Por: Laura Moreno Segura1
El 12 de enero del 2010 Haití fue sacudido por un fuerte temblor de tierra que parecía ser el fin del mundo, al menos, del mundo de los haitianos. A partir de ese momento, aquel inolvidable evento fue conocido en Haití como Goudou Goudou, emulando el sonido que hacía la tierra mientras se movía. Pero el lenguaje siempre vivo ha permitido que está onomatopeya se enriquezca de significados, siendo hoy también entendida como «cuando el tiempo se fractura», aludiendo con ello a que la oscuridad que se produjo bajo los escombros sigue presente en la vida de los haitianos. Así, la tragedia de aquel día no ha dejado de producir ecos en la vida de los habitantes de Puerto Príncipe, ni en sus instituciones, ni en su ciudad.
De las ruinas a los campamentos
El shock y la conmoción que siguieron al terremoto no impidieron que los sobrevivientes rápidamente comenzaran a refugiarse en improvisados campamentos, para protegerse colectivamente de la muerte y de las réplicas del goudou goudou. La cooperación internacional, por su parte, respondió a la emergencia ampliando el número de campamentos de refugiados a través de la entrega de material para la construcción de tiendas de campaña, la entrega de agua y alimentos. Se calcula que en los campamentos llegaron a vivir 1.536.447 personas que se quedaron sin techo (CCCM, 2010, p. 1) Dicha estrategia primó durante el primer año y medio después del terremoto e impulsó la proliferación de campamentos de refugiados sin acceso a servicios básicos, viviendo en condiciones de seguridad física y humana cuestionables, mientras que los escombros, extendidos por doquier, aparecían como los nuevos ocupantes de la ciudad, dejando poco espacio disponible para que el levantamiento de alojamientos pudiese realizarse.
Un estudio de Lawyer’s Earthquake Response Network (2010, p. 8) muestra la inadecuada estructura que poseían las tiendas donadas y cómo se instalaron en territorios densamente poblados. La posesión de un abrigo transitorio no aliviaba significativamente la miseria en la que vivían sus habitantes, quienes debían soportar el calor que se acumulaba en las tiendas que medían sólo 6 pies de altura -siendo el tamaño medio de las familias entre 6 y 12 miembros- la falta de privacidad, las moscas y los hedores producto de la mala gestión de las letrinas y los desechos.
Viviendas transitorias y retorno a los barrios
Las ONGs propusieron soluciones transitorias de vivienda, mediante la entrega de refugios temporales (t-shelters) que se suponía mejorarían las condiciones de vida de sus beneficiarios. Éstos se instalaron sin seguir ninguna política de planificación del territorio, ni gestión del riesgo. Los t-shelters fueron construidos con lona o madera, sin cimientos –para que pudieran removerse fácilmente, suponiendo que serían temporales- y sin instalación de redes de servicios públicos. La mayoría de t-shelters fueron ubicados en los lugares en los que vivían las familias antes del sismo, es decir, justo allí donde el terremoto y la inadecuada construcción habían reducido a escombros todo el entorno construido. A pesar de las limitaciones y los efectos perversos de este programa de ayuda, la mayoría de los fondos de la comunidad internacional se destinaron a la entrega de shelters y viviendas transitorias: en octubre de 2011 se completó la construcción de 96.000 abrigos transitorios, 4.600 viviendas nuevas y sólo se repararon 6.600 cuando el sismo destruyó 250.000”. (Cohen, 2012, p. 6). Esta política post-desastre definitivamente no permitía “reconstruir mejor”, tal como lo había prometido insistentemente el Enviado Especial de las Naciones Unidas en Haití, Bill Clinton, sino que más bien deja una amalgama de construcciones en los barrios que no atienden a ningún parámetro de planificación, exponiendo a sus habitantes a todos los riesgos (deslizamientos, inundaciones, colapso de las estructuras, etc) que derivan en catástrofes.
