Planificación regional: teoría y praxis de la autonomía en el contexto argentino (1965-2015)

Ariel GARCIA

La planificación regional ha recorrido un largo derrotero tanto en América Latina como en Argentina. Analizada desde principios de siglo XXI, incluiría instrumentos que posibilitarían –a priori- una gestión pública de los problemas de desigualdad regional bajo un enfoque integral. Desde este marco, el artículo deja planteada la relación entre aparato burocrático estatal y planificación regional en dos momentos históricos seleccionados para el caso argentino: las décadas de 1960 y de 2010. El estudio de esta relación es útil para comprender las capacidades estatales efectivas a través de las que el Estado Nacional se ha propuesto modificar las condiciones estructurales de diversas actividades económicas en el último medio siglo.

En especial, se pueden destacar dos iniciativas de promoción específicas: el Plan Nacional de Desarrollo (1965-1969) y el Plan Estratégico Territorial Argentina 2016 -PET-. En ambos contextos históricos, desde el Estado Nacional se ha propugnado la necesidad de construir capacidades burocráticas para organizar y comandar el desarrollo regional. Desde al menos inicios de la década de 1990, se trata de escenarios atravesados por una extranjerización económica que condujo a una progresiva desnacionalización del comercio exterior. Esta extranjerización se da en una estructura productiva con desiguales niveles de productividad que se plasma y reproduce a través de brechas sociales regionales.

Interesa abordar la planificación en cuanto política pública que interpreta, interpela e interviene sobre una particular estructura social denominada “región” -usualmente asociada con el orden subnacional. Para esto, se enumeran cuatro ideas que intentan reconstruir teoría y praxis del vínculo entre aparato burocrático estatal y planificación regional.

En primer término, más de medio siglo de práctica y de retórica sobre la planificación regional en Argentina devela su alcance limitado en materia de transformaciones económicas de índole estructural. Bajo esta noción se han titulado diversos proyectos de desarrollo que usualmente han desestimado las efectivas instancias de conflicto entre actores económicos con distinto origen, dimensión e intereses. De este modo, nuevos escenarios económicos fueron abordados con instrumentos que dificultaron su cabal reconocimiento.

En segundo lugar, en el diálogo entre teoría de la planificación regional y estructura económica con desiguales niveles de productividad, la primera se encuentra en condiciones inciertas de alcanzar su finalidad declamada de reducir o revertir las brechas sociales regionales. Esto sucedería en razón del devenir de los contextos político-burocráticos atravesados por procesos de desregulación, privatización y concentración económica. En ese marco cíclico de construcción de capacidades, las burocracias estatales y los principales agentes económicos no han logrado instituir mecanismos de cooperación para fundar un proyecto compartido, situación que se define tanto por la ausencia de una autonomía enraizada por parte de las burocracias como por la presencia de enraizamientos nocivos. En especial, se refiere a regulaciones establecidas a medida de los principales agentes económicos –posibilitadas por la “captura” de áreas de gestión pública.

En tercer término, el precitado diálogo complejo entre teoría y praxis de la planificación regional, no permite avizorar como resultado una matriz de procedimientos, instrumentos y objetivos estables y perdurables. Matriz que permitiera transformar los circuitos de decisión, definición de objetivos y asignación de recursos, condición sine qua non para que la planificación regional torne operativas las funciones teóricas previstas. En la práctica, la praxis de la planificación regional constituyó un método de intervención secundaria, sin una inserción estructural determinada, independiente de los cambios gubernamentales.

En cuarto lugar, al analizar dos iniciativas bajo estudio se observa que las entidades que formularon ambos instrumentos (alternativamente, el Consejo Nacional de Desarrollo y la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública) han gozado de status administrativos diferentes y de perspectivas conceptuales disímiles. El contenido de ambas propuestas de planificación regional evidencia la modificación de perspectiva, de posturas estructuralistas (enfoques de arriba abajo) hacia visiones “territoriales” que promueven la participación social (de abajo arriba). Estas alteraciones se relacionan con el discontinuo interés político-administrativo en torno a los instrumentos de planificación, a la inestabilidad temporal y financiera de las dependencias abocadas a la temática y a las características de la propia inserción laboral de los funcionarios (p.e. recurrencia de contratación flexible, dispersión y discontinuidad de funciones, descoordinación administrativa, etc.).

