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La economía, aliada contra la esclavitud

de

Luis Perdices de Blas y José Luis Ramos Gorostiza*

La economía no tuvo buena prensa en el siglo XIX. Pronto los economistas empezaron a ser asociados con la defensa de los salarios de subsistencia, y su mala imagen se afianzó aún más con la aprobación de las leyes de pobres de 1834, que restringían la ayuda a los más desfavorecidos. De hecho, Charles Dickens y su Oliver Twist fueron los arietes de una campaña contra las tesis de Thomas Malthus y sus seguidores. Pero el mayor ataque vino –paradójicamente– de la mano de un firme defensor de la esclavitud, Thomas Carlyle, quien calificó despectivamente a la economía como “ciencia lúgubre” en su Occasional Discourse on the Negro Question (1849). Sin embargo, lo cierto es que ni los economistas de la Escuela Clásica defendieron nunca los salarios de subsistencia, ni tampoco pretendieron dejar en la indigencia a los pobres. Además, desde finales del siglo XVIII la economía suministró argumentos adicionales a una causa tan noble como la abolición definitiva de la esclavitud, complementando los ya muy relevantes argumentos éticos, políticos, religiosos y jurídicos.

En efecto, los economistas, como el fisiócrata P.S. Du Pont de Nemours o los clásicos Adam Smith y John Stuart Mill, condenaron desde un principio la esclavitud por ser la más triste situación en la que podía verse un ser humano: los esclavos llevaban una vida miserable e infeliz completamente a merced de otros. Pero además, intentaron mostrar que la esclavitud no tenía sentido desde el punto de vista económico: un esclavo era generalmente más caro y menos productivo que un trabajador libre, pues no tenía incentivo alguno a esforzarse más allá de lo estrictamente necesario para su mera subsistencia. No obstante, algunos economistas –como John Ramsay McCulloch– plantearon la posibilidad de que pudiese haber una excepción a esta regla en el caso de la esclavitud africana en las colonias antillanas dedicadas al cultivo del azúcar, dadas sus peculiares condiciones climáticas, la extrema dureza del trabajo en las plantaciones, y la facilidad para satisfacer las necesidades básicas en el Caribe.

En España, precisamente, el tardío debate económico sobre la abolición de la esclavitud se centró en discutir si sus colonias caribeñas –Cuba y Puerto Rico– representaban o no un caso excepcional. Hubo tres etapas bien diferenciadas. En la primera, hasta 1864, se debatió sobre todo en torno a la abolición de la trata, pero la institución de la esclavitud como tal no fue generalmente cuestionada. Sólo Ramón de la Sagra y José Antonio Saco se atrevieron a atacarla con argumentos económicos, negando la excepcionalidad cubana: la esclavitud iba asociada a un modelo productivo –de plantación azucarera de grandes latifundios– que tenía unas bases muy frágiles y conducía a deforestación, monocultivo y mono-exportación; además, la mano de obra esclava era incompatible con una agricultura científica y sofisticada.

En la segunda etapa (1864-1870), que arrancó con la constitución de la Sociedad Abolicionista, empezó propiamente el debate económico sobre la abolición de la esclavitud. Los esclavistas puros, como José Ferrer de Couto, se aferraron a la idea de la excepcionalidad caribeña que había apuntado McCulloch, pero añadiendo toques racistas. Entre los abolicionistas gradualistas destacó Francisco Armas y Céspedes, que, pese a aceptar plenamente los argumentos antiesclavistas smithianos y negar la supuesta excepcionalidad de Cuba y Puerto Rico, consideró necesario un amplio periodo de transición a la luz de lo sucedido tras la abolición en las colonias inglesas y francesas. Finalmente, los partidarios de una abolición inmediata fueron los economistas liberales de la Escuela Economista (Félix Bona, Gabriel Rodríguez, Joaquín Sanromá, etc.), que ensalzaron las virtudes del trabajo libre y afirmaron la compatibilidad entre librecambio y abolición; además, analizaron en detalle los casos prácticos de las colonias británicas, el sur de Estados Unidos y Cuba, para mostrar la conveniencia económica de una emancipación inmediata de los esclavos.

