Horacio Capel*
El sábado 10 de junio se celebró una manifestación en Barcelona, que reunió a miles de personas, y que recorrió varios barrios centrales de la ciudad. El lema general de la manifestación era “Barcelona no está en venta”, como un objetivo a conseguir. La manifestación había sido convocada por diversas entidades ciudadanas, entre ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, cuya presidenta Ana Menéndez leyó el manifiesto.
El problema es que la ciudad se ha convertido seguramente en el negocio más beneficioso para el capital, que en estos momentos ve riesgos en otras inversiones habituales en el pasado, como la industria y los servicios. La actividad inmobiliaria atrae al capital financiero, que encuentran en ella enormes beneficios.
A esto se une que la ciudad de Barcelona se ha puesto de moda en Europa y en otros continentes; por ello están dirigiendo sus inversiones hacia esta ciudad. Grandes grupos inversores compran pisos y edificios enteros, y expulsan a los inquilinos. Empezó en los barrios más turísticos de la ciudad, pero el proceso se ha extendido hoy a toda la ciudad.
En las pancartas y hojas que se repartían en la manifestación se informaba de que en Barcelona “este año se prevé que finalicen más de 44.000 contratos de alquiler”. De ellos se sospecha que una gran parte serán desahucios invisibles, por no renovación o por subida inaceptable para los que viven.
Los jóvenes son especialmente afectados. No pueden vivir en la ciudad, y han de irse a pueblos de la periferia, donde encuentran alquileres más baratos.
En los documentos elaborados para la manifestación se lee que “la especulación golpea, ataca y nos ahoga cada día más. Bancos, inmobiliarias y fondos de inversión hacen de nuestra necesidad de vivienda un negocio redondo, para obtener beneficios millonarios mientras nosotros nos vemos cada vez más ahogados por alquileres e hipotecas inasumibles. No solo esto, sino que esta presión nos está obligando a marchar de nuestros barrios, destruyendo las redes de relaciones y emociones necesarias en nuestras vidas”.
Efectivamente grandes grupos inmobiliarios extranjeros o españoles, como Lychenheim Group, M K Premium y otros están comprando pisos en Barcelona, y los ponen a la venta o en alquiler a precios más elevados. También se denuncian conductas agresivas para conseguir que los vecinos se marchen de sus pisos, y las dificultades o la imposibilidad de negociar con los nuevos propietarios. Al acabar los contratos, no se les renuevan, o piden alquileres mucho más altos; por ejemplo, de 450 pueden pasar a 650 o 700 euros, de 600 a más de 1.000. Hay tácticas de acoso para la expulsión de los inquilinos que viven en esos pisos.
La palabra gentrificación se ha popularizado mucho en Barcelona, y aparece en las publicaciones y documentos ciudadanos. Los aumentos abusivos que se producen de los precios de las viviendas provoca que los habitantes tradicionales de muchos barrios se vean obligados a abandonar éstos, dejando su lugar a otros ocupantes que pueden pagar los nuevos precios. Supone, sobre todo, el desplazamiento de las clases populares.
Respecto a la actitud ante todo ello, las entidades convocantes de la manifestacón han afirmado que “ante la mafia especuladora, los barrios y los vecinos tenemos nuestras propias armas para hacerle frente. La organización popular lleva años siendo la única vía práctica de resistencia”; y se citan las asambleas de grupos de resistencia, de ayuda mutua y de lucha por una vivienda accesible para todos, entre ellos la Coordinadora de Asambleas de Vivienda de Barcelona. Al mismo tiempo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) realiza diversas propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, para terminar con éstos y con los cortes de luz y agua cuando no se pueden pagar los recibos; luchando por un alquiler digno y asequible, por al aumento del parque público de alquilar, y por el derecho a la vivienda.
Los ayuntamientos pueden hacer algo; como el de Barcelona está intentado hacer. Por ejemplo, recientemente ha establecido que todos los propietarios que reciban ayuda pública para rehabilitación de sus pisos o edificios están obligados a mantener los alquileres en el mismo precio y a no cambiar a los vecinos durante dos años.
Pero la clave es la legislación general. Con la actual Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, en la revisión vigente desde abril de 2015, los contratos mayoritariamente tienen una duración de tres años. Es de esperar que las acciones ciudadanas alerten a los partidos políticos de la necesidad de encontrar vías de solución al problema de la vivienda.
Para mayor información:
Federació de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Favb
Asamblea del Raval
PAH
https://pahbarcelona.org/tag/bcn-no-esta-en-venda/
*Horacio Capel es profesor emérito de la Universidad de Barcelona