Para concluir, una transformación definitiva en la orientación estatal ligada a la planificación regional debería considerar reformas dirigidas a institucionalizar su praxis. Se trataría de reformas que vinculen el accionar de los funcionarios con la consecución de sus propósitos colectivos, llevando al Estado Nacional a intervenir con mayor autonomía respecto de las presiones particularistas de los principales agentes económicos. Se trataría de construir una autonomía inscripta en vínculos sociales concretos y perdurables que ligan al aparato burocrático con las diversas redes de la sociedad civil a través de canales institucionales estables y dinámicos. Una vinculación de las burocracias con diversos sujetos sociales como la recién citada podría conducir a la resolución de conflictos en torno a los objetivos de políticas públicas dirigidas a remover los obstáculos propios a una estructura productiva heterogénea en un contexto de capitalismo periférico.

Para mayor información:

GARCIA, Ariel. 2018. “Auge y caída de la planificación regional en Argentina: entre la búsqueda de una autonomía enraizada y el escenario económico del capitalismo periférico (1965-2015).” Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 27 (1): 180-194. doi: 10.15446/rcdg.v27n1.58053.

Ariel GARCIA es Investigador Adjunto del CEUR-CONICET (Centro de Estudios Urbanos y Regionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y Profesor de Economía Política y Geografía Económica de la UBA (Universidad de Buenos Aires).

La necesaria planificación turística sostenible del paisaje agavero

, 2016 by Luis Amador Hidalgo

En la comarca tequilera del Estado de Jalisco se concentra un número significativo de elementos de valor cultural o ambiental que permite su apreciación como un todo coherente y vital. Todo este patrimonio se encuentra en un enclave natural singular, la elevación del volcán de Tequila y el cañón de la barranca del Río Grande de Santiago. En él se enmarcan el excepcional y único paisaje cultural, constituido por las ancestrales plantaciones de Agave, diversos sitios arqueológicos, numerosas destilerías históricas, poblaciones tradicionales y un valioso patrimonio inmaterial representado por usos agrícolas atávicos, gastronomía ancestral o fiestas populares.

Paisaje típico caracterizado por las plantaciones de agave
Paisaje típico caracterizado por las plantaciones de agave

En el año 2006 el Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales del Tequila fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en la categoría de paisaje cultural.

Para dar soporte a dicha nominación se aprobó un Plan de Manejo que tenía como objetivo garantizar la conservación y uso sustentable del conjunto de elementos que se pretendía preservar a través de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco: el paisaje natural, el Paisaje Agavero, los vestigios arqueológicos, las antiguas instalaciones industriales y las poblaciones tradicionales.

El Plan fue el instrumento que oficializó el turismo en la región, pretendiéndose impulsar con el mismo la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona, actuando como elemento aglutinador de los diversos instrumentos legales vigentes y vinculando, además, los contenidos del documento a los diversos programas y planes de desarrollo urbano y medioambiental que operaban en la comarca. Con todo ello se aspiraba a garantizar la autenticidad y la integridad de cada uno de los componentes del Paisaje Agavero a través de su conservación, restauración y utilización adecuada, así como el estímulo al crecimiento regional sustentado sobre los valores culturales locales.

Sin embargo, la aplicación del Plan, a pesar de haber producido algunos resultados positivos, no ha dado una respuesta conveniente a las necesidades del propio sector turístico, de los empresarios y de la población de la zona. El hecho de que se presente un Plan de este tipo, para la gestión del sitio inscrito, no tiene mayor trascendencia si luego no se aprueban las medidas legislativas adecuadas y si no se acompañan de la necesaria financiación.

