Los desalojos hipotecarios en Canarias: una lectura territorial

El desarrollo inmobiliario desmedido acarrea problemas socioterritoriales que salen a la luz cuando se desploma el mercado. Entre ellos, uno de los más graves son los desalojos hipotecarios. Su análisis particular en Canarias se justifica porque inciden en la frágil situación social del archipiélago y, también, por la oportunidad de explorar su desigual protagonismo a diversas escalas. Mostrar las lógicas del reparto espacial de las ejecuciones hipotecarias en las islas es el propósito de estas líneas.

Es un hecho constatado que la magnitud de la crisis varía según los lugares y, en consecuencia, son dispares sus efectos en las condiciones de vida de los residentes de distintos territorios. En el archipiélago, para comprender la entidad del desplome inmobiliario es oportuno tener presentes los rasgos del escenario previo. Durante los últimos años del siglo XX y primeros del actual el volumen de viviendas construidas y el incremento de sus precios situaban a Canarias en los primeros puestos del país y este, a su vez, se hallaba a la cabeza de la Unión Europea. El recurso al crédito hipotecario se convertía así en la única alternativa para acceder a una vivienda en propiedad. Con el estallido de la crisis se evidencian las debilidades de ese modelo basado en la inversión inmobiliaria, al tiempo que las ejecuciones hipotecarias actúan como un factor añadido de vulnerabilidad social.

En Canarias, las escalas insular e intrainsular resultan expresivas de la desigual incidencia territorial de la crisis. Se ha comprobado que las islas orientales —Lanzarote y Fuerteventura— de fuerte especialización en el negocio turístico-inmobiliario son las más afectadas; las occidentales —La Palma, La Gomera y El Hierro— con economías de base agraria se sitúan en el extremo opuesto y muestran una reducida proporción de desalojos; mientras que las centrales —Tenerife y Gran Canaria— ocupan una posición intermedia. En estas últimas, el análisis comparado a escala intrainsular resulta significativo, pues revela la superior intensidad que alcanzan los desalojos hipotecarios en las áreas de alojamiento de las clases trabajadoras; desplazando a un segundo nivel a los principales espacios urbanos y turísticos. Este hecho respalda los planteamientos que señalan que la presente crisis refuerza el desarrollo geográfico desigual al incidir con más contundencia en ámbitos previamente vulnerables.

Finalmente, en el marco de una anunciada aunque discutible recuperación, existen indicios de la repetición de las estrategias que desembocaron en la crisis social. En este sentido, resulta paradójico que los espacios que experimentaron una notable expansión en el periodo de auge y que registran una mayor cuantía de desalojos hipotecarios a partir de 2007 sean los que lideran la producción de nueva vivienda en los últimos años. Se estaría, de este modo, implementando las mismas recetas que contribuyeron a incrementar su grado de vulnerabilidad y desigualdad. Ante ese escenario, el papel del planeamiento y la gestión pública, como elementos de control de la producción inmobiliaria, vuelve a estar en entredicho por la palpable ausencia de políticas que conduzcan a una mayor justicia y democracia socioespacial.

En definitiva, en el archipiélago canario los desalojos hipotecarios contribuyen a profundizar situaciones de precariedad heredadas, agravan el desarrollo desigual y quebrantan las posibilidades de mejora social de los grupos de clase media y media-baja. De confirmarse la continuidad de las estrategias de acumulación basadas en la especulación inmobiliaria, se desaprovecharía la dura experiencia de la reciente crisis para explorar vías alternativas de desarrollo y se asumiría el riesgo de reproducir, o incluso amplificar, la cadena de daños que ha conducido a la frágil situación social actual.

Para mayor información:

García-Hernández, Juan Samuel, Díaz-Rodríguez, Mª del Carmen y García-Herrera, Luz Marina. “Auge y crisis inmobiliaria en Canarias: desposesión de vivienda y resurgimiento inmobiliario”. Investigaciones geográficas, núm. 69, p. 23-39. Disponible en <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/76480/1/Investigaciones_Geograficas_69_02.pdf>

Juan Samuel García Hernández es Licenciado en Geografía e Investigador Predoctoral en el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna.

Turismo, territorio y accesibilidad

Alfonso Fernández-Arroyo López-Manzanares1

Somos sociedades condicionadas por estructuras materiales y simbólicas que nosotros mismos construimos. El sistema urbano, las infraestructuras de transporte o el propio lenguaje determinan la organización de las distintas comunidades que se perciben según se representan. En este sentido, en planificación territorial del turismo, la percepción de la distancia-tiempo se concibe como un factor de decisión de primer orden, por lo que venimos a ofrecer una propuesta analítica pensada especialmente en la puesta en valor de las zonas rurales o periféricas considerando su accesibilidad.

El binomio transporte-turismo ha definido la dependencia de las comunidades rurales respecto a la localización de los focos poblacionales más dinámicos, valorando siempre la disponibilidad de infraestructuras desde la perspectiva de las sociedades urbanas, como sucede con el turismo rural. Aquí, en el análisis geográfico económico, en términos de coste-tiempo, se viene priorizando la cuantificación de la estancia y la estacionalidad, mientras que se obvia la cualificación del tiempo de acceso al destino y, por ende, del propio territorio-destino.

Cualificar la accesibilidad como un factor diferenciador en la selección del destino es el objetivo que nos proponemos, adoptando una lógica estructural origen-enlace-destino en la territorialización del turismo. Para ello, desarrollamos una metodología y cartografía de utilidad comunicativa y social, de interés para transformar la imagen del destino y, en consecuencia, la práctica del turismo en sí. La escala de trabajo, justificada por múltiples motivos, es la subregional. Por ello, en este caso, adoptamos los territorios rurales o LEADER como referencia.

Desde esta perspectiva consideraremos, más que la importancia de generar valor acortando las distancias y los tiempos del viaje turístico, la necesidad de producir un sentido social diferenciador del territorio turístico tomando como referencia la accesibilidad: la práctica de un turismo intensivo o de proximidad, un turismo alternativo en entornos rurales más distantes, o la búsqueda de espacios poco frecuentados de los que interesa el acceso a su patrimonio territorial, revelan múltiples formas de concebir el destino a partir de los nodos de enlace, los trazados de carretera e infraestructuras, los servicios de transporte, las velocidades de circulación y los canales de acceso al espacio-tiempo del turismo como elementos clave en su representación.

Áreas de mercado turístico receptor y especialización turística de los territorios rurales en Castilla-La Mancha (España)
Áreas de mercado turístico receptor y especialización turística de los territorios rurales en Castilla-La Mancha (España)

Contrariamente a lo asumido, demostramos empíricamente que el aumento de la movilidad y la reducción de tiempo en los desplazamientos presenta una parte negativa. Sobre todo, cuando el territorio-destino adopta carácter de empresa al priorizarse la rentabilidad de las unidades productivas por encima de la calidad de vida de la comunidad. En estos casos, la representación del destino y de sus áreas de acceso, en un escenario de competitividad, distorsiona el sentido de la cooperación, de la solidaridad y de la creación de redes de proximidad, incentivando la competencia entre destinos periféricos equidistantes a un mismo centro y promoviendo el excursionismo o el ocio diario equivalente a la asistencia al cine o al teatro por efecto de la constricción del espacio-tiempo.

