por Rafael Alcaide González
El complejo mundo de la prostitución aglutina, desde la perspectiva de quienes la ejercen, múltiples situaciones personales que exceden todos los tópicos sociales que existen al respecto. Una mujer, puede ejercer la prostitución por multitud de causas, relacionadas con su situación personal,que oscilan entre la asunción de la prostitución como modo de ganarse la vida, y la explotación sexual llevada a cabo por terceros, sea en un prostíbulo reglamentado, o en pisos clandestinos, carreteras y locales de baja estofa mediante la extorsión de proxenetas o redes mafiosas dedicadas a la trata de blancas.
Hay que añadir las consecuencias como la falta de garantías sanitarias que comporta el ejercicio de la prostitución, especialmente la clandestina, para todos sus actores y sus tremendas repercusiones en todos los órdenes de la vida de las personas efectadas.
La prostituta no es siempre una víctima de sus circunstancias personales. Es necesario insistir en la polifacética realidad de la prostitución, para no caer en la tentación de los tópicos al uso, que en demasiadas ocasiones incluyen a todas las meretrices bajo el palio del discurso victimista. Esta afirmación no niega que existan víctimas. Las hay, muchísimas, desgraciadamente, reclutadas mediante chantaje y extorsión por las redes mafiosas de trata de blancas. También son víctimas las mujeres que ejercen la prostitución como consecuencia de la crisis económica que nos viene afectando desde hace años. Estas mujeres nunca pensaron que se verían abocadas a este comercio sexual, y han tenido que afrontar esta difícil decisión personal, independientemente de los diversos matices que es necesario tener en cuenta, porque no existe una generalización válida para todos los casos.
Pero, además de éstas, existen otras meretrices cuya catalogación dista mucho de ser la de víctima. Son aquellas que han elegido libremente montar un negocio con el comercio de su cuerpo, logrando, con la cotización de sus servicios, mantener un status social y personal ciertamente elevado. Tienen un nivel de vida y de contactos sociales muy alejados del día a día de las otras meretrices, las explotadas por la necesidad o por los proxenetas de turno. Diferencias que se agrandan e inciden en los aspectos relativos al rechazo social y sus consecuencias.
El interés por la reglamentación, abolición o persecución de la prostitución es cíclico. Actualmente, tras la regularización por parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya, pionera en España, de las medidas de higiene y horarios en los lugares donde se ejerce la prostitución, existe un debate sobre los aspectos laborales tales como la inscripción en un régimen especial de la Seguridad Social, o como autónomas, para gozar de los beneficios de la sanidad gratuita y la jubilación y, de paso, aportar al fisco la parte correspondiente a los más de 3.500 millones de euros anuales estimados, que el negocio de la prostitución mueve en España.
Dejando aparte los aspectos económicos del problema, la persecución de la prostitución mediante medidas como amedrentar a los clientes, desalojar a las prostitutas de los espacios públicos, o las redadas puntuales, no parece ser la mejor solución a un problema que suscita tanta controversia como rechazo social. Nadie quiere tener cerca un prostíbulo, pero si en Barcelona se crease un barrio rojo regulado en todos sus aspectos, y éste se convirtiese en otro atractivo turístico y motor económico de la ciudad, ¿qué opinarían los comerciantes y vecinos de dicho barrio? Quizá por esta doble moral implícita en todos los planteamientos sobre la prostitución, lo más sensato sería empezar por reglamentar el comercio sexual, dotándolo de todas las garantías laborales y legales necesarias para que su desempeño contribuyese a procurar paulatinamente la erradicación de aspectos tales como la explotación forzada e incontrolada de mujeres por parte de las mafias de proxenetas, la prostitución clandestina o las enfermedades de transmisión sexual. Y en la elaboración de dicha reglamentación deberían participar, imprescindiblemente, todas las partes afectadas.
Esta propuesta de reglamentación, no es nueva en la historia de la prostitución en España. Al contrario, ya que entre 1845 y 1931 se promulgaron 202 reglamentaciones en todo el territorio español. Sin embargo, una reglamentación propia del siglo XXI debería incorporar aspectos de caracter administrativo tales como la atención sociosanitaria integral a la prostituta, el regimen especial de cotización a la Seguridad Social, la asesoría laboral y jurídica, la atención al menor, las discapacidades, las minusvalias, la jubilación y vejez, etc., Por tanto, debería comportar para las prostitutas, los mismos derechos y deberes que para un ciudadano cualquiera de este país, eliminando así, para siempre, los tremendos abusos cometidos contra las meretrices en la mayoría de las reglamentaciones sobre la higiene especial de la prostitución que vieron la luz durante los siglos XIX y XX.
Para mayor información:
ALCAIDE GONZÁLEZ, R. Edición y estudio introductorio de la obra de SEREÑANA Y PARTAGAS, Prudencio. La prostitución en la ciudad de Barcelona estudiada como enfermedad social y considerada como origen de otras enfermedades dinámicas, orgánicas y morales de la población barcelonesa. Barcelona: Imprenta de los Sucesores de Ramírez y Cía, 1882. Colección Geo-Crítica. Textos electrónicos. nº 2. Diciembre de 2000. Universidad de Barcelona.
ALCAIDE GONZÁLEZ, R. Inmigración y marginación: prostitución y mendicidad en la ciudad de Barcelona a finales del siglo XIX. Una comparación con la actualidad. Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 94 (103), agosto de 2001. Universidad de Barcelona.
Rafael Alcaide González es Doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona.