Maria José Llombart Bosch*

Los primeros pasos para establecer en España un catastro moderno se iniciaron a mediados del siglo XIX a la vez que en la mayoría de los países europeos. Pero, aunque parezca increíble, en los albores de la actual etapa democrática todavía España no tenía un catastro equiparable al de los países desarrollados de nuestro entorno. El problema de fondo para su elaboración ha sido siempre la falta de apoyo político al proyecto de su creación y posterior modernización; la conformación del catastro ha sido impulsada sólo en los cortos períodos de gobiernos liberales y progresistas, mientras que quedaba prácticamente paralizada en las mucho más largas etapas de gobiernos conservadores.

En 1978 el catastro español era extensivo y generalizado pero muy elemental y mínimamente mecanizado. Carecía de una organización institucional eficaz, de armonización y estandarización de sus procedimientos, de una documentación homogénea y de medios humanos y técnicos suficientes, no pudiendo gestionar eficazmente la gran cantidad de información que contenía. Su producto era en lo esencial, unas listas cobratorias simplemente mecanizadas y una cartografía rudimentaria.

Entre 1980 y 1992 el catastro experimentó un profundo cambio que le llevó a convertirse en un catastro moderno. Un primer paso se dio en 1980 con la creación de los Consorcios para la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales, organismos con fuerte carácter descentralizador y un cierto talante empresarial; entonces se inició un proceso de renovación y actualización de toda la información y se subsanaron algunas de las carencias anteriores.

Pero es en 1987 cuando el gobierno socialista hizo una fuerte apuesta política por la renovación del catastro con un proyecto global e integrador y la dotación de medios necesarios. Se trataba de conseguir un conocimiento exacto y veraz de la riqueza inmobiliaria del país y con ello, una tributación más justa y equilibrada y una mayor recaudación municipal.

Sobre el viejo edificio catastral, hubo que construirlo todo. Se puso en marcha la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y se creó el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, organismo centralizado pero con fuerte implantación territorial y con flexibilidad suficiente para relacionarse ágilmente con los municipios. Se le dotó, de manera sostenida en el tiempo, de abundantes medios técnicos, económicos y humanos, se renovaron sus directivos, se multiplicaron sus presupuestos y la plantilla de personal creció sustantivamente. Esto permitió proseguir las revisiones catastrales ya iniciadas y poner en marcha proyectos innovadores que revolucionaron por completo la arcaica y vetusta institución catastral.

En este gran cambio fue decisivo el importante proyecto informático desarrollado que permitió por vez primera disponer de las herramientas precisas para elaborar desde dentro del propio organismo la gestión y el mantenimiento del catastro construyendo así un sistema informatizado nacional. Cuando se inició el proyecto el catastro no disponía de informática propia, y dependía de la del Ministerio de Hacienda y de empresas externas privadas, pasándose en 1989 a un sistema de información catastral propio que exigió aumentar y formar personal especializado, adquirir equipos informáticos y ampliarlos a medida que el proyecto iba creciendo, crear y mejorar aplicaciones, generar bases de datos alfanuméricas y poner en marcha las bases de datos gráficas.

En 1990 del proyecto inicialmente diseñado se pasó a otro mucho más complejo e integrador de creación y desarrollo de un sistema de información de bases de datos catastrales cartográficas y alfanuméricas interrelacionadas entre sí e integradas en un sistema único, el Sistema de Información Geográfica Catastral, SIGCA. Con él España pasó a disponer de un sistema de información territorial de los bienes inmuebles que perdura hoy mejorado, renovado y ampliado.

En 1993 se creó la base de datos catastral con carácter nacional, que vino a subsanar el problema de dispersión de sus bases de datos distribuidas hasta entonces en los 65 centros regionales del catastro, lo que provocaba una continua división de su información y una dificultad a la hora de obtener resultados agregados. A ello se unió la finalización del plan de informatización de la cartografía catastral permitiendo así conseguir al fin un catastro como sistema de información integrado para el soporte de la administración del territorio a disposición de las administraciones y de los ciudadanos.

El cambio definitivo a un catastro moderno se produjo sin duda en España entre 1987 y 1992 y fue la consecuencia de una decisión política en el marco de un proceso general de modernización del país. Desde entonces a nuestros días se han continuado los avances mejorando y ampliando las capacidades de conexión y comunicación con terceros, dando acceso general a gran parte de la información catastral. Esta es hoy una de las bases de datos nacionales de más indudable utilidad y por ello una de las más consultadas por los técnicos relacionados con el sector inmobiliario y patrimonial y por los ciudadanos.

mailto:http://www.sedecatastro.gob.es/

Para mayor información: en LLOMBART BOSCH, María José. La modernización del Catastro en España y su proceso de informatización, 1980-1992. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 25 de enero de 2017, Vol. XXII, nº 1.188.

<http://www.ub.es/geocrit/b3w-1188.pdf>. [ISSN 1138-9796].

TITULARES A RESALTAR EN EL ARTÍCULO

*España finalizó su catastro un siglo después que el resto de los países europeos de su entorno

*Entre 1987 y 1992 se produjo en España una profunda informatización del catastro con la creación de un SIG catastral, para lo que se precisó de un fuerte apoyo económico y político

*Hoy en día es sin lugar a duda una de las bases de datos más consultadas por los ciudadanos

*Mª José Llombart Bosch es economista y funcionaria perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y fue Directora General del Catastro del Ministerio de Hacienda entre 1989 1996

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