Tal y como concluimos en la investigación que hemos dado a conocer en nuestro artículo, la metodología aplicada, trasladable a cualquier territorio de interior como el aquí considerado a modo de laboratorio ―Castilla-La Mancha (España)―, nos permite argumentar la necesaria revisión de los parámetros utilizados al analizar y poner en valor los territorios rurales y periféricos. En el momento actual, la retórica temporal de la falta de medios, financiación e infraestructuras no basta para justificar el desinterés por la activación de los recursos y estructuras disponibles una vez pierden su valor especulativo o se agota su relato político-económico y mediático. Nos referimos, no solo a instalaciones turísticas tales como centros de interpretación, museos o señalización, sino, especialmente, a otro tipo de recursos humanos: planes, informes y estudios elaborados por diversos equipos técnicos, académicos o científicos, el asociacionismo sectorial o territorial, etc.

Desde nuestra posición, el destino turístico, para su sostenibilidad, deberá concebirse como lo que es: producto de la sociedad y de las relaciones entre sociedades de origen y de destino, ambas responsables de definir y redefinir el sentido social del territorio, independientemente de criterios de rentabilidad o de conectividad entre ellas. Con esta visión nos aproximamos a una forma más de significar y dotar de contenido simbólico al destino, esta vez priorizando la toma de consciencia de las comunidades implicadas, en términos de localización, facilitando nuevas relaciones espacio-tiempo de sociabilidad a partir de la tríada turismo, territorio y accesibilidad.

Para mayor información:

FERNÁNDEZ-ARROYO, Alfonso y MARTÍNEZ, Héctor Samuel (2017): “El acceso a los destinos rurales: una perspectiva para la planificación territorial del turismo en una región de interior (Castilla-La Mancha)”. Cuadernos de Turismo. Universidad de Murcia, nº 40, pp. 251-272. <http://revistas.um.es/turismo/article/view/309691>

1 Personal Investigador en Formación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Avda. Camilo José Cela, S/N, 13071, Ciudad Real (España) e-mail: alfonso.farroyo@uclm.es

 Nuevos retos de la ordenación del territorio peninsular: Impacto de los cambios de uso de suelo (1985-2015)

Los cambios de cobertura y uso son consecuencia inevitable de la actividad humana, pero ha sido durante los últimos cincuenta años cuando su ritmo se ha acelerado de manera muy acusada. Durante este período, que algunos denominan antropoceno, los seres humanos hemos transformado los ecosistemas más rápidamente que en ningún otro momento de la historia. Parte de estos procesos se explican por la demanda creciente de agua dulce, madera, fibra y combustible de las sociedades modernas en la que nos encontramos, e implican transformaciones de distintas cubiertas en todo el planeta. La evolución y distribución espacial de estos procesos son difíciles de cuantificar y monitorizar en todo momento, dado que se trata de procesos muy dinámicos, continuos en el tiempo y en ocasiones hasta irreversibles.

La dificultad para abordar un estudio detallado de los cambios ocurridos en grandes áreas geográficas explica por qué, en las últimas décadas, la mayoría de los trabajos publicados sobre cambios de uso de suelo en la Península Ibérica toman forma de estudios de caso. Desde el año 2006, tras la publicación del documento publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España no se ha realizado ninguna actualización que proporcione una imagen conjunta de la evolución de usos en el territorio peninsular. Por este motivo, consideramos interesante elaborar un documento que nos permite contribuir con una revisión de más de cien artículos en España y Portugal, cuyo objetivo reside en conocer las tendencias principales, teniendo una visión integrada de los materiales utilizados a partir de 1985.

Distribución de los estudios de caso y clasificación de los principales procesos descritos en cada uno.
Distribución de los estudios de caso y clasificación de los principales procesos descritos en cada uno.

En el mapa de la figura superior presentamos 47 de los trabajos analizados. La imagen general permite afirmar que los territorios de España y Portugal han sido muy dependientes de los cambios producidos tras la entrada en la UE de ambos países en 1986, provocando una serie de transformaciones importantes sobre las cubiertas agrarias y forestales. Los principales procesos estudiados son: la intensificación, la extensificación o eventual abandono de la actividad agrícola o ganadera; la artificialización, entendida como la ocupación de suelo por la creación de viviendas, infraestructuras industriales, comerciales y de ocio, donde exclusivamente es el factor humano el que lo rige y lo domina; en último lugar, los procesos ligados a cambios en la composición del arbolado.

Intensificación, extensificación y abandono

Se ha visto que la intensificación productiva tiene relación con la conversión de grandes áreas, donde la explotación del recurso agua es más evidente, transformando casi siempre antiguos terrenos dedicados a secano y tierras de labor. La aparición de los cultivos bajo plástico a mediados de los noventa, es clave para entender su proliferación en el área mediterránea española y en el área minifundista del Centro-Norte de Portugal. Por otro lado, la extensificación juega un papel esencial en los efectos paisajísticos, ambientales y económicos del uso agrícola. El descenso de la Superficie Agrícola Utilizada muestra una disminución en casi todas las regiones peninsulares en favor de otras cubiertas. La aparición de los procesos de abandono generalmente se producen en las áreas más alejadas de los centros de población, donde las parcelas agrícolas que no tienen buen uso de maquinaria agrícola, se abandonan, como sucede en las principales áreas montañosas peninsulares (Pirineo, Sistema Ibérico, Cornisa Cantábrica).

Artificialización

Los procesos de artificialización aparecen como parte del crecimiento de zonas urbanas y periurbanas de las grandes ciudades, sobre todo a partir de 1990. Este proceso ha afectado a terrenos de alta capacidad productiva y zonas de matorral. Entre las fuerzas impulsoras del aumento de las cubiertas artificiales se encuentran los cambios demográficos provocados por el desplazamiento de la población rural hacia las ciudades ya desde 1980. El desarrollo del turismo de sol y playa por ocupación de la primera línea de costa y el aumento de segundas residencias, explica que España sea el país europeo con mayor número de viviendas por habitante, en parte motivado por la especulación urbanística producida en nuestro país, afectando en menor grado a Portugal.

Cambios en la composición de las masas forestales

Los estudios sobre masas forestales revelan que el protagonismo de los procesos de reforestación han sido importantes, tanto por iniciativa pública como privada, provocando la eucaliptalización del Norte peninsular y la aparición de pinares de plantación. Otros autores destacan que son mucho más importantes los procesos de revegetación natural (en hectáreas totales) en áreas montañosas, cuyas consecuencias el aumento de biomasa deriva en riesgos asociados a incendios forestales en ambos países.

Para mayor información:

FERNÁNDEZ NOGUEIRA, David; CORBELLE RICO, Eduardo. Cambios en los usos de suelo en la Península Ibérica: Un meta-análisis para el período, 1985-2015 Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 25 de octubre de 2017, vol. XXII, nº 1.215.

David Fernández Nogueira es alumno del Programa de Doctorado en Gestión Sostenible de la Tierra y del Territorio. Departamento de Ingeniería Agroforestal. Universidade de Santiago de Compostela.