La agricultura ha definido históricamente el paisaje actual, aunque, de forma paulatina, se ha ido reconfigurando la relación ámbito rural–ámbito urbano, principalmente por la aparición de nuevas actividades como el turismo, mediante la puesta en valor de los activos culturales y naturales de la región.

La introducción del turismo en la cadena productiva del Agave-tequila se ha realizado bajo esquemas poco claros en cuanto al planteamiento conceptual de la tipología turística, su integración territorial y la participación de la población. La presencia de algunos empresarios regionales ha venido forjando un territorio, de alto valor económico, sustentado en la cultura del tequila, la misma que se ha recreado en la actualidad con la incorporación del turismo a la mencionada cadena productiva. Además, la poca claridad ofrecida por el Plan de Manejo no ha permitido fijar a tiempo unos parámetros operativos adecuados para la actividad turística, así como la definición de zonas específicas para este tipo de prácticas a partir de acuerdos y compromisos previos entre los agentes de la región.

Hasta no hace mucho tiempo la idea que ha prevalecido es que la actividad turística todavía no provoca en la zona impactos negativos especialmente significativos. Por ello, no se han aplicado medidas para prevenir las posibles externalidades, ni tampoco se ha estimado un umbral máximo de acogida de turistas para el territorio. Sin embargo, esta aparente inocuidad es falsa.

El deterioro ambiental progresivo que se está produciendo en la zona, si bien no es imputable en gran medida a la actividad turística, atenta directamente contra la sustentabilidad del sistema y su potencial productivo. Aunque quizá todavía no se presentan situaciones de irreversibilidad, hay que destacar la degradación que se observa en los recursos naturales, sobre todo la relacionada con la contaminación de los acuíferos, la deforestación y pérdida de biodiversidad, la erosión de los suelos, y la contaminación atmosférica.

Por su parte, en el ámbito sociocultural, la presión turística creciente sobre la zona va a determinar cambios en el patrón cultural de los habitantes de la región. Estos procesos representan una clara amenaza para el desarrollo regional y también para el mantenimiento de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales del Tequila.

Por lo tanto, la ausencia de un modelo turístico sostenible para el Paisaje Agavero, dado que la aplicación del Plan de Manejo no ha contribuido significativamente a impulsar este proceso, ha puesto de manifiesto la necesidad de que los agentes decisores dispongan de instrumentos con los que poder realizar un diagnóstico de la situación actual y, a partir del mismo, plantear iniciativas que impulsen a este sector hacia la sostenibilidad.

En definitiva, la creciente actividad turística y la puesta en valor de la totalidad del patrimonio cultural de la zona pueden representar oportunidades para impulsar el desarrollo regional si se consigue perfilar e implementar un modelo turístico sostenible congruente con los intereses de todos los agentes.

En la coyuntura actual el sector agroindustrial debería tender puentes hacia los ámbitos de la cultura y los servicios bajo una propuesta que articule adecuadamente las aspiraciones de los diferentes sectores implicados. El binomio tequila y turismo demanda análisis más profundos, que consideren aspectos económicos, ambientales y socioculturales, los cuales sean incorporados a propuestas específicas de ordenación del territorio que integren también a otras actividades productivas. Pero esto sólo será posible si, por parte de todos, se asumen compromisos de orden económico, social y ambiental, es decir, si se diseña un esquema coherente de desarrollo sostenible.

Para mayor información:

MILLÁN VÁZQUEZ DE LA TORRE, Mª Genoveva; AMADOR HIDALGO, Luis y ARJONA FUENTES Juan M. El Paisaje Agavero y la planificación turística sostenible. Un requisito para su permanencia como sitio patrimonio de la humanidad. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de junio de 2016, vol. XX, nº 537. ISSN: 1138–9788.

Luis Amador Hidalgo es profesor del Departamento de Economía en la Universidad Loyola Andalucía.

