Carles Sanchis Ibor
Marta García Mollá
Los regadíos valencianos han afrontado en las tres últimas décadas un cambio tecnológico sin precedentes. Probablemente desde la época islámica no hemos asistido a ningún proceso de innovación tan significativo por sus implicaciones en las prácticas de riego. En cuanto a su impacto territorial, la difusión de las tecnologías de riego localizado es sólo comparable al que tuvieron, a lo largo del siglo XX, la generalización de las bombas a motor. Este proceso de cambio tecnológico arrancó tímidamente durante la década de 1980 impulsado por la iniciativa privada en los regadíos más dinámicos de la región. Pero el proceso expansivo se aceleró a partir de 1994, merced al compromiso financiero de las administraciones públicas. Estas han hecho posible que más de la mitad de las tierras regadas de la región cuenten hoy día con sistemas de riego presurizado.
El compromiso público no ha contado con un análisis preliminar que permitiera a las administraciones –y también a los usuarios– ser más selectivos en sus inversiones y controlar la eficiencia del esfuerzo financiero en términos de cumplimiento de objetivos. Buena parte del apoyo financiero se prestó sin la existencia de suficientes estudios previos o auditorías que valoraran, para cada caso, los ahorros estimados en consumo de agua y energía, por lo que junto a experiencias muy exitosas podemos encontrar otros casos donde la rentabilidad de la inversión es cuanto menos dudosa. Hoy día no conocemos si existieron criterios técnicos que priorizaron las subvenciones para las inversiones más necesarias y, en cualquier caso, si los hubo, deberían haberse hecho públicos. Este hecho es particularmente relevante cuando, como hemos visto en nuestras investigaciones, han existido importantes diferencias en las subvenciones otorgadas a diferentes entidades de riego, que deberían haber estado ligadas a criterios objetivos de beneficio o ahorro esperado. También hay que lamentar que la administración no fuera más allá de una política clientelar de concesión de ayudas públicas y no tratara de fomentar los procesos de fusión de entidades y racionalización de las redes de riego, que hubiera redundado en mayores niveles de ahorro y en una considerable reducción de los costes de gestión.
Por lo que respecta al ahorro de recursos hídricos, y a escala de comunidades de regantes, existe una cierta unanimidad en los casos de estudio que hemos considerado, y en muchos casos se han alcanzado ahorros en alta importantes, como los registrados en la citricultura de la provincia de Castellón. La orientación productiva de los regadíos valencianos facilita que la implantación del riego localizado no genere los incrementos en el consumo observados en otros ámbitos por un posterior cambio de cultivo. Otra cosa es el destino que con posterioridad tengan los recursos ahorrados y que finalmente se generen ahorros a escala de cuenca, ya que la incorporación del riego localizado también genera una reducción o desaparición de los sobrantes o retornos de riego que frecuentemente alimentan otros sistemas de riego o ecosistemas adyacentes. Por el momento, la única mejora observada es la reducción de las extracciones de aguas subterráneas, que en algunos casos ha redundado en una recuperación de los acuíferos.
El ahorro energético es por el contrario, muy limitado, cuando no se ha generado un incremento de los costes del riego. Por lo general se observa un aumento de los costes energéticos que sólo en algunas entidades abastecidas por aguas subterráneas ha podido ser compensado por las reducciones de las extracciones de agua. Sin embargo, en zonas de aguas superficiales los resultados suelen ser bastante negativos, por lo que parece desaconsejable mantener estas políticas de promoción sobre los regadíos tradicionales, salvo en casos excepcionales en los que, como sucede en la Acequia Real del Júcar (Valencia), la presurización se consigue por gravedad.
Son precisamente los regadíos tradicionales de aguas superficiales donde hoy día se conserva la mayor proporción de tierras con riego por gravedad, y sobre las que la administración planea actuar en los próximos años. Se trata de comunidades en las que muy recientemente se viene observando un proceso de abandono de explotaciones y una falta de relevo generacional, que puede lastrar la amortización de las inversiones. Además existen valores patrimoniales y ambientales en estos sistemas que deben ser preservados. Por ello, en el futuro, más que una política indiscriminada de promoción del cambio tecnológico, se hace necesaria la aplicación de medidas previas de evaluación y análisis de los sistemas de riego, destinadas tanto a determinar las capacidades de ahorro del recurso, como las afecciones sobre el consumo energético, los ecosistemas adyacentes y la viabilidad económica de las inversiones.
Para saber más:
Sanchis-Ibor, C., García-Mollá, M., Avellà-Reus, L. 2016. Las políticas de implantación del riego localizado. Efectos en las entidades de riego de la Comunidad Valenciana, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 72: 9-36.
http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/viewFile/2330/2194
Carles Sanchis Ibor y Marta García Mollá son investigadores del Centro Valenciano de Estudios del Riego de la Universitat Politècnica de València