Eficiencia y sostenibilidad en la mejora y prevención de los asentamientos informales

Dr. Ing. Marc Pérez Casas*

En los últimos 30 años ha habido una importante cantidad de experiencias de intervención en mejoramiento integral de barrios en América Latina y Caribe, pero a la fecha según Naciones Unidas no se ha conseguido reducir la cantidad absoluta de habitantes que viven en dichos asentamientos. Por el contrario, han aumentado de 106 a 111 millones de personas, desde 1990 a 2010. La solución a los problemas asociados a la proliferación de los asentamientos informales pasa por hacer política urbana, tanto de remediación como de prevención. El incremento imparable de nuevos asentamientos informales y la mayor necesidad de recursos para ofrecer intervenciones cada vez más integrales, obliga a pensar en esquemas que permitan recuperar las inversiones y superar algunos paradigmas.

Se debería mejorar la implementación de los proyectos de mejoramiento de barrios para que sean más eficientes y tengan mayor alcance, ofreciendo un esquema de recuperación de la inversión a largo plazo que capta las plusvalías generadas por estos a través de impuesto predial. Son grandes las ventajas y la factibilidad de implementar políticas de prevención de asentamientos informales a través de la generación de suelo urbano asequible para familias de bajos ingresos, que además permite dirigir el crecimiento de la ciudad de forma ordenada y articulada con el sector privado.

Cuando los diseños de la intervenciones se realizan con una visión más allá de los límites administrativos del barrio a intervenir y, además, cuando se realiza un proceso de articulación tanto desde la comunidad y la municipalidad (bottom-up) como desde los niveles nacionales y gubernamentales (top-down), se consigue generar sinergias que mejoran la eficiencia, el alcance y el impacto de los proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de mejora de barrios en la ciudad de León (Nicaragua) el incremento del diámetro de las tuberías principales permitirá que no solo el barrio de 703 lotes sea beneficiado, sino que esta inversión sea aprovechada a mediano plazo por más de 4.300 lotes de otros 6 barrios vecinos, aprovechándose con ello el 44% de la inversión en saneamiento. De forma similar pasó con otros servicios urbanos y barrios, aunque también se perdió la oportunidad de impactos mayores en algunos proyectos por una combinación de diseños de corto alcance y falta de voluntad política local.

Parece comprobarse también la teoría de Francesc Magrinyà sobre el proceso iterativo de crecimiento de los tejidos urbanos, donde la inversiones en Parcelación (P) y Urbanización (U) permiten generar mejoras en la Edificación (E). La mejora del entorno urbano en un barrio reduce los déficits habitacionales cuando estas intervenciones se realizan bajo esquemas de atención integral. Esto convierte a las intervenciones de mejoramiento integral de barrios en esquemas de política pública más eficientes para la reducción sobre los déficits tanto de infraestructura como de vivienda. Los costos de inversión por lote fueron menores que los programas de vivienda social: 2.500 versus 5.000 dólares, con la diferencia que en los segundos la inversión es puntual en una familia y dispersa. Además, el impacto va más allá de la vivienda, ya que mejora la calidad de vida, la salud, la economía familiar y la seguridad física.

Cuando las intervenciones urbanas son concebidas bajo modelos sostenibles y adaptados para familias de bajos ingresos, no solamente es posible recuperar las inversiones sino generar procesos endógenos, que se retroalimenten y se incrementen de forma exponencial. Es valioso el proyecto de expansión urbana de León Sureste en Nicaragua, una iniciativa local de generación de suelo urbano para familias de bajos ingresos de urbanización progresiva. Su particularidad fue el diseño de un esquema de recuperación de la inversión a partir de un capital-semilla y el otorgamiento de préstamos municipales. Como resultado se crearon 2.300 lotes urbanos con una inversión de más de un millón de dólares recuperados en 10 años, alcanzando los 6.500 lotes en fases posteriores y generando alianzas con el sector privado para vivienda social.

Es elevado el potencial de los catastros municipales para captar los incrementos de las plusvalías generadas por los proyectos de mejoramiento de barrios. Los 1,8 millones de dólares invertidos en el barrio Azarías H. Pallais de León se podían recuperar a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un plazo de 29 años. De hecho, partiendo de la actual recaudación anual de 1.700 dólares en un barrio de 703 lotes, se podía multiplicar por 4,6 veces en el primer año, por 23 veces a los 5 años y por 40 veces a los 10 años.

Con ello se propone un esquema de financiamiento que, a partir de un Capital Semilla Nacional – programa de cooperación o fondos de inversión pública-, se realiza la primera inversión en el barrio #1. Las plusvalías captadas a través del cobro del IBI son transferidas a un Fondo Revolvente Municipal que en unos años, cuando tenga fondos suficiente, puede invertir en el mejoramiento de un barrio #2, el cual igualmente alimenta el Fondo con la captación de las plusvalías, y así reiterativamente con más barrios. Este proceso es iterativo y con un incremento exponencial de la recuperación de plusvalías, al sumar más y más barrios intervenidos que alimentan el Fondo.

