mejoras urbanas: los vecinos deberían dejar de reclamar o defender las zonas verdes (de hecho, ya hay quien afirma que green is the new white), las administraciones no deberían mejorar los transportes, los servicios y los equipamientos (ya que esto altera la renta urbana), los turistas y los inmigrantes no serían bienvenidos (porque se suman a la demanda residencial y esto tiene incidencia sobre los precios). Llevando el razonamiento al extremo, tanto los movimientos urbanos que pugnan por mejorar las condiciones de vida como las administraciones que quisieran llevar a cabo políticas transformadoras se encontrarían atenazados por esta contradicción y abocados a la impotencia.

La salida del atolladero se encuentra, claro está, en la reducción de las desigualdades sociales, obstáculo principal al goce del derecho a la ciudad (y de muchos otros derechos). Para ello, son necesarias políticas fiscales, laborales y sociales de escala nacional e internacional. Pero las políticas urbanas pueden contribuir también tanto a reducir las desigualdades como la segregación. Para hacerlo, deberán incidir en la otra variable de la ecuación: la regulación del mercado del suelo y la vivienda. Por un lado, es necesario promover vivienda pública y protegida en todas las áreas de la ciudad, en particular, aquellas que son objeto de renovación urbana. Por otro, resulta imprescindible incrementar la propiedad colectiva del suelo, ya sea a través de mecanismos de tenencia cooperativa o comunitaria, ya sea a través de la progresiva municipalización del suelo, en particular del suelo urbanizable.

Para hacer frente a los riesgos asociados a la segregación, las actuaciones de mejora urbana deben ir inseparablemente unidas a la voluntad de gobernar las transformaciones en beneficio de la colectividad. Si las mejoras urbanas tienen efectos sobre los precios inmobiliarios, en vez de caer en la impotencia y resignarnos a vivir en condiciones de vida deficientes por temor a la gentrificación, regulemos el mercado. La transformación -tan radical como sea necesario- de la ciudad y de la sociedad no puede ser otra cosa que el resultado de un proceso: un avance progresivo, conseguido a través de muchas luchas y victorias parciales, más que la consecuencia de una solución final, instantánea y taumatúrgica. Recordémoslo. No fuera que la desconfianza en nuestras propias fuerzas nos redujera a la crítica estéril o la inacción resignada.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Francesco Indovina & Oriol Nel·lo (2017). «Gentrification: Disaster, necessity, opportunity? Notes for a critical use of the concept», in Abel Albet & Núria Benach (eds.), Gentrification as a global strategy. Neil Smith and beyond, Abingdon-on-Thames: Routledge. (forthcoming)

Emancipación residencial y crisis en España: desigualdades por género y edad.

de

Antonio Echaves* y Carlos Echaves**

El ingreso de los jóvenes a la edad adulta puede definirse a partir de la configuración de un proyecto vital autónomo y la institución de un nuevo hogar en una vivienda independiente. En mencionado proceso, la emancipación residencial debe entenderse como un elemento constitutivo necesario. Este tránsito hay que contextualizarlo, no obstante, en el marco de una modernidad generadora de constantes incertidumbres, donde la inicial emancipación residencial no siempre implica la emancipación familiar completa ni supone la consecución de un hogar independiente definitivo, evidenciando así, la ‘no linealidad’, en nuestro país, de las trayectorias del fenómeno en cuestión.

Según la Encuesta de Población Activa, en España, el porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que viven fuera del hogar de origen respecto del total de personas de su misma edad (tasa de emancipación residencial), aumenta en torno a 10 puntos desde comienzos de la década de los 2000 hasta el año 2008 (29,5%), momento a partir del cual se produce un continuo descenso hasta alcanzar 22,4% en 2015. Se puede afirmar, por tanto, que la crisis iniciada en 2008 ha frenado la tendencia, desde el 2001, de disminución de jóvenes residencialmente dependientes. Empero, la proporción de jóvenes que se emancipa del hogar de origen no ha decrecido desde 2008 con la misma intensidad con la que había aumentado durante el periodo 2001-08.