La regeneración territorial: un desafío para espacios desindustrializados que buscan alternativas de éxito

Paz Benito del Pozo*

El proceso de desindustrialización sufrido en Europa a raíz de la crisis del modelo productivo conocido como “fordista” durante los años de 1970 y siguientes generó no solo desempleo, desinversión y la despoblación de amplios territorios y ciudades que fueron escenario de la industrialización histórica, sino que también tuvo como efecto la multiplicación de ruinas industriales. Por su magnitud y naturaleza estas ruinas, que afectaban a varios cientos de miles de hectáreas, se perfilaron como un verdadero desafío territorial ya que para los solares y edificios abandonados el mercado del suelo no garantizaba de forma espontánea su absorción y reutilización. Además, los suelos industriales improductivos, edificados o no, constituían un riesgo medioambiental y un factor de degradación para las áreas urbanas; también una fuente de gasto para las Administraciones Públicas.

Como solución institucional, y en línea con una estrategia de regeneración territorial que incluía tanto a ciudades como a pequeñas localidades, la Unión Europea diseñó y activó un repertorio de medidas económicas, urbanísticas y legislativas que permitieron desarrollar iniciativas de recuperación y aprovechamiento de suelos y fábricas para dotarlos de algún uso alternativo. La atención al problema de las ruinas industriales se acompañó de una creciente sensibilidad social. Así muchos edificios fabriles, obras de ingeniería y paisajes en precario se salvaron de la extinción, el deterioro o el olvido gracias a merecer, no sin el esfuerzo de colectivos y asociaciones culturales y vecinales, la consideración de verdaderos monumentos. Y como tales, muchos de esos vestigios se han protegido con la declaración de Bien de Interés Cultural o equivalente, figura regulada en España, y otros países de su entorno, por las leyes regionales de patrimonio.

A escala urbana, las intervenciones llevadas a cabo en barrios y espacios fabriles y portuarios abandonados (no siempre de carácter protector) se enmarcan en una estrategia de revitalización de la ciudad que a menudo forma parte de un proyecto de crear ciudad en torno a las industrias obsoletas y de conservar éstas como expresión de la memoria colectiva. En este sentido, la vieja fábrica actúa a la vez como testimonio y como símbolo. Puede afirmarse que las ciudades aprenden en este milenio a interpretar y reutilizar el legado de la industrialización como un recurso. A menudo esas mismas ciudades también reorganizan su estructura productiva en torno a una nueva actividad, el turismo, que se sustenta en acciones sobre ese legado de la industria histórica.

La ciudad de Avilés y su ría, localizadas en el Área Central de Asturias, son un claro exponente de la transformación radical de un territorio sujeto durante décadas a la lógica y los impactos del industrialismo, que engendró una ciudad-empresa de contaminado perfil y una economía urbana de monocultivo siderúrgico. Avilés ha sido capaz, sin renunciar a su pasado industrial, de varios logros importantes de regeneración territorial, entre los que destacan: (a) de regenerar el tejido productivo tras el cierre de su empresa motora, la compañía pública Ensidesa; (b) de crear una imagen de espacio limpio y de bienestar; (c) de redefinir su urbanismo y (d) de posicionarse como un espacio turístico con identidad propia. Esta experiencia, que remite a ejemplos similares en otras zonas del norte peninsular y que se inspira en modelos como Ría Bilbao 2000, debe sus elementos de éxito a una estrategia de política urbanística que prioriza el aprovechamiento de los terrenos industriales abandonados, la descontaminación ambiental y la regeneración del puerto.

Vista general de la ciudad y ría de Avilés, un espacio urbano de tradición siderúrgica en proceso de regeneración funcional, urbanística y medioambiental. Foto cedida por el Ayuntamiento de Avilés tomada en 2013.
Vista general de la ciudad y ría de Avilés, un espacio urbano de tradición siderúrgica en proceso de regeneración funcional, urbanística y medioambiental. Foto cedida por el Ayuntamiento de Avilés tomada en 2013.

También parece acertada la política turística, que adopta una escala supramunicipal basada en la colaboración de las distintas corporaciones locales que forman la Comarca de Avilés para alcanzar, sumando recursos e infraestructuras, un tamaño de polo turístico más competitivo y diversificado que si se limita a la ciudad de Avilés, con una oferta de elementos variados y singulares, entre los que destaca el Centro Cultural Niemeyer y el paisaje urbano-industrial en el que se enmarca. Adicionalmente, la calidad de la ría y su entorno ha mejorado con el plan de saneamiento integral, la renovación de la avenida de Guadalhorce, el Paseo fluvial “Ruta del Acero” y el puerto deportivo. Y cómo no, con la intervención en el Casco Histórico, que recupera y adecenta edificios, calles y plazas.

En este proceso hay, no obstante, algunas sombras, entre ellas, los problemas de gestión y financiación que desde 2012 atenazan a los responsables del Centro Cultural Niemeyer y que han impedido que Avilés se consolide como destino internacional, aspiración que en 2006 parecía más que plausible. Hoy se trabaja con un horizonte más modesto, pero el gran cambio ya es una realidad y Avilés se perfila como un modelo urbano de transformación planificada exitoso en muchos aspectos, mostrando capacidad para revitalizarse y generar actividades alternativas.

Para mayor infor­ma­ción:

BENITO DEL POZO, Paz. Renovación urbana, herencia industrial y turismo: un proceso con elementos de éxito en Avilés (Asturias). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2016, nº 72, pp. 285-304 [En línea].
http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2341/2216

* Paz Benito del Pozo es profesora titular de Geografía Humana en la Universidad de León (España) y directora del Grupo de Investigación INVESTER.

Un método para evaluar y proyectar las capacidades ciclistas de un territorio

Fermín Rodríguez Gutiérrez *

El ciclismo es una práctica deportiva influida por la geografía, lo que debe hacer de él un objeto de atención por parte de la disciplina, con el fin de conocer su papel en determinados países y la capacidad de éstos para utilizarlo como un vector de desarrollo territorial. Debe existir una estrategia de especialización inteligente para concretar su expansión en una comarca. Aquí se expone una metodología para crear una máquina-herramienta territorial llamada Anillo Ciclista, que concreta la aportación del ciclismo a una estrategia de desarrollo y a llenar de contenido una marca territorial, relacionando un territorio con el paisaje, el deporte, la actividad industriosa, la especialización turística, la experiencia segura y el esfuerzo controlado

A medida que el trabajo ha dejado de tener un componente físico, la bicicleta vuelve a generalizarse para reencontrar a las personas con el esfuerzo físico de fondo, para el que la especie está programada desde sus orígenes. Su utilización hoy es indicador de excelencia  territorial. En una estrategia de redensificación de las ciudades, la bicicleta es uno de los complementos imprescindibles para garantizar una movilidad eficiente. En el campo permite poner en valor capacidades no utilizadas, que hoy dejan de tener la categoría de subproductos para constituirse en capitales intangibles de relación sobre los cuales edificar una nueva funcionalidad, adaptada a los requerimientos de una civilización donde el trabajo no es físico y crecen nuevos sectores de actividad industriosa

Autores como Alexander Grous hablan de la “economía del ciclismo” y cuantifican su significativa aportación a la nacional en países como el Reino Unido. Otros, como Asturias, cuentan con recursos tangibles e intangibles asociados al ciclismo, ante ellos se presenta la oportunidad de aprovecharlos para utilizar al ciclismo como componente de una marca territorial atractiva: Asturias. Paraíso ciclista.

A una de sus piezas componentes la hemos llamado Anillo Ciclista; tiene como finalidad ofrecer una plataforma para la práctica del ciclismo en condiciones de seguridad y excelencia, tanto en la cualidad de la ruta como en los servicios que puede obtener el ciclista. El Anillo Ciclista, cerrado y diverso, es el soporte de otros desarrollos que vinculan a la hostelería, al ocio, a la industria y a los servicios vinculados al deporte.