¿PROVEER VIVIENDA O CONSTRUIR CIUDAD? LA NECESARIA REHABILITACIÓN DE LOS CRECIMIENTOS RESIDENCIALES RECIENTES EN ESPAÑA

Melisa Pesoa y Joaquín Sabaté

Entre 1980 y 2010, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, se ejecutan numerosos proyectos residenciales en ciudades intermedias españolas, dando lugar, en muchos casos, a los “ensanches” de nuestro siglo. Su análisis y su comparación con los más conocidos ensanches del siglo XIX, pone de manifiesto la necesidad de corregir numerosos aspectos para garantizar su eficiencia, funcionalidad y urbanidad.

Los ensanches decimonónicos combinaron ordenación pública, unitaria y homogénea, con un desarrollo privado diversificado, sujeto a unas pautas claras. La mayoría de los trazados, con forma ortogonal, como en tantas fundaciones latinoamericanas, han demostrado una notable capacidad de adaptación y de transformación.

Cien años después ya no se trata de hacer una ciudad nueva o de afrontar un proyecto unitario y de grandes dimensiones, sino de satisfacer una notable demanda de vivienda mediante operaciones de tamaño acotado (una media de 40 has), que se incorporan a la ciudad de manera puntual.

El análisis de más de medio centenar de estos recientes proyectos españoles arroja resultados sorprendentes.

La densidad, que suele estar por debajo de las 30 viviendas por hectárea, resulta un factor crítico, como lo es la excesiva aportación de espacios libres, muy por encima de los mínimos exigidos, en localizaciones por lo general periféricas y en ámbitos de baja densidad. Esta sobreabundancia de espacios libres, relativamente fragmentados en una periferia poco densa, genera espacios costosos de mantener, e incluso poco apropiados para su comunidad.

Se observa una notable proporción de viario: si en la ciudad tradicional y en los ensanches del XIX, esta proporción suele oscilar entre el 25% y 30% del total, en las operaciones analizadas vemos como frecuentemente supera el 35%.

Otra singularidad remarcable es la ausencia general de usos no residenciales en las plantas bajas de los edificios (comercios, bares, servicios, etc.), ya sea por no haberse previsto, o porque no han llegado a ocuparse aún. Las dotaciones y servicios se disponen concentradas, en lugar de repartirse en piezas de menor tamaño y ajustadas a las necesidades cotidianas de los residentes. Las consecuencias son disminución de la complejidad funcional, de la urbanidad, y desplazamientos forzados para cubrir necesidades muy básicas. Esto se agrava, nuevamente, por la situación periférica de varios de estos conjuntos y su baja densidad.

La opción más común es el bloque (casi el 59% de los casos analizados), seguido por viviendas adosadas (o en hilera, 26%). Muy pocos casos combinan tipologías, un factor que propiciaría una cierta diversidad y mezcla social. Las construcciones se disponen en el perímetro de la manzana, respetando las alineaciones a las calles. La actual libertad compositiva no redunda en una diversidad de tipos edificatorios, ni de programas funcionales. Las manzanas son, por lo general, más complejas que las decimonónicas, en la medida en que introducen tipologías diversas, espacios públicos y dotaciones. Sin embargo llama la atención su tamaño, inferior al tradicional.

A pesar de su carácter tamaño reducido, estas operaciones no resuelven con sensibilidad su relación con la ciudad existente, ni con los barrios contiguos. Más que construir ciudad, como los ensanches decimonónicos, estamos frente al proyecto de fragmentos, que acaban encajando en un difícil rompecabezas. No existe innovación como en los ensanches del XIX, en las propuestas del Movimiento Moderno o la reciente experiencia de las áreas concertadas en París. Se trata de una oportunidad de experimentación desaprovechada, donde más allá del considerable parque de viviendas construido, no se ha profundizado lo suficiente, ni se han buscado alternativas en la definición de las agrupaciones.

¿Cuáles son las alternativas de futuro de estos fragmentos?

¿Cómo hacerlos habitables y sustentables en el tiempo?