Finalmente, la tercera etapa (1870-1886), la del triunfo definitivo de los abolicionistas, se inició con la ley preparatoria de S. Moret. Los argumentos económicos esenciales de los dos bandos ya estaban perfilados desde la etapa anterior y ahora la labor fue sobre todo de difusión. Los esclavistas –como Juan Manuel Manzanedo y Juan Güell– se organizaron para defender sus intereses uniéndolos a los de los proteccionistas y dándoles un marcado color patriótico; asimismo, reclamaron un periodo de transición indefinido como mal menor. Entre los abolicionistas radicales –que aceptaron de mala gana la indemnización a los propietarios de esclavos para acelerar el proceso– brilló especialmente Rafael María Labra, quien reiteró otra vez los argumentos smithianos y volvió a servirse de los ejemplos estadounidense, británico y francés.

Cuando por fin la esclavitud fue abolida en Puerto Rico (1873) y Cuba (1886), culminó un largo y tortuoso proceso en el que los economistas, representantes de la supuesta “ciencia lúgubre”, habían desempeñado un papel destacado. Sus argumentaciones, entretejidas con las razones morales, religiosas, jurídicas y políticas, habían contribuido a derribar definitivamente una abominable institución que llevaba arraigada durante siglos.

Para mayor información:

PERDICES DE BLAS, Luis; RAMOS GOROSTIZA, José Luis. La economía política de la esclavitud: los argumentos económicos del debate abolicionista español del siglo XIX. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1 de junio de 2017, vol. XXI, nº 567 [ISSN: 1138- 9788].Disponible en: <http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/19189>

* Luis Perdices de Blas y José Luis Ramos Gorostiza son, respectivamente, catedrático y profesor titular de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid, UCM (España).

La vulnerabilidad laboral endémica de la población joven española.

de

Carlos Echaves García* y Antonio Echaves García**

La juventud española se ubica en un entorno de progresiva precariedad económica como consecuencia del deterioro del mercado de trabajo. Desde el año 2008 el desempleo juvenil ha ido aumentando hasta alcanzar niveles inquietantes en el presente. En este sentido, el efecto de la crisis es evidente; sin embargo, mayores tasas de paro, mayor temporalidad (y empleo a tiempo parcial) y menores salarios respecto al conjunto de la población, existían antes de la recesión económica. Por ello, es posible sostener que la mayor vulnerabilidad en el desempleo y las inestables condiciones laborales del colectivo juvenil son hechos estructurales de nuestro mercado de trabajo y que la crisis no ha hecho más que agravar.

El deterioro de la situación laboral de los jóvenes en España viene precedido por una reducción del contingente juvenil en términos demográficos con evidente impacto en el mercado laboral, tanto en la población que está en edad de trabajar como en la población activa y ocupada. La Encuesta de la Población Activa muestra que, mientras el conjunto de la población en edad de trabajar aumenta en España cerca de 8 millones desde comienzos de la década de los noventa del siglo XX hasta el 2014, la población joven disminuye, lo que supone un descenso sostenido (e independiente de los contextos económicos) del porcentaje de jóvenes respecto a la población total en edad de trabajar. Caída reflejada a su vez, según la EPA 2015, en el descenso de la actividad juvenil y en un intenso retroceso del peso relativo de este colectivo respecto al total de la población ocupada.

Ahora bien, uno de los aspectos definitorios de la fragilidad de nuestros jóvenes es la precariedad estructural asociada, por un lado, a la mayor incidencia de la temporalidad y de empleos a tiempo parcial, y por otro, al menor poder adquisitivo como consecuencia del menor salario percibido por el trabajo desempeñado. En la figura 1 se puede observar la evolución y estado actual de la temporalidad confirmándose la mayor concentración de asalariados con contratos temporales en los jóvenes en comparación con la población total asalariada. Diferencia que se mantiene desde 2006 hasta 2015, y que no hace sino aumentar a partir de 2010. Fenómeno que no es consecuencia de la actual crisis, pues una mayor temporalidad laboral de la población joven respecto al conjunto de la población ya existía antes de la recesión.