Mientras tanto, la autoconstrucción y autoreparación de viviendas no se hacían esperar, pues los habitantes de los campamentos, extenuados de vivir en tal precariedad, decidían emprender el camino de vuelta a casa aunque no tuvieran los materiales, ni el dinero, ni los conocimientos técnicos para hacerlo. Si ya habían autoconstruido antes prácticamente la totalidad de la ciudad, por qué no iban a poder hacerlo de nuevo.
La presión de la comunidad internacional que demandaba el cierre definitivo de los campamentos de refugiados también generó respuestas por parte de los principales donantes y el gobierno haitiano. De allí surge el programa de relocalización de habitantes de los campamentos hacia los barrios mediante la entrega de subsidios de alquiler, la ayuda en la reparación de viviendas y el mejoramiento de los barrios. El programa recibió el nombre de 16/6, en tanto que se proponía reubicar a los habitantes de 6 campamentos en 16 barrios. Curiosamente, los barrios elegidos para la reubicación fueron clasificados por diversos estudios como zonas de alto riesgo.
El subsidio de alquiler fue la opción mayoritariamente elegida por los beneficiarios, pero sin la debida ampliación del parque inmobiliario, impulsó la densificación de espacios –en una habitación donde antes del sismo vivían 4 personas ahora viven 6-, el incremento de los precios del alquiler, el aumento de la autoconstrucción en zonas de alto riesgo –utilizando la mitad del dinero para comprar materiales y la otra mitad para el alquiler de un terreno en las zonas altas de las montañas- y la ampliación de la mancha urbana de la capital. La precariedad en la que se han relocalizado muchas de las familias que antes habitaron los campamentos ha inspirado a miembros de los equipos de protección que trabajan en Haití a sugerir que la relocalización, tal como se ha implementado en Puerto Príncipe, puede constituir una forma más sofisticada de desalojo forzado.
Según Amnistía Internacional, de las 37.000 viviendas que se han construido en Haití después del terremoto, menos del 20% son realmente duraderas. Así, el 16/6 ha servido para cerrar campamentos pero no para ofrecer soluciones de vivienda durable y sostenible. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas, señalaba en febrero de 2014 que “la política de subsidios de alquiler es una medida transitoria para descongestionar los campamentos. Para ser sostenible, esta política debe estar vinculada a los medios de vida y actividades de generación de ingresos y beneficiar a toda la comunidad en la que se establecieron los desplazados internos, en particular mediante un mayor acceso a los servicios básicos.» (OHCHR, 2014). A la fecha, noviembre de 2015, los pocos programas que continúan en operación siguen concentrándose en la ayuda humanitaria y no en el desarrollo sostenible.
De este modo, no resulta extraño que en el año 2013, el Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), haya declarado que la ciudad se enfrentaba a mayores riesgos que antes del terremoto. Una conclusión similar ofrece el grupo de investigación “Sismología-riesgo sísmico y procesado de la señal en fenómenos naturales”, quienes en un estudio publicado en septiembre del 2015, afirman que tras cinco años y quince billones de dólares gastados en la reconstrucción, Puerto Príncipe sigue sin estar preparada para hacer frente a fenómenos naturales, pues un nuevo terremoto dejaría 30.000 viviendas inhabitables. Así, las malas prácticas de construcción, la habitación de zonas de alto riesgo, la inexistencia de un una red sísmica en el país, y un proceso de reconstrucción descoordinado y dirigido hacia soluciones temporales dejan, seis años después, una ciudad de formas abigarradas, inestable, frágil, sostenida por el ingenio de sus habitantes y construida por actores con dislocados intereses.
Para mayor información:
MORENO SEGURA, Laura Natalia. “Puerto Príncipe y el Desastre. Siguiendo las huellas de una reconstrucción difusa”. Directores: Tomeu Vidal y João Pedro Costa. Universidad de Barcelona, Doctorado en Espacio Público y Regeneración Urbana, 2015.
1Doctora en Espacio Público y Regeneración Urbana de la Universidad de Barcelona. M.A en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Experta en cooperación internacional, regeneración y reconstrucción urbanas.