Perfil topográfico del puerto de La Cubilla (Lena)
Perfil topográfico del puerto de La Cubilla (Lena)

Se determinaron las capacidades ciclistas de un territorio, y se pusieron a prueba en la comarca asturiana de la Montaña Central. Se evalúa su capital físico y la percepción del usuario, cliente y agente

Se reconocieron 59 segmentos viales, que suman 376 Kms a los que se añaden los viales que integran el anillo ciclista de tierra que aporta 150 kms más. Para cada segmento se elaboró una ficha, conteniendo indicadores básicos que permitirán obtener indicadores sintéticos referidos a dificultad, seguridad y calidad paisajística del tramo. Los segmentos se unieron para componer tramos, definido cada uno por el Índice de Dificultad Equivalente y el Coeficiente de Esfuerzo necesario para superarlo, con lo que se establece la categoría del tramo: Paseo, Suave, Duro, Difícil y Élite. El indicador de calidad paisajística es cualitativo, se obtuvo mediante encuestas a participantes, orientadas a precisar su apreciación de ciertos aspectos paisajísticos. El indicador de seguridad es una síntesis de diversos parámetros directamente relacionados con la seguridad de la vía para los ciclistas.

Estos tres indicadores fueron analizados por tres grupos de participación: el de seguridad vial; el de ciclistas, ciclodeportistas y cicloturistas; el turístico y hostelero. Con ellos se presentaron propuestas en los órdenes de accesibilidad y movilidad, señalización, y diversificación económica. La identificación de los participantes interesados fue importante y entre ellos destacaron dos empresas significativas en el sector: Las Caldas Villa Termal, establecimiento friendlybike y MMR, importante constructor , ambas dirigidos al mercado global; en el proyecto colaboraron otras de hostelería, servicios al ciclismo y con intereses complementarios en la marca territorial.

Ficha de evaluación de un segmento ciclable
Ficha de evaluación de un segmento ciclable

El producto final, el Anillo Ciclista, se compone de dos redes enmalladas. La red básica abarca las vías de conexión del eje principal de comunicación con los núcleos de población más importantes de la comarca. Sus tramos presentan un elevado grado de accesibilidad, trazados de fácil recorrido, buenas condiciones de seguridad y un grado de dificultad bajo. La red secundaria contiene las vías de conexión de las cabeceras comarcales con los grandes puertos de cordillera y con los puertos de cordales. Son tramos de amplia longitud y desniveles acusados, lo que les confiere un mayor grado de dificultad. Las dos redes de carreteras se complementan con la de pistas, que por sus condiciones particulares son aptas para la práctica mediante bicicleta todo terreno y ciclismo mixto.

El sistema resultante de la coordinación de la infraestructura del velódromo con las redes básica y secundaria constituye el Anillo Ciclista de la Montaña Central de Asturias, planteado como una marca reconocible que asegura un plus de calidad, seguridad y disfrute paisajístico al ciclista que se introduzca en ella y al que los establecimientos asociados ofrecen una atención especializada según sus necesidades, ofreciendo a todos la posibilidad de vivir una experiencia de intensas sensaciones en diversos planos, comenzando por el deportivo, al que se acoplan positivamente otros complementarios que permiten participar a sus acompañantes.

Para mayor infor­ma­ción

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. : “El ciclismo como vector de desarrollo territorialBoletín de la Asociación de Geógrafos Españoles , nº 70-2016, págs. 419-442

*El autor es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Oviedo donde dirige el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial .

http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2248/2135

Distribución territorial del poder en Venezuela: un rompecabezas en disputa

María Andreina Salas-Bourgoin1

La distribución territorial del poder en Venezuela, desde 2006, ha sido un rompecabezas en constante disputa. El territorio nacional se ha cortado, armado, recortado y rearmado según los intereses políticos del gobierno nacional, privando en ello la centralización y la discrecionalidad al otorgar o retirar cuotas de poder.

El rompecabezas administrativo

Los años 80 y 90 del siglo XX fueron icónicos en la distribución territorial del poder en Venezuela. Con base en la Constitución de 1961, se permitió la elección directa de gobernadores y alcaldes, y se transfirieron competencias a estados y municipios junto con los recursos públicos necesarios para ello.

Con la Constitución de 1999, se vislumbraba la profundización de la descentralización. Sin embargo en 2007, en un intento por reformarla, el Presidente Hugo Chávez presentó un proyecto que daba al traste con los avances logrados, pues proponía modificar la división político-territorial y concentrar el poder. Sin embargo, en un momento de cordura, los venezolanos la rechazaron.

Ante el resultado, el gobierno nacional se abocó a incorporar en el ordenamiento jurídico nacional, los principales contenidos del proyecto rechazado, con anuencia del Tribunal Supremo de Justicia. Destaca de ello, la creación (2010) de los inconstitucionales Poder Popular y Estado Comunal, y la transferencia de competencias municipales a organizaciones comunales superpuesta a los estados y municipios ya que, según la Constitución de 1999, la transferencia de competencias a la ciudadanía organizada sólo se puede realizar desde el municipio. El resultado: retorno al centralismo, pero esta vez, fundado en la relación directa organización comunal-poder nacional, que: a) relega a estados y municipios; b) permite que el poder nacional rija el empoderamiento de las comunidades, excluyendo a aquellas no organizadas bajo los preceptos del ‘socialismo’ como doctrina y c) hace inoperantes a las autoridades electas.

El rompecabezas financiero

La reducción de los recursos asignados a estados federales y municipios es otra estrategia para la redistribución territorial del poder pues, dentro del gran reparto nacional, ahora se incluyen a los consejos comunales, comunas y misiones sociales, como si fueran entes con personalidad jurídica y patrimonio propio. Las misiones sociales son programas sociales creados por el Presidente de la República para atender las necesidades fundamentales y urgentes de la población. Son administradas directamente desde el Ejecutivo Nacional y los recursos que las sustentan no forma parte del Tesoro Nacional y son asignados a discreción por el Presidente la República.

La inequidad en tal distribución es la orden del día (cuadro 1): en 2011, alcaldías de los estados Barinas, Falcón, Guárico y Lara recibieron menos recursos por número de proyectos que las organizaciones del Poder Popular correspondientes.

Cuadro 1: Distribución del Fondo de Compensación Interterritorial (Bs)

EstadosGobernacionesN° proyectosAlcaldíasN° proyectosPoder PopularN° proyectos*
Barinas197.142.367,00137113.890.410,00396127.966.373,00125
Falcón219.692.597,00133241.622.076,00811260.690.899,00372
Guárico208.385.507,0090153.058.905,00270197.427.348,00119
Lara222.350.020,0033153.255.930,00134214.949.067,00199

*Únicos datos desagregados, disponibles para el año en cuestión.

Fuente: elaboración propia a partir del Informe de Ejecución Financiera 2011 del Consejo Federal de Gobierno y del Boletín N° 13 del Consejo Federal de Gobierno.

El problema (cuadro 1) no subyace en quién recibió más recursos, sino en la discrecionalidad al momento de distribuirlos, pues ello depende de la propia disputa al interior de los grupos que los administran. Así, la conformación de los consejos comunales difiere altamente en todo el territorio nacional y se asocia a vínculos con los personeros gubernamentales, contradiciendo los argumentos que ‘políticamente’ le fundamentan: la distribución equitativa de los medios para la democracia participativa y la autogestión.