En relación a la evolución de la emancipación según género, las diferencias son evidentes. Es cierto que para mujeres y hombres, y en evolución, la tasa tiene un comportamiento muy similar: aumento progresivo hasta el año 2008 y descenso hasta el 2015. Sin embargo, en todos y cada uno de los años la tasa de emancipación de las primeras es mayor. Estos datos confirman que son las mujeres jóvenes las que abandonan antes el hogar familiar. Ello podría deberse a la mayor incidencia del desempleo en los hombres y a las expectativas de las mujeres en formar una familia a una edad más temprana.

Algunas investigaciones han constatado que el abandono del hogar familiar a edades más tempranas se produce a pesar de la mayor precariedad laboral, especialmente de aquellas mujeres con menor formación y menor cualificación, emancipándose con la perspectiva de formar una pareja y posteriormente una familia. Existiría así, un comportamiento diferencial ante el abandono del hogar de origen asociado a los roles de género.

Tasas de emancipación y principalidad de los jóvenes de 16 a 29 años según género. España, 2001-2015.
Tasas de emancipación y principalidad de los jóvenes de 16 a 29 años según género. España, 2001-2015.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA-INE (datos al II trimestre).

Los hombres retrasarían en mayor medida el momento de la emancipación residencial hasta alcanzar una mayor estabilidad económico-laboral, lo que se traduciría en mayores tasas de principalidad, al menos hasta 2009-10. Entonces, ¿sería apropiado hablar de cierta ‘emancipación dependiente’ femenina? No hay que olvidar que en la actividad laboral de las jóvenes, los valores sexistas, la falta de una igualdad real de oportunidades y menores salarios, siguen hoy en día vinculados al menor coste de oportunidad que para ellas supone abandonar el mercado laboral.

Pese a lo establecido, no debe obviarse el proceso según el cual la proporción de mujeres sustentadoras principales del hogar ha aumentado en los últimos años, lo que indicaría el cambio hacia una emancipación femenina menos dependiente. A partir de 2010 las tasas de hombres y mujeres se igualan, como consecuencia del descenso de la proporción de hombres ‘persona de referencia’ y el mantenimiento de la de mujeres. La tasa de principalidad del total de jóvenes de 16 a 29 años aumenta desde 2001 hasta el 13,5% en 2009, momento en el que tiene lugar un descenso hasta situarse en el 11% en 2015. Este descenso podría deberse a un hecho demográfico constatado: la disminución del contingente juvenil, pero también a la menor formación de hogares jóvenes como consecuencia de la caída, a partir de 2008-09, de las tasas de emancipación. Además, no podemos pasar por alto la vuelta de muchos jóvenes-adultos españoles, los denominados ‘boomerang kids’ que, a causa de la crisis, han regresado al hogar de origen después de haber perdido el empleo y vivido una etapa por cuenta propia.

Respecto a la evolución de la proporción de jóvenes emancipados según edad, desde 2001 y hasta 2008, aumenta en todos y cada uno de los grupos. A partir 2008-09 se produce un descenso del porcentaje de emancipados, momento en el que se inicia la crisis económica. No obstante, se trata de caídas no tan destacables, en especial para los grupos de mayor edad. Para el grupo de 20 a 24 años la actual situación económica parece tener un impacto mayor en sus tasas de emancipación, pero en cualquier caso, son cifras que podrían sugerir que los efectos de la crisis económica sobre el abandono del hogar familiar no han modificado de manera tan relevante las tendencias de las trayectorias emancipatorias de los jóvenes españoles, tal y como cabría esperar a priori.

Tasas de emancipación de los jóvenes por grupos de edad. España, 2001-2015


Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA-INE (datos al II trimestre).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA-INE (datos al II trimestre).

Los datos del gráfico anterior confirman que son las generaciones más jóvenes las que tienen una mayor dificultad para emanciparse, y esto sucede antes y durante la crisis, por lo que su mayor vulnerabilidad nos habla de una realidad estructural que precede a aquella.

Para mayor información:

ECHAVES, Antonio y ECHAVES, Carlos. El acceso al mercado de vivienda en España en el actual contexto socioeconómico: jóvenes, emancipación tardía y desigualdad residencial. Proyectos sociales, creativos y sostenibles. Asociación Castellano Manchega de Sociología, 2013, p. 93-108.

* Antonio Echaves es Doctor en Sociología, Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro de Sociología y Políticas Locales de La UPO.

** Carlos Echaves es Doctorando en Sociología, Investigador FPI en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y Colaborador Honorífico del Departamento de Sociología II de la UCM.