por Juan Romero y Andrés Boix

El “giro neoliberal” de las políticas para la ciudad arranca en España desde la segunda mitad de los noventa del siglo XX. Ha sido un modelo al servicio de las elites y en el caso de las ciudades al servicio de promotores inmobiliarios y determinados sectores de negocio. Es en las ciudades, en especial desde 2009, donde se han hecho visibles las consecuencias de ese modelo y los efectos de la recesión y las consecuencias de las políticas de recorte del gasto en servicios públicos fundamentales.

En un momento en el que los gobiernos locales son más necesarios que nunca, dada la profundidad de la crisis social, el gobierno central pretende recortar sus competencias y capacidades y quiere convertirlos en administraciones tuteladas y sin capacidad política. Parecía que el amplio consenso académico y profesional existente acerca de la necesidad de otorgar a los municipios nuevas competencias y capacidades se concretaría, también en España, en una nueva etapa presidida por el impulso a la descentralización, el empoderamiento a los municipios y la incentivación de la cooperación entre gobiernos locales. Sin embargo, el gobierno conservador ha decidido transitar en dirección contraria: recentralización política, limitación de la autonomía municipal y reducción de las capacidades de los municipios para desarrollar políticas públicas. Esta es la primera interpretación que cabe hacer de la intención que subyace en la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Más que una ley pensada para afrontar los nuevos retos del municipalismo del siglo XXI parece inspirarse en viejas concepciones ancladas en el siglo XIX. Una iniciativa que se entiende mal, que no resultará eficaz, que puede dejar vacíos e indefiniciones en la prestación de servicios, que puede afectar de forma negativa a amplios colectivos y que además pretende alejarse de aquello que debiera ser propio de un Estado compuesto con distintos niveles de gobierno.

No obstante, pese a los intentos de bloqueo de la democracia municipal con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los ciudadanos siempre encuentran su propio cauce para expresarse, para innovar, para participar, para implicarse, para solidarizarse, para resistir, para indignarse o para reclamar. También los gobiernos locales sabrán encontrar espacios para proseguir con el extenso despliegue de políticas, sean paliativas o innovadoras, que den respuesta a los problemas concretos de sus conciudadanos. Mientras la ley de Racionalización es derogada o, en su caso, declarada no ajustada al texto constitucional, nosotros sostenemos que, de existir voluntad política, hay amplias posibilidades competenciales, de cooperación o de ejecución vía delegación de competencias para los gobiernos locales. También para la colaboración a escala supramunicipal. En prácticamente todos los grandes ámbitos en los que muchos gobiernos locales han venido desarrollando las llamadas “competencias impropias”, muchas de las cuales con la ley vigente quedarían suprimidas, podrían seguir desarrollándose de existir voluntad política en la escala regional: promoción económica, política territorial, educación, servicios sociales, vivienda, movilidad, prestación de servicios en municipios rurales… De otra parte, el banco de buenas prácticas que ya conocemos y que se desarrolla en centenares de ciudades y municipios españoles es de tal volumen que desborda por completo cualquier intento de limitación de la capacidad de innovación existente.

El modelo de políticas neoliberales para la ciudad ha sido mayoritariamente rechazado por los ciudadanos. Los resultados electorales del pasado 24 de mayo de 2015 han supuesto un enorme cambio en el mapa municipal español. Los ciudadanos hemos optado por gobiernos plurales en la escala local y regional. Hemos decidido situar en el centro de atención conceptos fundamentales como pacto, coordinación, cooperación, gobierno multinivel, transparencia, participación, inclusión y justicia social, ética pública y decencia. En definitiva, otra forma de entender el gobierno y la democracia. Una clara señal de querer dejar atrás patologías institucionales, actitudes prepotentes y episodios reiterados de corrupción política.  Y el mejor antídoto, así lo hemos entendido de forma mayoritaria, es impedir mayorías absolutas.

El cambio ha sido de tal profundidad que en muchas grandes ciudades y en centenares de municipios los ciudadanos han otorgado la responsabilidad de gobernar a nuevas plataformas ciudadanas surgidas de movimientos sociales durante estos últimos años. Este nuevo panorama no sólo afecta a las mayorías, sino que también tiene que ver con las demandas de los ciudadanos y sus exigencias de una nueva representatividad. Frente a la constatación, cada vez sentida por más gente, de que «no nos representan», las elecciones han permitido elegir a personas nuevas más en sintonía con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos. Unas preocupaciones que han de centrar el quehacer de los nuevos ayuntamientos como habrían de haberlo hecho también en el pasado, lo que desgraciadamente no ha sido el caso.

Los resultados electorales abren la posibilidad de poder impulsar otro modelo de ciudad y una verdadera nueva Agenda Local para el cambio desde abajo, un cambio que ha de poner nuestras Administraciones públicas al servicio de los ciudadanos y a nuestros Ayuntamientos a disposición de sus vecinos. Porque los Ayuntamientos han de tener ante todo una prioridad: mejorar a toda costa las condiciones de vida de la gente. Para ello será necesario evaluar en toda su dimensión el creciente proceso de segmentación, precarización y aumento de las desigualdades en nuestras sociedades y analizar sus consecuencias políticas, sociales y culturales. Proponer algún tipo de alternativa para poblaciones mayoritariamente urbanas que expresan un grado de inseguridad, vulnerabilidad, incertidumbre y desconcierto respecto del futuro como nunca en las últimas décadas. Anticiparse y abordar las causas profundas que explican el creciente malestar urbano. Imaginar una nueva generación de políticas públicas adecuadas a un contexto geopolítico, económico, social, cultural y ambiental muy diferente y en gran medida nuevo.

Pero las ciudades serán también motores del cambio y la innovación política. Y en muchos casos, tras un formidable trabajo de desescombro para restaurar la confianza en las instituciones, los gobiernos locales tendrán que dar contenido real a conceptos hoy devaluados, como sostenibilidad, transparencia o buen gobierno, y al propio tiempo impulsar una nueva agenda de innovaciones democráticas y de regeneración donde la integridad institucional, los códigos éticos y de conducta y el control ciudadano sean la norma.

No hay por tanto excusas. Los nuevos gobiernos constituidos navegan ahora con la fuerza del viento a favor. La fuerza que otorga la confianza depositada por millones de ciudadanos que reclaman otras políticas para la ciudad. Todos los estudios recientes evidencian el desarrollo de una nueva cultura política y cívica en las ciudades y municipios, en especial entre los más jóvenes. Sobre esa base, los gobiernos locales pueden ayudar a construir algo nuevo y mejor.

Para mayor información:

ROMERO GONZÁLEZ, Juan y BOIX PALOP, Andrés (Eds.). Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local, Valencia: Publicacions de la Universitat de València, Colección Desarrollo Territorial, nº. 17, València. La publicación es de libre acceso y puede descargarse (en PDF) desde aquí

Juan Romero González es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia

Andrés Boix Palop es profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad de Valencia