Figura 1. Evolución total de asalariados y asalariados jóvenes con contratos temporales y contratos tiempo parcial (% del total de contratos) según sexo, España.

Fuente: Encuesta de Población Activa (medias anuales).
Fuente: Encuesta de Población Activa (medias anuales).

Tal y como se ha dicho, esta precariedad endémica también responde a un menor poder adquisitivo como consecuencia del menor salario medio percibido por el trabajo realizado. De nuevo, las series estadísticas de la EPA revelan que el salario medio anual de los jóvenes se sitúa muy por debajo del salario total de la población asalariada. La disparidad salarial se hace más patente en el año 2012, como efecto precisamente del descenso de los salarios medios de la población joven española. Así, mientras que el salario de todos los ocupados se mantiene estable e incluso aumenta, el del colectivo juvenil desciende, especialmente a partir de 2010, entre otras causas, porque aumenta el trabajo a tiempo parcial entre los jóvenes. Pero de nuevo, su menor nivel de ingresos respecto a la población total no es una realidad reciente; más bien se trata de un hecho estructural que se deriva de la naturaleza del mercado laboral.

La presente aproximación general puede completarse si atendemos a lo sucedido con el desempleo juvenil. Puede que el problema de las elevadas tasas de paro de la población joven española en nuestro país sea endémico y que esté ligado a los problemas de desajuste entre oferta y demanda de mano de obra que la economía española arrastra desde hace décadas, no obstante, la relación entre paro juvenil y el desempleo del conjunto de la población activa ha empeorado desde el año 2008 en adelante. En la figura 2 se aprecia un claro efecto de la crisis en la destrucción del empleo, aunque ésta no ha sido homogénea para todos los grupos edad, siendo especialmente virulenta para las cohortes más jóvenes. La tasa de paro juvenil es mayor a medida que disminuye la edad y viceversa, menores tasas de desempleo cuanto mayor es el joven.

Figura 2. Evolución de la tasa de paro juvenil por grupos de edad, España.

Fuente: Encuesta de Población Activa (medias anuales).
Fuente: Encuesta de Población Activa (medias anuales).

UNA CONDICIÓN ENDÉMICA, LA DE LA JUVENTUD: MAYORES TASAS DE PARO, MAYORES TASAS DE TEMPORALIDAD EN SUS CONTRATOS Y MENORES SALARIOS RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL.

En definitiva, la especificidad laboral del colectivo juvenil en España responde a una doble perspectiva analítica. Por una parte, se analiza una situación estructural de precarización del mercado de trabajo, reconociendo, por otra, la gravedad de una compleja coyuntura como es la provocada por la recesión económica, con especial repercusión negativa en las condiciones laborales de las cohortes más jóvenes de la población. En la actualidad, el colectivo juvenil presenta un conjunto de características diferenciales que les posiciona en desventaja comparativa y les ubica en una condición endémica, la de la juventud: mayores tasas de paro, mayores tasas de temporalidad en sus contratos y menores salarios respecto a la población total. Una mayor vulnerabilidad, especialmente alarmante en los jóvenes menores de 24 años, que se observa desde inicios de la serie estudiada y que no hace sino acrecentarse en respuesta a la crisis económica iniciada en 2008.

Para mayor información: ECHAVES, Antonio y ECHAVES, Carlos. Jóvenes aún más precarios: crisis económica y desigualdad laboral en España. Cuadernos de Investigación en Juventud, 2017, n º 2, p. 1-19.

*Carlos Echaves García es Doctorando en Sociología e Investigador FPI en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC.