A través de dos casos: Miranda y el Distrito Capital (cuadro 2), se puede apreciar la diferencia en la asignación de recursos. Mientras que Miranda, con más población y consejos comunales, recibió 8,78% de los recursos asignados a escala nacional a estas organizaciones, el Distrito Capital recibió 16,33% de los mismos. Dos explicaciones aplican: el Distrito Capital es sede del poder central y el gobierno estadal de Miranda es opositor al gobierno nacional.

Cuadro 2: Relación número de consejos comunales, población total y recursos asignados al Poder Popular según estados seleccionados, 2011

EstadosN° consejos comunales%Población total%Recursos asignados al Poder Popular (Bs.)%
Distrito Capital1.4663,561.943.9017,14726.034.90316,33
Miranda3.1877,732.675.1659,83390.278.3418,78

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, El Intersocial (10.06.2011) y el Informe de Ejecución Financiera 2011 del Consejo Federal de Gobierno.

La Ordenación del territorio y el rompecabezas

Otro aspecto del rompecabezas que representa el territorio para el gobierno nacional es la ordenación del territorio, tan tamizada por intereses políticos en conflicto que, desde 2003, se han planteado cinco proyectos infructuosos de reforma de la ley orgánica que la rige.

Entre los cambios que se plantea hacerle, están: 1) incorporación de autoridades de libre designación y remoción por el Presidente de la República, a los que se subordinarán gobernadores y alcaldes; 2) creación de nueve tipos de planes de ordenación del territorio sancionados por decreto del Ejecutivo Nacional; 3) supresión de la competencia constitucional otorgada al municipio, para ordenar su territorio como un todo y 4) subordinación del ordenamiento urbanístico al ordenamiento hecho por comunas y consejos comunales. Vista así, la ordenación del territorio es autodestructiva, inoperante y contraria a la Constitución, porque el interés del poder nacional por el territorio, radica en su utilidad como instrumento de control político para imponer acciones y voluntades.

Conclusiones

El nuevo reparto del poder en el territorio venezolano se resume en tres dispositivos: 1) traspaso directo y discrecional de recursos públicos a comunidades, en desmedro de los estados y los municipios; 2) transferencias, fuera del marco legal, de competencias estatales y municipales al Poder Popular y 3) creación de una estructura territorial paralela a la constitucionalmente establecida, que responde a lineamientos presidenciales, sin autoridades electas directamente.

En un escenario de subordinación total de la ciudadanía al gobierno nacional, el nuevo reparto del poder se basa en el denominado Poder Popular con competencias gestoras, contraloras y deliberantes que se solapan con los subniveles del poder público, manejando cuotas de poder político y económico, en algunos casos, mayores que la de los estados y municipios. Un Poder Popular que sientan las bases de un gobierno que exalta la figura del Presidente y abre puertas al autoritarismo en sus diferentes expresiones, matices y consecuencias.

Mayor información en

SALAS-BOURGOIN, María. Dinámica territorial del poder político en la Venezuela contemporánea (1961-2013). Cuadernos de Geografía, vol. 25 (1): 95-109, enero-junio 2016.

ISSN En línea: 2256-5442

1 La autora es Profesora Asociada a Dedicación Exclusiva del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. bourgoin@ula.ve

Actualmente, cursa el Doctorado en Estudios Políticos de la misma Universidad.

El fracaso de las políticas de ordenación del territorio en la España de las Autonomías.

Vicente Bielza de Ory*

El doble objetivo de las políticas de ordenación del territorio, de conseguir un desarrollo territorial más equilibrado y de una ordenación de los usos del suelo más sostenible, ha fracasado en la España de las Autonomías. Desde la Constitución de 1978 hay más desigualdades territoriales y las políticas urbanísticas, teóricamente subordinadas a las de ordenación territorial, han desordenado más el suelo. El fracaso obedece a varios motivos. El primero se debe a la manera en que se hicieron las transferencias de esta competencia. La Constitución dualizó las competencias entre las que el artículo 148.1.3 posibilitaba a las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y las sectoriales con incidencia sobre la ordenación territorial, reservadas al Estado en el artículo siguiente. Al hacerse las transferencias a las Autonomías no se creó al mismo tiempo un órgano coordinador para las actuaciones sectoriales entre el Estado y las Comunidades, lo que ha generado numerosos conflictos competenciales que han acabado en el Tribunal Constitucional. En España, hoy no hay un órgano equivalente a los Comités de Ordenación del Territorio, existentes en otros países federales o descentralizados. Todavía está por cumplirse la propuesta que formulamos al gobierno de España en las conclusiones del IV Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, celebrado en el 2003 (FUNDICOT, Zaragoza): crear un Consejo de Ordenación del Territorio, con participación de los ministerios concernidos y los entes territoriales, asesorado por una Academia Científica.

Un segundo motivo para el fracaso ha sido el desencanto de los políticos profesionalizados tras hacerse cargo de unas competencias cuyos resultados no se recogen a corto plazo. Un plan territorial no da fotografías ni titulares en la prensa a medida que se va cumpliendo. Los instrumentos y medidas de ordenación territorial producen efectos más allá de una legislatura de cuatro años, lo que no interesa al político que quiere éxitos inmediatos para seguir en el siguiente periodo. Por otro lado, la eficacia de la ordenación del territorio hubiera exigido la subordinación del resto de los Departamentos de la Autonomía a la hora de localizar actividades, lo mismo que se subordinan al Consejero de Economía para conseguir financiación. Ello implica una dependencia directa de la cabeza del gobierno, como sucedió en la modélica ordenación territorial francesa durante los 60’. El resultado es que al comienzo de las Autonomías todos los gobiernos tenían como preferente la cartera territorial y hoy prácticamente ha desaparecido, se ha repartido o queda subordinada a la medioambiental o a la urbanística, que al principio en muchas Comunidades Autónomas eran direcciones generales de la Consejería de Ordenación del Territorio.

La plataforma logística de Zaragoza (PLAZA) no se sometió al análisis de impacto territorial previsto en el artº 37.3 de la ley 11/1992 de Ordenación Territorial de Aragón. Mal comienzo para un proyecto del que su gestor político y su gerente están imputados por corrupción ante la justicia.

La inversión de la posición entre Ordenación del Territorio y Medio Ambiente no es una cuestión privativa de la España autonómica: el Tratado de Ámsterdam en 1992 convirtió la protección medioambiental en derecho comunitario. Mientras, la ordenación del territorio se relegará a una estrategia de la UE, cuando se apruebe en Potsdam en 1999 como Estrategia Territorial Europea. Así la Evaluación de Impacto Ambiental aparece minuciosamente regulada a partir de la Directiva 2001/42/CE, mientras que los Estudios de Impacto Territorial, que en Alemania habían antecedido al ambiental, quedan en la Estrategia Territorial Europea contemplados como simples recomendaciones. A nivel autonómico las evaluaciones de impacto territorial o estructural sólo se recogieron en las leyes de Asturias (1987), Aragón (1992) y Murcia (2001), siendo su aplicación muy escasa y superada por una evaluación de impacto integrada, donde domina la ambiental. De los cuatro factores definidos en la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 –ecológico, económico, social y cultural- en la práctica, el territorio se quiere ordenar conciliando sólo ecologismo y economicismo. Cuando para solucionar los conflictos territoriales ante un plan o proyecto se somete a evaluación, son los propios afectados los que “guían” el expediente y se lo entregan a “expertos”, que para rodear de “objetividad” el resultado preparan una matriz de base ambiental, en la que rara vez se recogen los factores sociales y culturales y donde el peso de los factores ecológicos y económicos se ajusta en función del resultado apetecible.

