Policentrismo y FUA: ¿una solución para las regiones de baja densidad demográfica?

Julio José Plaza Tabasco (*)

La crisis demográfica y las dificultades financieras de las administraciones públicas nos sitúan en un intenso debate sobre cómo garantizar el bienestar de los ciudadanos y hasta qué nivel se definen los servicios públicos en el territorio. Son problemas que comprometen el futuro de las regiones de baja densidad en mayor medida y a más corto plazo que lo que acontece en las regiones más urbanizadas, donde las mismas preocupaciones son compensadas por la concentración humana y de capital. La solución implica revisar los modelos de ordenación territorial y formular nuevas visiones espaciales, entre las que destacan el policentrismo y las áreas funcionales urbanas (FUA, del inglés Functional Urban Area), si bien conllevan importantes desafíos y reservas relacionadas con las tradiciones culturales sobre la planificación y la capacidad y forma de gobierno.

En absoluto debemos circunscribir los términos policentrismo y FUA a las regiones más urbanizadas. Bajo el dinamismo social, económico e informacional que ofrecen algunos conjuntos de ciudades, y que genera fuertes ligazones entre ellas, existe un componente gubernamental que lo garantiza mediante las políticas públicas y la inversión en infraestructuras. En las regiones de baja densidad, periféricas o dependientes de espacios centrales, también es posible la existencia de modelos policéntricos y de ámbitos funcionales que fortalezcan las conexiones urbano-rurales y hagan frente a las debilidades demográficas y de sostenibilidad de los servicios públicos además de un desarrollo territorial sostenible, como defiende el acervo comunitario europeo desde la aprobación de la Estrategia Territorial Europea en 1999. En este sentido, el enfoque ascendente de desarrollo rural LEADER y la apuesta por el policentrismo en varias comunidades autónomas españolas, demuestran que esta nueva realidad es posible.

Para conseguirlo, es necesario reconocer el papel articulador y determinante de las ciudades medianas y pequeñas en la cohesión territorial, y asumir en muchos casos sus características rurales. Su concepción exige iniciarse en dos aspectos: por un lado en la deconstrucción, por supuesto académica, del sistema político-administrativo vigente, dominado en muchas ocasiones por estructuras administrativas regionales y/o provinciales excesivamente jerárquicas, o influenciado por sistemas urbanos externos, ajenos a las necesidades de las regiones de baja densidad ante la ausencia de mayor coordinación. Por otro lado, es preciso promover nuevas formas de interpretar el espacio regional, que se hace flexible cuando analizamos los movimientos de población y las complementariedades entre núcleos urbanos. En muchos casos, estas visiones afloran tras análisis estadísticos y trabajo de campo sobre los vínculos por motivos laborales, de estudio, o por razones de identidad como es el desplazamiento a segundas residencias en el medio rural desde los ámbitos más urbanos. Así se puede observar en Castilla-La Mancha (España), comunidad autónoma situada en el centro peninsular y al sur de la capital de España, Madrid, con una población de 2.031.479 hab en 2017 y una extensión de casi 80.000 km2, que arroja una bajísima densidad de 25,6 hab/km2. Bajo su espacio formado por cinco provincias (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) se descubren hasta diez FUA con características y dinámicas propias.

Estas nuevas arquitecturas de los sistemas territoriales no rompen de forma violenta la ordenación tradicional, sino que la complementan. La identificación de algunos núcleos urbanos como “centros” o “subcentros” genera un espacio-red que aporta el dinamismo informacional y la estructura de servicios (públicos) necesaria en cada FUA para contrarrestar la baja densidad demográfica, la debilidad de las ligazones, o la dependencia de otros sistemas. Pero la forma de esta red nodal no completa ni configura el sistema, sino que es la función de cada núcleo la que aporta sentido al conjunto. Esta función crece y se desarrolla a partir de los activos que forman el territorio y sus diversos patrimonios, especialmente el capital social y su capacidad de relación. Todo ello se potencia con nuevas economías como el turismo, o mediante empresas de base social y otras formas de emprendimiento, e incluso con la participación del Tercer Sector, muy significativa en servicios sociales y ambientales, donde las administraciones públicas son siempre deficitarias.

Figura: El modelo policéntrico y de FUA de Castilla-La Mancha a partir del análisis de centros y subcentros y población vinculada.

Fuente: Pillet y Cañizares, 2017: 110
Fuente: Pillet y Cañizares, 2017: 110

Siguiendo este enfoque ascendente, si la definición de estructuras policéntricas y FUA genera coherencia, homogeneidad y cohesión interna en cada una de ellas, a nivel del desarrollo regional permite una clarificación mayor de las problemáticas y de las prioridades que se deben acometer en cada ámbito subregional para asegurar la competitividad y la cohesión territorial, en coordinación con otras estructuras supramunicipales como las provincias y/o mancomunidades. Así se ha constatado también en Castilla-La Mancha, donde las distintas realidades subregionales o de cada FUA precisan tratamientos específicos.