**Antonio Echaves García es Doctor en Sociología, Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro de Sociología y Políticas Locales de La UPO.

Del modelo económico basado en el crédito a las ejecuciones hipotecarias. El caso de Menorca

de

El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 concluyó de forma abrupta el denominado “segundo milagro español”. Un modelo fundamentado en la deuda, la revalorización inmobiliaria y la desindustrialización. El estudio de los desahucios y la desposesión de la vivienda es, por un lado, una de las consecuencias de la crisis económica, la explosión de la burbuja inmobiliaria y de la aplicación de las denominadas políticas urbanas postcrisis de fuerte componente neoliberal. Y, por otro, una variable fundamental en los análisis de vulnerabilidad y desigualdad urbana. Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios son una manifestación de los cercamientos de la vivienda articulados mediante la financiarización del entorno construido.

El denominado “modelo español” durante el ciclo 1995-2008 se basó en gran medida en la acumulación a través del entorno construido mediante su continua revalorización. Esto explica que una de las principales consecuencias de la crisis sea la pérdida de vivienda. Desde el comienzo de la crisis, se han registrado más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en España. En las Islas Baleares, entre 2001 y 2014, han tenido lugar 18.718 ejecuciones hipotecarias, de las que 15.447 (el 82,5%) se han producido a partir de 2008, desde que estalló la burbuja inmobiliaria. De estas ejecuciones, 15.745 (el 84,11%) se produjeron en Mallorca, 1.501 (el 8%) en Menorca y 1.472 (el 7,86%) en Ibiza.

El impacto de la crisis en el caso de Menorca ha sido proporcionalmente más elevado que en el resto del archipiélago. El partido judicial de Ciutadella obtiene la tercera tasa de crecimiento más alta de España entre 2002-2007 y desde 2008 hasta 2013 (1.072%), seguida de Fuengirola (1.129%) y Vera (1.140%). En el caso de Menorca, de las 1.501 ejecuciones, 789 han tenido lugar en el partido judicial de Maó y 712 en el de Ciutadella.

Los efectos de la crisis en Menorca y Maó: las ejecuciones hipotecarias

La territorialización de las 946 ejecuciones hipotecarias expresa la diferencia en los impactos territoriales y la contrastada precarización social de la crisis, intensificada durante los últimos años. En 2014 Ciutadella y Maó sumaban el 61,87% de la población menorquina y concentraban el 65,64% de las ejecuciones hipotecarias. Pero es Ciutadella, con 408 ejecuciones, el núcleo que lidera esta clasificación al concentrar casi el 45% de las ejecuciones contabilizadas en toda la isla.

Localización de ejecuciones hipotecarias por núcleo urbano Fuente: elaboración propia
Localización de ejecuciones hipotecarias por núcleo urbano
Fuente: elaboración propia

La localización de las ejecuciones hipotecarias dibuja un mapa que apunta lo siguiente:

  1. Aunque todo el territorio se ha visto afectado por las ejecuciones hipotecarias, en las ciudades se concentran la mayoría, ya que son espacios de mayor diversidad y segregación social.
  2. Ciutadella, el municipio más extenso y con diversas morfologías urbanas, ha conocido el mayor número de ejecuciones.
  3. Los casos de ejecuciones en los territorios costeros, en su mayoría, representan ejecuciones de segundas residencias.

El 49,5% de las ejecuciones se sitúan en zonas de estatus social bajo, el 39% en las zonas de clases medias-altas y tan sólo el 11% en secciones mixtas. Esto significa que las ejecuciones han tenido lugar mayoritariamente en las áreas más precarizadas y que donde hay menos segregación social, como en los núcleos más rurales, se ejecutan menos hipotecas.