Las numerosas leyes se han centrado más en los principios que en las concreciones

Otro motivo para entender el fracaso de las políticas de ordenación territorial es el marco legal del que se han dotado y los instrumentos que se han utilizado. Las numerosas leyes se han centrado más en los principios que en las concreciones. Se advierte una falta de convergencia entre las normativas de ordenación territorial y sectorial, una descoordinación entre las administraciones estatal, autonómica y municipal. Dentro de la autonómica, los departamentos del territorio muchas veces trabajan de espaldas a los sectoriales de la actividad económica.

La carencia de instrumentos útiles para poner en práctica las leyes comienza en el primer escalón constituido por las Directrices, Planes o Estrategias Generales. Son extensos documentos dominados por el análisis y donde en las numerosas propuestas y normas no se suelen diferenciar las obligatorias de las indicativas. Son planes que por su prolijidad no se los llegan a leer ni los políticos y funcionarios que deben aplicarlos, por lo que difícilmente se desarrollan. De los instrumentos subordinados a los generales los únicos eficaces son los proyectos de interés supramunicipal, regional o general, que han utilizado los gobiernos autonómicos, por encima de los municipios capitalinos, para sacar adelante proyectos logísticos o de viviendas de protección.

Si las planificaciones territorial y urbanística se hubieran controlado, los políticos corruptos habrían tenido menos margen de maniobra

Lo más grave de la falta de efectividad de los planes territoriales se ha producido en el control urbanístico. El incumplimiento del planeamiento municipal y la aparición de planes “a la carta” de intereses privados desembocaron en un descontrolado crecimiento y en una especulación urbanística durante los años próximos al cambio de milenio, acentuando los desequilibrios territoriales e impactos ambientales, especialmente en el litoral mediterráneo y en los entornos de Madrid. La crisis económica a partir del 2008 ha sido especialmente sensible en estos territorios. Si las planificaciones territorial y urbanística se hubieran controlado, los políticos corruptos habrían tenido menos margen de maniobra y los promotores sin escrúpulos no hubieran podido disfrutar de información privilegiada en las desviaciones de los planes aprobados.

Para mayor información:

Bielza de Ory, V.: Introducción a la ordenación del territorio. Un enfoque geográfico. Prensas Universitarias de Zaragoza, 274 pp., Zaragoza, 2008

Bielza de Ory, V.y otros: De la ordenación a la planificación territorial en el ámbito regional-comarcal.. Prensas Universitarias de Zaragoza, 618 pp. + CD, Zaragoza, 2010

*Vicente Bielza de Ory ha sido Catedrático de Geografía de las Universidades de La Laguna y Zaragoza.

VENEZUELA: LA ABSURDA POLÍTICA TERRITORIAL BOLIVARIANA ¡UN ALERTA!

Rosa M. Estaba

La política territorial bolivariana es inconstitucional, a-histórica y nociva. Es la culminación de la autocracia revolucionaria que, con la inesperada lluvia de petrodólares, cultivó el difunto Presidente Hugo Chávez.

¿Inconstitucional?

Reedita la reforma a la constitución negada en el referéndum de 2007 y que, como dijo el mismo Chávez, trastocaría “…el esquema geográfico de la geometría del poder o geopolítico interno que hemos heredado (…) del siglo XIX, (…) de la colonia”.

El plan pasa por ABORTAR EL ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZADO, justiciero sistema de distribución vertical del poder público consagrado en la Carta Magna de 1999 ¿Cómo abortar un pacto social avalado con la exitosa descentralización territorial conquistada desde 1989, luego del primer sufragio directo y secreto de los gobernantes federales y municipales?

Sabotear. Construir a toda costa el andamiaje del Estado Socialista ejercido directamente por el pueblo y basado en la comuna, célula fundamental tutelada y supletoria del municipio autónomo. CONSTRUIR EL ESTADO COMUNALHIPER-CENTRALIZADO, CUYA ALETARGADA Y EFÍMERA CRISTALIZACIÓN HA OBLIGADO A RECURRIR AL ACORRALAMIENTO.

¿A-histórica?

No es de poca monta desafiar la historia para lograr un patrón territorial del desarrollo“óptimo”. Peor aún si la “planificación” descansa en el Presidente de la República y en dos principios, además de voluntaristas, opuestos a las innovadoras dinámicas propias de la globalización: Sociedad de la Información, Economía del Conocimiento y Metropolización.

El principio de desarrollo endógeno encubre un modelo anti urbano y al margen del mercado. Gravitado en la explotación de recursos naturales y en los atributos de los habitantes de un territorio, su fortaleza dependerá de la supuesta integración de cadenas productivas, que sean capaces de crear y garantizar diversas formas socio-productivas locales y regionales.

Un segundo principio, el de equilibrio territorial, anuncia el fin de las desigualdades. Bastaría actuar con dos medidas. Por una parte, racionalizar trillados criterios de incentivos al sector privado, y de asignación de los recursos públicos. Reorientar, por otra, la distribución geográfica de las actividades productivas cotejando ventajas comparativas: ¡las mismas fuerzas invisibles que explican la satanizada localización históricamente modelada por los venezolanos!

Para un cambio tan radical se valen de unas entelequias dibujadas y promocionadas desde la cúpula hegemónica.

La espina dorsal de la propuesta la forman tres ejes de desarrollo. Su trazado es imaginario y totalmente inverso al recorrido por la densa red de ciudades que, a manera de arco, colma y desborda la Unidad Costa Montaña, enlazando al conjunto Caracas (capital republicana)-Valencia-Maracay con cinco focos regionales en pleno crecimiento. Los dos primeros, el eje occidental y el oriental, se orillan con sentido norte-sur por las fronteras extremas de Venezuela. Dos ejes que alguna vez se unirían entre sí, a través del tercero: el Orinoco-Apure de las yermas y dilatadas sabanas centrales y selvas del sur. (Figura 1)

Del impulso de desarrollo brotarían dos nuevos mapas de Venezuela.

El mapa de ciudades se fundaría en la comuna arraigada a un distrito motor de desarrollo. La primera es el ente de articulación de organizaciones comunitarias. El segundo alude a una unidad de gestión territorial formulada para ámbitos a equipar y difundidos sin distingo por todo el país.

La comuna, convertida en epicentro de la inversión, sería el germen de la ciudad comunal a forjar, por iniciativa popular y por agregación de varias comunas, sin mirar delimitaciones ni identidades federales o municipales.

El otro es el mapa político-administrativo. Superpuesto al actual, revela un uso reiterado del concepto federal que desvirtúa la doctrina de reparto territorial del poder nacional. La federación comunal, bisagra de dos o más ciudades comunales, reemplazaría a la constitucionalmente reconocida entidad federal. A la gentilicia división territorial de Venezuela se le montaría la confederación comunal integrada por la suma de las federaciones. Por encima de esta y para “mejorar el contacto del Gobierno con el pueblo y reforzar la eficiencia de la gestión pública”, se decretan seis regiones federales de desarrollo integral.