Este es el reto que nos plantean las nuevas periferias: pensar en las relaciones entre las partes, las de los fragmentos entre sí y las de éstos con la ciudad central. Unir costuras, reorganizar espacios libres, buscar estrategias de densificación, introducir nuevas actividades de manera distribuida, mezclar sectores sociales… Se trata de encontrar pautas para la puesta al día de una ciudad reciente, pero que, en oposición a la tradicional, ha crecido en base a la fragmentación y una excesiva homogeneidad, y siendo tan joven, reclama ya su rehabilitación.

Melisa Pesoa es arquitecta, máster en investigación, y esta finalizando su tesis doctoral en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Joaquín Sabaté es doctor arquitecto y economista. Catedrático de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Para mayor información: Esta investigación forma parte del proyecto “Evaluación de las tramas urbanas residenciales en la transformación reciente de las ciudades españolas. La eficiencia energética como criterio de medida”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, consultable en http://www.proyectocrece.es/p/presentacio.html.

Inventario de recursos turísticos como base para la planificación territorial en zonas desérticas

Paloma Blanco López *

Los modelos actuales de planificación del desarrollo turístico conciben al territorio como un producto integral que suma paisaje, empresas, infraestructuras, equipamientos, entorno social y patrimonio. El problema con esta visión general, es que podría considerarse que cualquier territorio puede convertirse en un destino turístico en virtud de poseer recursos potencialmente atractivos, sin considerar que no todos cuentan con la capacidad material y física para atender a un creciente número de visitantes, ni todos pueden desarrollarse en un plan turístico a largo plazo. En este contexto, es necesario un diagnóstico de los recursos naturales y culturales con potencial turístico en un territorio, como una de las condiciones inherentes de una planificación turística integral.

Esta situación es relevante en ecosistemas áridos, cuya fragilidad física y cultural requieren una planificación maximice su potencial y disminuya sus riesgos. En San Luis Potosí, la región árida y semiárida forma parte del Desierto Chihuahuense y se localiza en la Zona Altiplano. Abarca 15 de los 58 municipios de la entidad y comprende un área aproximada de 29,119.80 Km²., que equivalen a 46.74% de la superficie del Estado. Aun cuando es una zona desértica, cuenta con características fisiográficas que ofrecen una amplia gama de paisajes y ambientes con potencial para la práctica de turismo de naturaleza, además de contar con elementos culturales que propician el turismo cultural y religioso. Para argumentar esta afirmación se realizó un catálogo de los recursos turísticos de los quince municipios que componen la Zona Altiplano.

El proceso se llevó a cabo en dos etapas: la primera consistió en una revisión documental de trabajos similares previos sobre la zona de estudio para identificar el número, tipo y distribución de los recursos turísticos en la región. La segunda etapa consistió en trabajo de campo, en donde se verificaron y contrastaron los resultados de la información documental, además de recabar información oral con los pobladores, grupos ecologistas de la región y prestadores de servicios.

Como resultado se identificaron cinco rutas que integran los atractivos naturales y socio culturales a lo largo del Altiplano Potosino: La Ruta 1, compuesta por los municipios de Vanegas y Catorce; la Ruta 2 la integran Matehuala, Villa de la Paz y Cedral; la Ruta 3 abarca Villa de Guadalupe, Charcas, Venado y Moctezuma; la Ruta 4 corresponde a Guadalcázar y en la Ruta 5 se encuentran Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo.

La información de las cinco rutas se agrupó y clasificó de acuerdo con una metodología con visión geográfica en donde los elementos naturales y culturales se asocian en un espacio determinado con carácter permanente y a la vez proporcionan información sobre el potencial turístico de la región.

En total, el inventario para los 15 municipios de la Zona Altiplano consta de 270 atractivos turísticos, de los cuales 86 son naturales (51 físicos, 6 regiones especiales y 29 biológicos) y 184 socioculturales (100 manifestaciones culturales, 16 manifestaciones técnicas o científicas y 68 manifestaciones de folklor). Posteriormente se elaboró la cartografía y un análisis FODA para cada ruta para caracterizar y cada una de las áreas potenciales de desarrollo turístico en la región altiplano.