En el municipio de Maó, constatamos que el 94,18% de las ejecuciones hipotecarias se han producido en los últimos seis años, hecho que confirma el impacto de la crisis y la desposesión de la vivienda. Los resultados más negativos se obtienen en las zonas clasificadas como lugar de residencia de población de estatus social más bajo (60,40% de las ejecuciones), lo que constata la relación entre espacios más vulnerables y desahucios, especialmente durante el periodo 2008-2013 de crisis. Destaca la concentración en Tanques del Carme y el camí de ses Vinyes. Por último, conviene señalar que los principales ejecutores hipotecarios del partido judicial de Maó son La Caixa y Banco Mare Nostrum (donde se integra Sa Nostra). Por barrios, La Caixa ha ejecutado sobre todo más en el este obrero de la ciudad, y BBVA en el oeste de clases-medias alta.

Ejecuciones hipotecarias por categorías sociales en el partido judicial de Maó Fuente: elaboración propia a partir de datos de los juzgados número 1 y 3 de Maó.
Ejecuciones hipotecarias por categorías sociales en el partido judicial de Maó
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los juzgados número 1 y 3 de Maó.

En conclusión, el ciclo económico en las últimas décadas está basado en la revalorización inmobiliaria y el crédito como medio de mantener al alza los principales indicadores económicos. Agotado el modelo, las consecuencias de su quiebra han sacudido con especial virulencia a aquella población de menor estatus social y más vulnerable, que había apostado por la vía del endeudamiento ante la imposibilidad de avanzar económica y socialmente con empleos mejor remunerados. Las zonas con población más empobrecida/vulnerable y las que más se habían expuesto al crédito, ambas características especialmente presentes en las zonas urbanas, se han revelado como las más castigadas por los procesos de desposesión de vivienda fruto de ejecuciones hipotecarias.

Para mayor información:

VIVES-MIRÓ, S.; RULLAN, O.; GONZÁLEZ PÉREZ, J.M. Consecuencias sociales del modelo económico basado en el crédito, Geografía de las ejecuciones hipotecarias en Menorca. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de enero de 2017, vol. XXI, nº 553. <http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/553>. ISSN: 1138-9788

Apuntes sobre el Sistema Regional de Innovación Vasco y su influencia en la salida de la crisis y transformación de su modelo productivo.

de

Esther Gil Álvarez (*)

La Comunidad Autónoma del País Vasco es una de las regiones en España que más y mejor ha resistido comparativamente la llegada de la crisis iniciada en 2008. En la explicación de este proceso obviamente coexisten un buen cúmulo de factores. Con todo, y junto a la aplicación de diversas políticas y medidas, y a la existencia de determinadas condiciones de partida, parece que el apoyo sostenido y continuado a la Innovación durante más de tres décadas por parte de empresas e instituciones ha sido clave, además de un elemento diferenciador en el conjunto, viendo en la denominada I+D+i (Investigación + Desarrollo Tecnológico + innovación) una potente estrategia de modernización eco­nómica y social con efectos positivos en la recuperación de la crisis.

Y es que, en efecto, desde los años 80 del siglo XX y sobre la base de diferentes planes y etapas, el País Vasco lleva tiempo intentando sentar las bases de su crecimiento en un modelo pro­ductivo que descanse cada vez más en la economía de la innovación y del conocimiento. Para ello ha ejecutado su propia Polí­tica de Ciencia, Tecnología e Innovación, una de cuyas señas de identidad más notorias reside en la generación y consolidación de su Sistema Regional de Innovación que, junto con el de Cataluña, Madrid o Navarra, está considerado entre los mejores del Estado..

Como es sabido, los Sistemas Regionales de Innovación son básicamente estructuras que crean, desarrollan, transfieren y comercializan inno­vaciones con las que mejoran la competitividad del tejido productivo de una región, creando con ello riqueza y bienestar en su sociedad. El del País Vasco tiene ciertas peculiaridades y ha ido ganando en complejidad. En síntesis, se trata de una red integrada por tres grandes subsistemas con diversos grados de relación: a) el científico y universitario (que incluye Universidades y centros de investigación de excelencia; b) el de innovación y desarrollo tecnológico (con Centros Tecnológicos, Sectoriales, etc.); y c) el de apoyo a la innovación (Parques Tecnológicos, Incubadoras de Empresas, etc.).