¿SEREMOS TESTIGOS DEL ECLIPSE DE LA VENEZUELA DEMOCRÁTICA, PRÓSPERA Y MODERNA, Y EL PARALELO ALUMBRAMIENTO DEL ESTADO COMUNAL? (Figura 2)

¿SEREMOS TESTIGOS DEL ECLIPSE DE LA VENEZUELA DEMOCRÁTICA, PRÓSPERA Y MODERNA, Y EL PARALELO ALUMBRAMIENTO DEL ESTADO COMUNAL?

¿SEREMOS TESTIGOS DEL ECLIPSE DE LA VENEZUELA DEMOCRÁTICA, PRÓSPERA Y MODERNA, Y EL PARALELO ALUMBRAMIENTO DEL ESTADO COMUNAL?

¡Una fábula nociva!

Despilfarran recursos y desmantelan o abandonan el ejemplar patrimonio atesorado. Destruyen la descentralización territorial. Desatienden los lugares donde vive la gente. Incitan el caos y su alarmante escalada de problemas: apagones, fallas en la dotación de agua potable, ruina de la red vial, escasez de alimentos, medicinas y viviendas, colapso de la planta educativa, crisis hospitalaria, degradación de ciudades y campos, inseguridad ciudadana, exclusión, pobreza exacerbada.

Rosa M. EstabaMS en Teoría y Metodología Geográficas Profesora-Investigadora Asociada, Jubilada de la Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela Numerosas investigaciones y publicaciones, entre otras: -Del caos a los territorios inteligentes. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. (Serie documental de Geo Crítica). Universidad de Barcelona. Barcelona, España. 2008. -Una invitación para discutir sobre la Geografía desde mi experiencia profesional. Revista Geográfica Venezolana. Universidad de los Andes, Mérida, 2008. -De territorio Salvaje a Territorio Construido. Siglo XVI a siglo XX. En edición.

La comarca: un territori de vida i un concepte marginat

Europa, segle XXI. Estat espanyol i 17 comunitats autònomes, algunes d’elles amb voluntat d’independència. Com és possible? I aquest sentiment també és present actualment en territoris d’alguns països com Escòcia, Bretanya, Còrsega… Alguns altres ho han aconseguit inexplicablement (o no) com Kosovo o Montenegro. Tot a la vella i consolidada Europa. És evident que el territori és un element dinàmic i que cal tenir en compte.

Al si d’algunes comunitats que formen l’Estat espanyol, també hi ha un fort sentiment comarcal, en uns casos més tradicional i vivencial, i en altres amb visió de futur i pragmatisme. En aquest breu article anem a introduir-nos en la realitat de la comarcalització al País Valencià com a exemple de la importància de la vertebració territorial en un espai que està fora dels grans estudis geogràfics i congressos que s’hi dediquen. I a més, explicat en una llengua minoritzada al si d’una de les poques revistes que ho tolera com és GeocritiQ.

Al País Valencià, una de les comunitats autònomes d’Espanya, encara no ha arribat a fer-se realitat oficial aquesta distribució territorial, al contrari del que ha passat a Catalunya que ja disposa d’una Llei de comarcalització. És més, al País Valencià la falta de suficient pressió popular i la despreocupació dels governants sobre les possibilitats funcionals que hi pot tindre, fan que la comarca continue oblidada per uns, sol·licitada molt a sovint per l’oposició política i bandejada sempre pel govern corresponent. No obstant, és evident que aquesta estructura espacial és cada vegada més sentida per uns, reclamada per altres, amb interessos concrets i que molt lentament van configurant-se amb major o menor intensitat segons els diversos sectors i zones de que es tracte. La tradició popular ha anat recollint en certa forma la consciència d’aquest tipus d’afinitats immediates que pot representar el fenomen comarcal, condicionant les seues reduïdes dimensions en uns casos a qüestions fisiogràfiques o econòmiques tradicionals com el temps que durava el transport al mercat (amb ase o amb carro) o funcionals com la situació de les principals ciutats i les seues àrees d’influència.

En l’actualitat la doble divisió en províncies i municipis instituïda el 1833 no sembla tenir massa dificultats per a funcionar en la major part de la societat valenciana. Tanmateix, són certes les nombroses dificultats que molts municipis han començat a mostrar com a conseqüència de la seua inescaient capacitat per a prestar uns serveis cada vegada majors i més necessaris a les seues veïnes i veïns. A més a més, la greu descompensació territorial que ha patit el nostre país amb una forta concentració demogràfica al litoral o la segregació de petits nuclis per localisme o interessos, mostren un espai viu. També la tradicional acusació a la província de ser un element desvertebrador o innecessari en una realitat superior com és el País Valencià o l’extraordinari centripetisme que exerceixen les capitals i que la indústria pateix, són altres de les raons que conflueixen en la pressura per determinar altres fórmules organitzatives alternatives o complementàries que intenten evitar-ho com pot ser la comarca. Així mateix, és evident que també a nivell de participació democràtica, aquesta divisió administrativa pot afavorir la participació ciutadana i apropar i descentralitzar serveis, tot i considerant que a nivell legislatiu, tant la Constitució espanyola com l’Estatut d’Autonomia del nostre país possibiliten aquesta figura organitzativa.

De fet, han estat diverses les propostes de comarcalització, però tanmateix és sabut que mai no s’han explicitat amb detall els criteris que hi ha a la base de les divisions precedents, fins i tot d’alguna que ha assolit la més ampla acceptació com reconeixia el professor Ninyoles ja en la dècada dels vuitanta. No obstant, sembla haver existit dos moments àlgids de debat sobre aquesta qüestió. Una la podríem centrar al voltant dels anys vuitanta com a conseqüència de la transició democràtica i l’Estat de les Autonomies. L’altra amb molta menor força en l’actualitat, com a resultat de la desmobilització provocada pels grans partits polítics que veuen en el tema una autèntica guerra de capitalitats i delimitacions, compensada en part amb un creixement lent però constant de la consciència comarcal i de l’exigència per tenir els serveis més a prop del ciutadà.

Són diversos els tipus de comarques i diferents les perspectives que representen els seus elements. En primer lloc caldrà destriar des de l’òptica jurídic-administrativa, si la comarca es veu com a una entitat territorial amb finalitat i funcions generals, o com a entitat institucional amb fins i funcions concretes. En segon lloc estarà la delimitació comarcal atenent a la realitat objectiva proposada pels geògrafs. Per als francesos representa l’actitud clàssica, de forma que les comarques no són parts del territori arbitràriament definides, sinó sistemes de relacions que es realitzen en l’espai. Front a aquesta postura, està la que considera a les comarques com a pures construccions mentals, defensada per gran part dels geògrafs anglosaxons i els economistes.