Ejemplo de mapa de ubicación y categorización de atractivos turísticos de la Zona Altiplano de San Luis Potosí, México. (Ruta 3)

De esa forma se demostró que el Altiplano potosino cuenta con una buena oferta de recursos naturales y socioculturales con atractivo turístico y valor único en el segmento de zonas áridas y semiáridas, que le otorgan un alto potencial para el desarrollo de la región. En contraste, la planificación turística es compacta y poco diversificada; no toma en cuenta las particularidades de cada parte del territorio, de forma que la actividad turística y sus beneficios se concentra sólo en algunas partes de la región y en actividades de aventura.

Esto podría provocar a largo plazo una sobrecarga de visitantes y el incremento en los riesgos ambientales, pues aunque la oferta turística del Altiplano atrae a un tipo de turista que busca contacto con la naturaleza, esto no es garantía de que el visitante sea informado, comprometido y con cultura ecológica y sostenible; lo que puede provocar prácticas como el comercio ilegal de flora y fauna silvestre, un inadecuado manejo de desechos y daños premeditados a los recursos naturales, que a corto y mediano plazo disminuyen el interés en los turistas y por ende, menores visitas e ingresos.

Para mayor infor­ma­ción:

BLANCO LÓPEZ, Paloma. et. al. Inventario de recursos turísticos como base para la planificación territorial en la zona Altiplano de San Luis Potosí, México. Cuadernos de Turismo, 2015. Núm. 35. Enero-Junio. Murcia, España. pp. 17-42. http://revistas.um.es/turismo/article/view/221491

*Paloma Blanco López es Doctora en Ciencias Ambientales, egresada de Los Programas Multidisciplinarios de Posgrado en Ciencias Ambientales, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.

La vicenda della difficile riconversione del patrimonio immobiliare pubblico e militare abbandonato in Italia

Por Francesco Gastaldi [1] y Federico Camerin [2]

Il tema della riconversione del patrimonio pubblico immobiliare in Italia (tra cui quello militare) fa ormai parte del dibattito politico-amministrativo da molti anni, ma è prevalentemente tematizzato secondo questioni di natura contabile e come possibile mezzo per la riduzione del debito pubblico, spostando in secondo piano altri aspetti legati alla pianificazione, alla gestione urbana, ai processi di valorizzazione culturale e alla promozione del territorio. Il contributo intende ricostruire brevemente tale vicenda, delineandone inerzialità e opportunità caratterizzanti il processo di riuso dei beni, soprattutto le ultimè novità per quelli ex militari.

Le difficoltà di attuazione per la riconversione del patrimonio pubblico immobiliare hanno avuto ripercussioni negative sulle città italiane, sia in termini di vivibilità degli spazi urbani interessati, sia perché ostacola i possibili progetti di riqualificazione che potrebbero innescare processi di sviluppo e rigenerazione. Le caserme e gli edifici pubblici in genere erano sedi di attività che generavano un indotto sull’economia locale, spesso grazie a trasferimenti statali. La loro chiusura (o ricollocazione) ha prodotto effetti negativi anche sul piano occupazionale, perché spesso non sono stati sostituiti da altre attività in grado di fornire redditi.

L’immobilismo che caratterizza questo tema è in forte contrapposizione con la velocità estrema con cui il mondo politico ha cambiato e sovrapposto numerose disposizioni legislative. Le norme sono state emanate senza affrontare il vero nocciolo della questione che dovrebbe stare alla base di ogni programma e strategia politica, ossia la conoscenza e le relazioni con il territorio al quale i cespiti appartengono. I processi di dismissione e di riuso del patrimonio immobiliare pubblico (spesso edifici molto grandi, situati in aree già dotate di infrastrutture e dotati di ampie superfici di spazio aperto) hanno riflessi e impatti rilevanti su molte questioni che riguardano le politiche di governo del territorio degli enti locali.

