Álvaro Francisco Morote Seguido*

El litoral mediterráneo español ha sufrido importantes transformaciones territoriales durante las últimas décadas debido a la fuerte expansión de las funciones residenciales, turísticas y de servicios. El Plan Hidrológico Nacional (2001) y, en mayor medida, el Programa A.G.U.A. (2004) apostaron por la desalinización de agua marina a gran escala para garantizar demandas urbanas, turísticas e incluso agrícolas. Sin embargo, la paralización de los planes urbanísticos provocada por la crisis financiera (2007-08), unida a la tendencia de reducción del consumo de agua potable desde mediados de la década del 2000, evidencian una capacidad de producción de agua desalinizada muy superior a las demandas actuales.

Ello ha repercutido en un exceso de oferta de agua desalinizada, plantas sobredimensionadas y con capacidades de producción muy superiores a las que se precisarían incluso para hacer frente a situaciones de intensa sequía. Es interesante revisar la situación actual de la desalinización de agua marina y salobre continental en las regiones de Murcia y Valencia, hacer un balance de sus ventajas e inconvenientes, y plantear una discusión en torno al papel que puede desempeñar el agua desalinizada como recurso estratégico y de futuro para garantizar demandas urbano-turísticas y agrícolas, principalmente durante situaciones de sequía.

El sector de negocio que se generó hace una década no ha cumplido las expectativas iniciales y, lejos de ello, la paralización de la actividad inmobiliaria y la escasa demanda de agua desalinizada, por su elevado coste, han abocado a la ruina financiera a la mayoría de las grandes plantas desalinizadoras construidas. La ejecución del Programa A.G.U.A. no ha sido ajena a la polémica e incluso a las sospechas de corrupción en la concesión de los proyectos de obra.

Fuente: Morote et al. (2017).

El Gobierno del Estado en manos del Partido Popular desarrolló durante la legislatura 2011-2015 una política del agua de bajo perfil, y sin alusión alguna a la recuperación de los trasvases previstos en el Plan Hidrológico Nacional (2001). Más allá incluso, ha asumido por completo la herencia de los dos Gobiernos anteriores del Partido Socialista (2004-2011) en materia hídrica, al finalizar y poner en funcionamiento todas las desalinizadoras del Programa A.G.U.A. Por otro lado, en 2014, y sin apenas modificaciones, el actual Gobierno aprobó los planes hidrológicos (2009-2015) de las demarcaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Tajo que el anterior Gobierno no finalizó dentro de los plazos establecidos en la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE.

Estos nuevos planes, que ya han sido revisados para adaptarse al ciclo de planificación 2015-2021, incluyen normas de enorme repercusión en las regiones de Valencia y Murcia que reducen el funcionamiento de los Trasvases Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura, cuyas menores transferencias ya están siendo suplidas con agua desalinizada. De hecho, el año 2016 empezó con el cierre temporal del Trasvase del Tajo-Segura lo que hace prever que las aportaciones de estas transferencias puedan ser suplidas íntegramente por agua desalinizada.

Cabe hacer notar que la opción de subvencionar el agua desalinizada suscita un amplio respaldo político. No obstante, la opción de lograr un “precio social” para el agua desalinizada, tiene difícil encaje en el principio de recuperación de costes que propugna la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE. También se ha barajado la posibilidad de subvencionar la electricidad que consumen las desalinizadoras o bien, recurrir a la generación de energía solar fotovoltaica, que podría reducir el coste de producción en un 40%. Otra de las opciones que también se ha planteado en algunos foros, por parte de altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, consistiría en la integración de las desalinizadoras en un sistema global de gestión hídrica.

La desalinización formaría parte de un “mix hídrico” constituido por recursos superficiales, subterráneos y aguas residuales regeneradas, que se consumiría y asignaría a los diferentes usos atendiendo a criterios de disponibilidad, calidad, coste y garantía de suministro. El coste de la desalinización se repercutiría sobre el conjunto de dicho “mix hídrico”, lo que podría elevar las tarifas de un 10 a un 20%, pero el agua desalinizada constituiría el factor de garantía de suministro de todo el sistema.

En las regiones de Murcia y Valencia la desalinización ha elevado de forma muy notable la garantía de suministro en los abastecimientos de agua potable, sobre todo en las áreas de uso más cercanas a la costa, donde la implantación de nuevos desarrollos urbanos precisará recursos de agua adicionales y una diversificación de las fuentes de suministro como estrategia básica de gestión de sequías. La utilización de la desalinización ha significado en gran medida el fin de la escasez “física” de recursos en el litoral mediterráneo. Su uso permitiría generar recursos en abundancia.

Sin embargo, diversos autores han empezado a referirse a un nuevo concepto, el de “escasez socio-económica”, que vendría definido por la dificultad de acceder a esos nuevos recursos por parte de los usuarios. La desalinización podría convertirse en una estrategia de “mala adaptación” para hacer frente a los efectos del Cambio Climático.

Resulta oportuno cuestionar la idea de que la desalinización a gran escala constituye una solución tecnológica definitiva para resolver los problemas de escasez de agua del siglo XXI en las regiones del litoral mediterráneo español, no al menos hasta que se incremente la eficiencia energética y se reduzcan los altos costes de producción.

Para mayor información:

Morote Seguido, Álvaro Francisco, Rico Amorós, Antonio Manuel y Moltó Mantero, Enrique. La producción de agua desalinizada en las regiones de Murcia y Valencia: Balance de un recurso alternativo con luces y sombras”. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 2017, vol. 63/2, p. 473-502. http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.353.

*Álvaro Francisco Morote Seguido, Doctor en Dirección y Planificación del Turismo e investigador en el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante (España).