Nos encontramos, por tanto, en un momento de encrucijada en muchos territorios dependientes, periféricos, o de baja densidad, que no tienen por qué considerarse como espacios perdedores o en vías de su desertización. El policentrismo y las FUA representan alternativas que impregnan los nuevos discursos territoriales, sobre los que debemos reflexionar considerando la urgencia de la situación.

Para mayor información:

PILLET, Félix y CAÑIZARES, Mª Carmen (Coords.). Policentrismo y áreas funcionales de baja densidad. Madrid, Editorial Síntesis, 2017.

* Julio José Plaza Tabasco es profesor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha

Pequeñas poblaciones en la frontera norte de México

Todos podemos decir algo sobre las ciudades. Y, aunque no seamos especialistas, sabemos cuando estamos en una, y también sabemos hablar de sus vicios y virtudes. Sin embargo, cuando nos preguntamos sobre sus orígenes y circunstancias en el tiempo –lo mismo azarosas que intencionadas– parece necesario abandonar los prejuicios y empezar a considerar sitios o lugares que no es tan obvio referir como verdaderas ciudades. Y con esto no solamente puede uno referirse al tamaño, al número de población o a la altura y cantidad de construcciones, sino a otra cosa distinta: la posibilidad de considerar la huella de la ciudad cuando encontramos, por lo general en pleno campo, proyectos que por una u otra razón no prosperaron, no ganaron relevancia, o simple y sencillamente nunca pensaron en convertirse en tales.

Para comprender mejor las ciudades de la frontera norte de México requerimos conocer el origen de muchas pequeñas poblaciones, durante el periodo de construcción del Estado nacional moderno. Al respecto, es interesante examinar las circunstancias de afianzamiento de cuatro nuevas poblaciones establecidas durante el siglo XIX en el norte de Chihuahua, México: Guadalupe de los Nobles, Ascensión, Hidalgo y Villa Ahumada. Se explican, pues, las estrategias que puso en práctica el régimen borbónico de España en el Septentrión de Nueva España o, más específicamente, en el norte de la Nueva Vizcaya. Puede apreciarse la idea de planeación urbana prevaleciente, los conflictos en torno a su implementación y su situación en momentos específicos (número de habitantes, construcción de casas e iglesias, y obras en canales de riego).

Las estrategias de establecimiento del periodo se inspiraron en las prácticas del siglo anterior. La red de asentamientos se propuso con varias finalidades: protección de caminos para asegurar correspondencias con Nuevo México y tráfico de mercancía, contención de las incursiones de indios, fomento del poblamiento para impulsar la industria de los lugares. Los sitios indicados se repitieron en los sucesivos planes que llegaron hasta la década de 1860, ya en el periodo mexicano. Fueron importantes los planes de 1836, dos del año 1848 –uno de ellos reflejaba la idea de la nación, mientras que el otro las consideraciones de los chihuahuenses–, otro plan de 1864 elaborado por un coronel, y el de 1869 impulsado por el Estado mexicano.

Otro aspecto tiene que ver con la concepción de centros de población habitados por civiles, pero apoyados durante los primeros años de establecimiento por escuadras militares (soldados presidiales). Y la concepción del modelo de dicho asentamiento con base en ideas reunidas en las Recopilaciones de Leyes de Indias, que constituía el conjunto más completo y conocido de reglas y disposiciones. Además de las consabidas reglas para trazar manzanas y calles en cuadros, merece destacarse la idea del ejido como tierra exterior al sitio de las casas construidas. Entre otros elementos, los dos aspectos anotados permiten considerar bajo una luz nueva la serie de pequeños intentos para consolidar los centros de población mencionados. En el caso de Guadalupe de los Nobles es interesante advertir que las mediciones definitivas del ejido se retrasaron hasta la primera década del siglo XX. Para el caso de la colonia Ascensión, el plan se origina como una modalidad de repatriación de nuevo mexicanos hacia el territorio chihuahuense. Un ejemplo relativo a la colonia Hidalgo, hace emerger los antecedentes del siglo XVIII de la villa San Juan Nepomuceno, por lo cual se aprecian los conflictos con nuevas modalidades de asentamiento que entraban en pugna con los planes fraguados décadas antes. Finalmente, también Villa Ahumada obliga a rebuscar en los antecedentes de los asentamientos más viejos: la labor de Moctezuma y el presidio de San Fernando de las Amarillas del Carrizal, para entender que el trazo se dio en términos de un fraccionamiento del ejido.

En los cuatro ejemplos estudiados se ha recurrido a información resguardada en archivos municipales y estatales; también se hicieron exploraciones físicas en los sitios, con la finalidad de contrastar lo que sugieren los documentos de época con los vestigios o permanencias en los lugares.

Todo lo anterior es importante tenerlo en cuenta, cuando se advierte que una importante parte de la historiografía mexicana ha enfatizado la aparición de nuevas modalidades de asentamiento durante el periodo porfiriano (1880-1910, aproximadamente). Y también porque en la frontera sur de Estados Unidos tomaron lugar muchas “boom towns”, como se señala en la historiografía del Southwest. Ambas visiones obligan a reconsiderar las ideas que tenemos sobre los orígenes de muchas nuevas poblaciones.