La investigación ofrece dos esquemas de inversión y financiamiento. La diferencia entre ambos pasa por el lapso de tiempo necesario: unos 30 años para la remediación y 10 años para la prevención de asentamientos. Las ventajas de la prevención son indiscutibles, pero no puede descuidarse la atención a los asentamientos informales, focos de precariedad, inseguridad y exclusión social. La solución a los asentamientos informales debe pasar por implementar modelos sostenibles económicamente, más eficientes y en articulación con todos los actores implicados.

Para mayor infor­ma­ción

PÉREZ-CASAS, Marc. Del mejoramiento a la prevención de asentamientos informales: esquemas endógenos y sostenibles en ciudades intermedias de Nicaragua. Tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2016, <http://hdl.handle.net/10803/397998>.

PÉREZ-CASAS, Marc; MAGRINYÀ, Francesc. Prevención de asentamientos informales a través políticas de expansión urbana de lotificación con servicios para familias de bajos ingresos: El caso de León Sureste, Nicaragua. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2015.

Marc Pérez-Casas es Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y consultor internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina.

La costa mediterránea española: un retiro no tan dorado

Joan Carles Membrado*

En 2014, por primera vez desde 1990, se observa un descenso a nivel estadístico en el número de retirados de alto poder adquisitivo que dedicieron instalar su residencia en la costa mediterránea española, cuyo volumen era cercano a las 450.000 personas en 2012.

El 95 por ciento de los inmigrantes mayores de 55 años llegados a España durante las últimas dos décadas se instaló en las zonas más cálidas y soleadas del territorio español: el litoral de clima mediterráneo, y también las islas Canarias. Este tipo de inmigrantes de alto poder adquisitivo, también llamados «turistas residenciales», fue atraído por grandes empresas de la construcción y promotores inmobiliarios, que tendían a concentrar inmigrantes de la misma nacionalidad (alemana, inglesa, holandesa, noruega, sueca…) en ciertas áreas, con el fin de optimizar recursos y costes, tratando de vender cada urbanización en un solo país. Se crearon así colonias de personas de una misma nacionalidad, las viviendas de las cuales eran buscadas por los inmigrantes retirados que, al desconocer la lengua del país de acogida, se encontraban más seguros si podía vivir entre vecinos del mismo país. Algunos promotores, banqueros y políticos se enriquecieron gracias a la especulación del suelo y el crecimiento urbano ilimitado durante la burbuja inmobiliaria española (1998-2007), y un considerable número de empresas y bancos gestores de dichos proyectos acabó quebrando, incapaces de prever la crisis económica que estalló en 2007.

El «turismo residencial» atrajo mucha mano de obra a la costa mediterránea española para dar servicio a los inmigrantes retirados, cuyo gasto estaba asegurado gracias a las pensiones que recibían desde sus países. Sin embargo, la rápida inmigración tanto de jubilados como de personas que trabajaban para ellos ha congestionado algunas zonas de la costa mediterránea, en especial la Costa Blanca, y ha saturado determinadas infraestructuras (sanitarias, viarias, eléctricas, de agua…). Algunos de los primeros inmigrantes que hace décadas decidieron instalarse en idílicas zonas rurales de la arcádica costa mediterránea se han visto privados de esta tranquilidad conforme los promotores, con la complicidad de las autoridades locales y regionales, han construido sobre antiguos terrenos catalogados como rústicos, proceso que se aceleró desde la aprobación de la ley del suelo de 1998, que permitía la edificación sobre cualquier terreno que no estuviese expresamente protegido. La falta de una planificación urbana adecuada, que habría hecho posible el control de los excesos de los promotores, ha llevado a la construcción incontrolada de extensas áreas suburbanas, lo que a su vez ha infligido un daño irreversible al medio ambiente y al paisaje, que ha perdido campos, montañas y bosques.

Además, cabe destacar la falta de cohesión territorial y social entre los inmigrantes jubilados noreuropeos y la gente local, que a menudo los considera como meros consumidores de productos y servicios. Una medida para evitar el aislamiento de los turistas residenciales sería conectar las urbanizaciones periféricas donde viven con los centros urbanos a través del transporte público, paseos peatonales y carriles bici, además de dotarlas de zonas verdes y servicios públicos.

Si los políticos locales de la costa mediterránea no empiezan a trabajar de una manera más racional y sostenible, tal vez los inmigrantes jubilados noreuropeos que ahora viven allí podrían no tener reemplazo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2014 nos indican un descenso alarmante de 85.000 retirados (gente de más de 55 años) procedentes de países europeos más ricos que España. No obstante, hay que tomar con cautela esta cifra, ya que en realidad lo que ha pasado es que el INE ha hecho una depuración del padrón de extranjeros (muchos municipios sobrevaloraban su población extranjera para poder recibir más ayudas estatales), lo que ha implicado un descenso acusado de la población perteneciente a este colectivo. No se puede hablar, por el momento, de un éxodo masivo, pero habrá que estar atento durante los próximos años a los movimientos de este colectivo de población, pieza clave para la economía local de algunas áreas del litoral mediterráneo español.

Joan Carles Membrado Tena es profesor de Geografía en la Universitat de València (España)

Para mayor información:

MEMBRADO TENA, Joan Carles. Migración residencial y urbanismo expansivo en el mediterráneo español. Cuadernos de Turismo, 2015, nº 35; pp. 259-285 Universidad de Murcia. [En línea]. http://revistas.um.es/turismo/article/view/221611/173111