El texto pretende realizar una primera aproximación al papel que dicha red y sus agentes integrantes ha desempeñado en la modernización y dotación de una mejor y mayor competitividad a las empresas vascas a través del apoyo a la innovación y el conocimiento; así como indagar en la medida de lo posible si verdaderamente ese papel y ese apoyo a la I+D+i realizado, ha tenido un efecto y unos resultados relevantes en su relativa mejor respuesta a la crisis y en la transformación de su modelo productivo.

La revisión de la literatura existente, la información y explotación de los datos contenidos en diversos informes, estadísticas y otras fuentes consultadas han permitido obtener las siguientes ideas o conclusiones:

En primer lugar, y como se ha señalado, diversos estudios sobre el alcance de la crisis en España avalan que, dentro de un período común regresivo que afecta a todas las regiones, existen notables diferencias entre ellas, despuntando el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña como las mejor situadas, y siendo la vasca la menos afectada de todas.

A este respecto, la comparación regional a escala nacional y europea durante el periodo recesivo refleja que el territorio vasco se caracteriza sobre todo por unas determinadas condiciones de base entre las que destacan, en comparación con el promedio nacional, un Producto Interior Bruto por persona (PIB per cápita) más elevado, un empleo más cualificado, un sector industrial muy potente, un menor peso de la construcción y en especial, una mayor capacidad de innovación, lo que explicaría su mejor comportamiento relativo.

Pues, en efecto y como ya se ha avanzado, la Comunidad ha apostado y mantenido el pulso inversor en Innovación y Desarrollo consolidando y expandiendo su Red de Innovación en todo momento. Así lo demuestra el análisis de los llamados “Indicadores de Innovación”, como el nivel de inversión o los recursos humanos dedicados a la misma. En ambos casos revelan un muy buen posicionamiento, presentando un nivel relativo superior a la media española. La inversión en I+D+i no ha dejado de crecer o al menos no ha disminuido durante la crisis, mostrando a las claras la voluntad de transformar su modelo de desarrollo hacia la innovación en términos de excelencia. El gasto en Innovación evidencia el importante papel desempeñado por el sector empresarial. Así, la inten­sidad de la I+D+i en las empresas está considerada la más importante de España, incluso superior a la de países europeos líderes en actividades innovadoras. De ahí que, el análisis del papel y los efectos de la política de apoyo a la innovación sobre las empresas revele datos bastante positivos tanto desde la óptica de su mejor conducta respecto a la crisis (menos despidos, menor tasa de paro relativa, mayor nivel de internacionalización (exportaciones), mejoras en las formas de producir, etc.), como en lo relacionado con la ansiada transformación del modelo económico hacia sectores de mayor contenido tecnológico y valor añadido.

Ahora bien, el análisis de la función de los distintos agentes del sistema de innovación vasco en este proceso pone al descubierto igualmente diferencias importantes entre ellos, destacando las empresas y los Centros Tecnológicos como los elementos más activos del sistema. Por otro lado, y aunque se está en la buena dirección, se han detectado ciertos “fallos” o insuficiencias que distan de su consideración como un “sistema perfecto”. Entre las principales debilidades de éste, se destaca que las interrelaciones entre las empresas y los equipamientos tecnológicos y científicos (Universidades, Centros Tecnológicos, etc.) no han llegado a tener todavía el nivel de densidad que sería deseable para generalizar los comportamientos innovadores al conjunto del tejido productivo, siendo necesario su aumento mediante la toma de las decisiones oportunas al respecto.

(*) Esther Gil Álvarez es profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid

Para mayor información sobre el tema consultar en:

GIL ALVAREZ, Esther. (2016): Aproximación al sistema regional de innovación vasco y su papel en la transformación del modelo productivo. En Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, ISSN 0212-9426, Nº. 71, 2016, págs. 273-300 <http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2283/2175>