Para mayor información:

GONZÁLEZ MILEA, Alejandro. Persistencia del ordenamiento territorial borbónico en el norte de México en el siglo XIX:Nuevas poblaciones del norte de Chihuahua. Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 5 de julio de 2016, Vol. XXI, nº 1.164. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-1164.pdf>. [ISSN 1138-9796].

La costa mediterránea española: un retiro no tan dorado

Joan Carles Membrado*

En 2014, por primera vez desde 1990, se observa un descenso a nivel estadístico en el número de retirados de alto poder adquisitivo que dedicieron instalar su residencia en la costa mediterránea española, cuyo volumen era cercano a las 450.000 personas en 2012.

El 95 por ciento de los inmigrantes mayores de 55 años llegados a España durante las últimas dos décadas se instaló en las zonas más cálidas y soleadas del territorio español: el litoral de clima mediterráneo, y también las islas Canarias. Este tipo de inmigrantes de alto poder adquisitivo, también llamados «turistas residenciales», fue atraído por grandes empresas de la construcción y promotores inmobiliarios, que tendían a concentrar inmigrantes de la misma nacionalidad (alemana, inglesa, holandesa, noruega, sueca…) en ciertas áreas, con el fin de optimizar recursos y costes, tratando de vender cada urbanización en un solo país. Se crearon así colonias de personas de una misma nacionalidad, las viviendas de las cuales eran buscadas por los inmigrantes retirados que, al desconocer la lengua del país de acogida, se encontraban más seguros si podía vivir entre vecinos del mismo país. Algunos promotores, banqueros y políticos se enriquecieron gracias a la especulación del suelo y el crecimiento urbano ilimitado durante la burbuja inmobiliaria española (1998-2007), y un considerable número de empresas y bancos gestores de dichos proyectos acabó quebrando, incapaces de prever la crisis económica que estalló en 2007.

El «turismo residencial» atrajo mucha mano de obra a la costa mediterránea española para dar servicio a los inmigrantes retirados, cuyo gasto estaba asegurado gracias a las pensiones que recibían desde sus países. Sin embargo, la rápida inmigración tanto de jubilados como de personas que trabajaban para ellos ha congestionado algunas zonas de la costa mediterránea, en especial la Costa Blanca, y ha saturado determinadas infraestructuras (sanitarias, viarias, eléctricas, de agua…). Algunos de los primeros inmigrantes que hace décadas decidieron instalarse en idílicas zonas rurales de la arcádica costa mediterránea se han visto privados de esta tranquilidad conforme los promotores, con la complicidad de las autoridades locales y regionales, han construido sobre antiguos terrenos catalogados como rústicos, proceso que se aceleró desde la aprobación de la ley del suelo de 1998, que permitía la edificación sobre cualquier terreno que no estuviese expresamente protegido. La falta de una planificación urbana adecuada, que habría hecho posible el control de los excesos de los promotores, ha llevado a la construcción incontrolada de extensas áreas suburbanas, lo que a su vez ha infligido un daño irreversible al medio ambiente y al paisaje, que ha perdido campos, montañas y bosques.

Además, cabe destacar la falta de cohesión territorial y social entre los inmigrantes jubilados noreuropeos y la gente local, que a menudo los considera como meros consumidores de productos y servicios. Una medida para evitar el aislamiento de los turistas residenciales sería conectar las urbanizaciones periféricas donde viven con los centros urbanos a través del transporte público, paseos peatonales y carriles bici, además de dotarlas de zonas verdes y servicios públicos.

Si los políticos locales de la costa mediterránea no empiezan a trabajar de una manera más racional y sostenible, tal vez los inmigrantes jubilados noreuropeos que ahora viven allí podrían no tener reemplazo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2014 nos indican un descenso alarmante de 85.000 retirados (gente de más de 55 años) procedentes de países europeos más ricos que España. No obstante, hay que tomar con cautela esta cifra, ya que en realidad lo que ha pasado es que el INE ha hecho una depuración del padrón de extranjeros (muchos municipios sobrevaloraban su población extranjera para poder recibir más ayudas estatales), lo que ha implicado un descenso acusado de la población perteneciente a este colectivo. No se puede hablar, por el momento, de un éxodo masivo, pero habrá que estar atento durante los próximos años a los movimientos de este colectivo de población, pieza clave para la economía local de algunas áreas del litoral mediterráneo español.

Joan Carles Membrado Tena es profesor de Geografía en la Universitat de València (España)

Para mayor información:

MEMBRADO TENA, Joan Carles. Migración residencial y urbanismo expansivo en el mediterráneo español. Cuadernos de Turismo, 2015, nº 35; pp. 259-285 Universidad de Murcia. [En línea]. http://revistas.um.es/turismo/article/view/221611/173111