È prevalente la circostanza per cui i comuni italiani non riescono ad utilizzare gli ex beni pubblici come occasione di rigenerazione e di sviluppo urbano e territoriale e gli impatti derivano, in negativo, dalle occasioni perdute. Il continuo cambiamento di obiettivi e strumenti, introdotto dalle norme statali, hanno reso il tema così complesso che nella maggior parte dei casi le amministrazioni locali non sono state in condizione di tenere sotto controllo gli iter procedurali, generando perciò illusioni e frustrazioni negli attori sociali ed economici e causando uno stato di perenne indeterminazione.

Un cuartel abandonado en Treviso. Foto por Federico Camerin, 2014.
Un cuartel abandonado en Treviso. Foto por Federico Camerin, 2014.

Considerando le esigenze di razionalizzazione dello Stato e della condivisione degli scenari di rifunzionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, a partire dal 2014 il Ministero della Difesa ha istituito una “Task Force con l’Agenzia del Demanio (l’ente pubblico incaricato della gestione efficace ed efficiente del patrimonio pubblico dello Stato italiano) con il compito di velocizzare gli iter di riconversione del patrimonio non più utile alle esigenze militari attraverso la stipula di accordi interistituzionali, denominati “protocolli d’intesa”. Tra 2014 e 2015 sono stati firmati vari protocolli volti alla riqualificazione di molte aree militari abbandonate presenti nelle maggiori città italiane, tra cui Firenze, Milano, Roma e Torino. In questa maniera ogni Comune si impegna, entro un anno dalla stipula del protocollo, a sottoscrivere le attività per la valorizzazione dei beni conformando le nuove destinazioni urbanistiche, in coerenza con gli indirizzi del relativo piano regolatore o promuovendo accordi di programma per la variazione degli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica. La validità dell’accordo potrebbe essere soggetta a variazioni temporali se verrà concordato un nuovo termine fornendo adeguate motivazioni.

Sembra quasi scontato sottolineare che l’appetibilità del patrimonio pubblico immobiliare abbandonato dipenda dalle attività che vi si potranno svolgere. Se alla definizione di queste ultime non si può giungere prima delle procedure di alienazione per l’assenza di un accordo tra lo Stato proprietario ed il comune gestore del territorio, o vi si giunge in tempi tanto lunghi, non vi è dubbio che le possibilità di successo dei processi di riconversione si riducano sensibilmente. Nei vari provvedimenti legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni sono stati sempre inseriti quanti più soggetti possibili, con la conseguenza di aver continuamente ridotto la capacità di riuscire a realizzare processi dinamici.

Con le novità introdotte dagli ultimi provvedimenti legislativi sembrano intravvedersi elementi virtuosi che potrebbero portare ad esiti reali per processi che si trascinano nel tempo da molti anni. In questo contesto appare fondamentale il ruolo affidato all’Agenzia del Demanio che, dopo un periodo di rapporto instabile ed incerto con il Ministero della Difesa, sembra ora affidataria del ruolo e delle competenze per gestire in modo più efficace i procedimenti. Gli esiti degli interventi dovrebbero essere indirizzati verso il riuso, in particolare le dimensioni e l’ubicazione delle caserme dovrebbe consente di mobilitare capitali pubblici e privati, per costruire partnership essenziali in questo momento di crisi economica.

[1] Francesco Gastaldi es profesor asociado en el Dep.to de Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, universidad IUAV de Venecia

[2] Federico Camerin es becario de investigación en el Dep.to de Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, universidad IUAV de Venecia

Para mayor información:

GASTALDI Francesco, CAMERIN Federico. La rigenerazione urbana e i processi di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e militare in Italia. TRIA. Territorio della Ricerca su Insediamenti Territoriali, núm. 14, 2015, pp. 45-58, [ISSN 1974-6849]. <http://www.tria.unina.it/index.php/tria/article/download/3014/3208>