E

El sistema educatiu a través de totes les assignatures però possiblement amb més insistència des de les Ciències Socials, deu recuperar una visió dinàmica del territori i dels problemes de les persones que hi viuen al seu si. n tercer lloc respecte al contingut, cal remarcar el caire d’imprecisió i ambigüitat del concepte com ja hem comentat anteriorment, de forma que davant l’originalitat dels territoris es passà a l’estudi de les seues excepcionalitats sense interrogar-se suficientment al voltant del seu contingut. Primer fou l’espai natural, després el possibilista a través del seu caràcter agrari o amb criteris urbans, i a continuació una estructura uniforme o jerarquitzada a partir de les funcions nodals o polaritzades. En quart lloc la dimensió d’una comarca és un dels problemes de difícil solució, on l’extensió no ha de ser l’única variable sinó que l’escala havia d’estar en funció del territori concret així com de la seua finalitat. Un altra qüestió seria el problema dels límits, doncs no hi ha un criteri generalment acceptat i així els clàssics ho feien intuïtivament, els estructuralistes en funció de relacions fluctuants sense preocupar-se dels contorns i altres utilitzant criteris subjectius, prèviament explicitats i d’acord amb els objectius de la comarcalització, amb una barreja de mètodes qualitatius al costat d’altres quantitatius. I per últim, encara queda el tema dels serveis que hauria de prestar i quins temes comuns hauria de gestionar.

Front a tot aquest panorama, el sistema educatiu fou sensible en les dècades dels anys vuitanta i noranta, fins anar diluint-se en models artificials als llibres de text i pràcticament desaparèixer en l’actualitat. És un exemple més de com el sistema educatiu a través de totes les assignatures però possiblement amb més insistència des de les Ciències Socials, deu recuperar una visió dinàmica del territori i dels problemes de les persones que hi viuen al seu si. En definitiva, tot un conjunt d’interessos al voltant d’un concepte eminentment complex com és el concepte de la comarca, oblidat per la majoria oficial però amb un fort component de futur en una societat de progrés i serveis als ciutadans i ciutadanes.

Per saber-ne més:

RAMIRO ROCA, Enric. La Ribera: imatge i territori. Alzira: Mancomunitat de la Ribera Alta, 2000

Enric Ramiro és mestre i actualment treballa a temps complet a l’Àrea de Didàctica de les Ciències Socials al si del Departament d’Educació a la Universitat Jaume I de Castelló (País Valencià-Espanya)

El territorio agrorrural no es un parque temático

José Antonio Segrelles Serrano*

La creciente falta de rentabilidad y la constante presión ejercida por las grandes ciudades están desnaturalizando la actividad agraria de muchos territorios periurbanos, tanto en el mundo desarrollado como en el subdesarrollado; incluso han motivado su paulatina desaparición en los casos más extremos. Precisamente, para paliar este problema, cuando se iniciaba la década de 1990 de la centuria pasada surgió la figura de los Parques Naturales Agrarios en varias ciudades europeas: Barcelona, Madrid, Génova, Milán, París, cuyo objetivo era preservar la agricultura e impulsar la rentabilidad de las explotaciones familiares de sus alrededores.

En palabras de Josep Montasell i Dorda, UN PARQUE NATURAL AGRARIO (PNA) Y EL TERRITORIO QUE LO ALBERGA NO SON UN PARQUE TEMÁTICO o etnográfico, un museo viviente o una simple reserva natural. Tampoco son una forma de momificación del espacio agropecuario. Un PNA es un instrumento de gestión eficiente de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, además de un agroecosistema con entidad propia que ayuda a conservar el territorio, a garantizar la continuidad agrícola del suelo y a fomentar la ejecución de programas concretos de desarrollo agrícola y rural.

Un caso destacado es el del PNA “Los Carrizales”, que se localiza en el área periurbana de Elche (Alicante), tercera ciudad de la Comunidad Valenciana (España) desde el punto de vista demográfico. Los agricultores que hacen posible la existencia de este PNA tienen bien asumido que EL PAISAJE AGRÍCOLA NO ES UN FIN EN SÍ MISMO, sino la consecuencia del propio dinamismo de la actividad agropecuaria productiva que crea paisajes culturales de gran valor, resultado del uso agrícola y ganadero del territorio.

El área ocupada por el PNA “Los Carrizales” se localiza en la antigua albufera o golfo de Elche (Sinus Illicitanus), inexistente en la actualidad y donde los ríos Vinalopó y Segura tenían su desembocadura. Las labores de desecación y bonificación llevadas a cabo en el siglo XVIII por el cardenal Belluga y el duque de Arcos transformaron esta zona insalubre y pantanosa en tierras aptas para la actividad agrícola. Las desecaciones fueron posibles gracias al denodado esfuerzo de los agricultores y nuevos colonos y a la creación de una extensa red de riego y evacuación, de herencia musulmana, por medio de la que se utilizan y reutilizan las aguas, dando lugar a una de las infraestructuras de irrigación y aprovechamiento hídrico más complejas del mundo. La misma agua servía para regar hasta tres o cuatro veces los campos. De ahí el valor cultural de este paisaje.

Los agricultores de este PNA intentan desarrollar unas producciones de elevada calidad con una marca o sello distintivo propio con el objeto de convertir a la agricultura familiar en una actividad rentable. También pretenden fomentar la transformación artesanal de los productos in situ, así como poner en marcha diversos programas de apoyo a la mujer rural y de formación para que los jóvenes puedan incorporarse al trabajo agrario.

Azarbe Ample, en el Parque Natural Agrario “Los Carrizales” (Elche, Alicante, España). Marzo 2012.
Autor: José Antonio Segrelles Serrano

Azarbe Ample, en el Parque Natural Agrario “Los Carrizales” (Elche, Alicante, España). Marzo 2012.
Autor: José Antonio Segrelles Serrano

Azarbe Ample, en el Parque Natural Agrario “Los Carrizales” (Elche, Alicante, España). Marzo 2012.

Autor: José Antonio Segrelles Serrano

Debido a la acuciante necesidad de generar rentas complementarias a las de la agricultura, el PNA “Los Carrizales” aprovecha su localización a caballo entre dos parques naturales protegidos, El Hondo y Las Salinas de Santa Pola, para ofrecer servicios de tipo ambiental y turístico. Los recursos ambientales, la diversidad biológica y la integración de la agricultura con el ecosistema contribuyen a la sostenibilidad y equilibrio de la zona. Todo esto (ambiente, biodiversidad y agricultura) es susceptible de convertirse en unos recursos rentables por medio de su utilización como espacio turístico, recreativo y de ocio. Existen múltiples posibilidades para aprovechar todas las oportunidades que ofrece el entorno para desarrollar varias modalidades turísticas: rural, agroturismo, ornitológico, de naturaleza, fotográfico, deportivo, cultural, senderismo, entre otras.

En definitiva, la protección ecológica y la integridad de los ecosistemas no tienen por qué excluir un aprovechamiento agrario rentable y eficiente. De este modo se contradice esa ideología conservacionista que aboga por el mantenimiento de los espacios naturales libres de la presencia humana y de sus actividades productivas. La utilización agropecuaria del medio se convierte en un factor territorial, ambiental y cultural de primer orden. LA AGRICULTURA ES LA GARANTÍA DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD y de los ecosistemas y la manifestación que crea un paisaje cultural de gran valor histórico que representa una seña de identidad de los pueblos.

Para mayor información:

SEGRELLES SERRANO, José Antonio. Conservación ambiental y aprovechamiento agropecuario: el caso del Parque Natural Agrario “Los Carrizales” (Elche, Alicante). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2013, nº 62, p. 295-316. <http://www.boletinage.com/articulos/62/13-SEGRELLES.pdf>. [10 de marzo de 2014].

*José Antonio Segrelles Serrano es Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Alicante, director del Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina-GIECRYAL (http://web.ua.es/giecryal/) y director de la revista digital GeoGraphos (http://web.ua.es/revista-geographos-giecryal/).